El presidente de la República, Iván Duque, se pronunció sobre la polémica propuesta en la que están trabajando desde el Pacto Histórico de: “Diseñar estrategias para obtener la libertad de las personas detenidas en el marco de la protesta social”; la cual estaría lista en los primeros 100 días del gobierno del presidente electo, Gustavo Petro.
“Incendiar el transporte público, dañar infraestructura, quemar palacios de justicia, quemar centros de atención de la Fiscalía, quemar establecimientos de comercio, destruirlos, vandalizarlos, son delitos. Entonces ellos fueron capturados en ejercicio de las facultades que tiene la justicia de nuestro país, la Fiscalía de nuestro país. Obviamente, para que se materialice esa judicialización, han pasado también por jueces de control de garantías, que han encontrado una evidencia contundente. Porque no le podemos decir a la sociedad que el que destruye o vandaliza, lo premiamos, porque que mensaje le damos a nuestros hijos y al resto de la sociedad. El que comete un delito tiene que pagarlo”, dijo Duque.
Por su parte, el ministro del Interior, Daniel Palacios, respondió a la iniciativa del Pacto Histórico que busca liberar a capturados de Primera Línea y aseguró que las personas que fueron capturadas durante las protestas del Paro Nacional, pasaron por un debido proceso frente a las instancias judiciales que determinaron una responsabilidad para privarlos de la libertad.
“Los delincuentes son delincuentes, nadie está preso en este momento que no haya sido un delincuente al que la Fiscalía General de la Nación le haya hecho un debido proceso para determinar que es responsable de un delito”, indicó el ministro del Interior.
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Qué busca el Pacto Histórico con los capturados de Primera Línea
Esta declaración fue hecha luego de que la bancada del Pacto Histórico en el Congreso anunciara la creación de una comisión accidental para buscar las salidas jurídicas y políticas para que los jóvenes salgan de las cárceles o se les levante la medida de detención domiciliaria, según el caso.
El ministro aseguró que la liberación de estos jóvenes deberá estar en manos de los jueces, quienes determinan si son o no responsables de delitos, y no es en el Congreso de la República el lugar donde se debe buscar el perdón.
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Finalmente, Daniel Palacios fue enfático al señalar que si alguien es culpable deberá pagar las condenas establecidas por la legislación colombiana.
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