Denuncian presuntas irregularidades en la Universidad Externado

Juan Carlos Henao fue elegido rector de la Universidad Externado de Colombia el 2 de mayo de 2012, luego de cumplir su periodo como magistrado de la Corte Constitucional, a donde llegó a tener la más alta dignidad como presidente del alto tribunal. Hace poco Henao tuvo una polémica pública con el exfiscal Eduardo Montealegre, también externadista, quien interpuso una tutela con el objeto de que se reformara el Consejo Directivo por considerarlo poco democrático y por la presencia durante dos décadas de varios de los miembros encargados de tomar todas las decisiones de la universidad. En su momento, la tutela no fue más allá de causar revuelo en los medios. Henao fue reelegido de urgencia el pasado 11 de abril en una sesión del consejo en la que no estuvo presente ningún otro candidato. Le esperan tres años al frente de la universidad, considerada la más liberal del país. Juan Simón Vásquez, estudiante de Derecho de la universidad y quien ya culminó todas sus materias, fue elegido como representante de los estudiantes en el año 2016, luego de un proceso de voto directo y secreto en la institución, lo que lo hizo acreedor de una silla con voz y voto en el Consejo Directivo. Vea también: Reeligen a Juan Carlos Henao como rector de Universidad Externado Con su derecho adquirido, Vásquez empezó a solicitar actas de las reuniones del consejo que le fueron negadas. La información requerida tenía que ver, por ejemplo, con el listado de bienes y activos de la universidad, los egresos e ingresos, gastos de nómina, contratación paralela y otros temas de acuerdo con sus funciones como representante estudiantil. Y, aunque empezó a solicitar formalmente la información, el consejo no se la entregó. Vásquez tuvo que radicar derechos de petición para poder acceder a la información de los movimientos de la universidad, pero hubo un hecho que le preocupó: el 16 de febrero de 2017 el consejo sesionó para discutir las propuestas que tenían de varias firmas de revisoría fiscal, una de ellas era K.P.M.G., una empresa global de auditoría, junto a Deloitte y otra firma internacional. De todas las ofertas la más económica resultó siendo K.P.M.G, por lo que el consejo, por unanimidad, no dudó en escogerla. El Externado es una Fundación que tiene un 26,48% de acciones ordinarias en un grupo empresarial. Pero, aunque el rector de la universidad tiene participación en la Junta Directiva del grupo empresarial, según Vásquez, nunca le contó al consejo de la institución que esa empresa había hecho ese mismo trabajo en varias otras compañías del grupo. “El rector Henao propuso varios nombres. KPMG era sustancialmente más económica que las demás y el consejo la escogió. Pero tiempo después me di cuenta de que, un grupo económico en el que la universidad tiene inversiones también había contratado a la misma empresa de auditoría. Él había apoyado la designación de esa empresa como revisor fiscal de todas las compañías del grupo, lo que le representa a KPMG una suma de alrededor de $10.000 millones. El conflicto de intereses se da en que, si ellos llegan a advertir una situación en la universidad, a prevenir, denunciar, acusar alguna irregularidad, se puede ver perjudicada su relación en el grupo empresarial”, argumentó. Blu Radio consultó con el profesor y columnista Ramiro Bejarano, externadista, quien dicta clases en esa universidad, sobre las presuntas irregularidades en el consejo desde hace varios años. “El problema es que el Consejo Directivo debería actuar solamente durante el periodo de dos años, y este último ya lleva 22 y 23 años y eso genera una situación que está por fuera de los estatutos y hay unas voces al interior de la universidad que están pidiendo canales de democratización en la universidad. Lo que se busca es que la Universidad abra espacios y haya un Consejo Directivo renovado”, dijo. Los estatutos de la universidad que están autorizados, según la resolución 14076 del 21 de julio de 2017, señalan que “la Fundación Universidad Externado tendrá un Consejo Directivo, conformado por el rector, quien lo preside, (6) profesores con no menos de quince años de antigüedad en ella como tales, elegidos por el Consejo de profesores de la Universidad (…) El periodo de los miembros profesores y estudiantes es de dos años, vencido el cual sin nueva elección inmediata, continuará en su cargo (…)”, dice el documento. Sin embargo, aunque las elecciones de los estudiantes sí se hacen cada dos años, las de los profesores no, y los últimos fueron elegidos en la década de 1990. Vea también: "Después de dos años, exfiscal Eduardo Montealegre rompió el silencio Bejarano agregó que “la universidad debe explicar los cuestionamientos y ser transparente con las críticas. Por ejemplo, hay que saber si la universidad compró unos bienes con cargo a una tarjeta de crédito, si hay cierto personal que está en la nómina que no presta sus servicios a la Universidad sino a ciertas personas”, añadió Por otro lado, el estudiante Vásquez no se conformó con que el Consejo Directivo no le entregara las actas de las sesiones y empezó a enviar una serie de derechos de petición que tampoco fueron respondidos. Ante la ausencia de respuesta, el estudiante decidió interponer una tutela ante el juzgado 19 municipal de Bogotá el 24 de mayo. El juez Ronald Isaac Castro respondió el 7 de junio de 2018 ordenándole a la universidad la entrega inmediata de la información que había solicitado. Junto a esos documentos también solicitó saber cuál era el salario del representante legal, es decir Henao, y el de la secretaria general, Martha Hinestrosa, hija del exrector fundador Fernando Hinestrosa, predecesor del actual rector. El juez consideró que la información no era privada sino semiprivada y que al ser Vásquez miembro del Consejo Directivo, tenía derecho a acceder a la información. Sin embargo, el rector Henao contestó al fallo argumentando que el consejo no debía entregar la información, pero días después el juzgado séptimo civil del circuito resolvió la impugnación en segunda instancia y le dio la razón una vez más al estudiante. “No se observa cuál fue el sustento para negar las copias a un propio miembro del consejo referente a las actas del mismo, cuando es evidente que detenta un interés en las constancias y decisiones adoptadas”, dice el documento. Luego de la decisión, el consejo no tuvo más remedio que darle copia del acta al representante, pero no entregó la información sobre los salarios del rector y la secretaria. Vásquez solicitó la copia de muchas otras actas de las reuniones del consejo que hasta ahora no han sido entregadas. Blu Radio buscó al rector de la universidad, Juan Carlos Henao, sobre estos hechos, y dijo que no tenía ningún comentario al respecto de la publicación.