Hoy se cumplen diez años de una de las votaciones que cambió el rumbo político del país. El 2 de octubre de 2016, 13 millones de colombianos acudieron a las urnas para decidir si aprobaban el acuerdo de paz negociado durante cuatro años entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc. El No ganó con 6.431.376 votos, frente a 6.377.482 del Sí: una diferencia de 53.894 sufragios.
El resultado obligó a modificar el acuerdo que había sido negociado en La Habana. El Gobierno abrió conversaciones con los sectores que promovieron el No y, el 24 de noviembre de ese año, Santos y las Farc firmaron en el Teatro Colón de Bogotá una nueva versión del acuerdo, que posteriormente fue refrendada por el Congreso.
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Desde entonces comenzó una nueva etapa, con la entrega de las armas, la reincorporación de los excombatientes y la puesta en marcha de compromisos sobre tierras, desarrollo rural, participación política y reparación de las víctimas.
Pero la salida de las Farc de las armas no significó el fin de la violencia en todas las zonas donde había operado la guerrilla. Desde 2016 comenzaron a aparecer disidencias, primero con el Frente Primero comandado por alias 'Iván Mordisco', que se apartó del proceso antes de la firma del acuerdo. Con el tiempo surgieron nuevas estructuras y alianzas, entre ellas el Estado Mayor Central y los Comandos de la Frontera en Putumayo, mientras otros antiguos mandos retomaron las armas. El resultado fue una nueva configuración del conflicto, con grupos que disputan territorios y rentas ilegales como el narcotráfico, la minería y la extorsión.
El acuerdo también creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, integrado, entre otras instituciones, por la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Uno de los principales debates diez años después del plebiscito está en la Jurisdicción Especial para la Paz, la justicia creada por el acuerdo para investigar y juzgar los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado y establecer responsabilidades.
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La discusión actual tiene tres frentes y pasa por los resultados que ha entregado, el dinero que necesita para continuar y el tiempo que debe seguir funcionando. En estos diez años, el acuerdo cambió la política, permitió la desmovilización de las Farc y abrió una etapa de implementación que todavía tiene asuntos pendientes en tierras, desarrollo rural, participación política y reparación de las víctimas.
En algunos de los procesos más importantes, las primeras sanciones ya fueron impuestas, pero su ejecución apenas comienza. En julio de este año, el Ministerio de Justicia informó que había 19 comparecientes con sanciones propias y que se habían asegurado recursos para poner en marcha los primeros proyectos restaurativos.
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Ese ritmo es precisamente uno de los argumentos de quienes cuestionan la continuidad de la jurisdicción. Señalan que, diez años después de la firma del acuerdo, todavía hay investigaciones abiertas, procesos en juicio y decisiones pendientes sobre responsables de graves violaciones cometidas durante el conflicto.
La JEP, por su parte, sostiene que se trata de investigaciones complejas, que requieren establecer responsabilidades individuales, contrastar miles de testimonios y documentos y garantizar los derechos tanto de las víctimas como de los comparecientes.
En Bogotá, durante el evento América Latina Lidera, en la Universidad del Rosario, el expresidente Juan Manuel Santos pidió a la JEP acelerar sus procesos y cumplir el mandato para el que fue creada. Santos reconoció los cuestionamientos por la demora y sostuvo inicialmente que la jurisdicción debía terminar su cometido en 2028, incluso antes si era posible.
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Sin embargo, Santos hizo una precisión sobre el alcance de su posición y señaló que garantizar el funcionamiento de la JEP durante los 15 años previstos, hasta 2033, es fundamental para cumplir plenamente con los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
En el Congreso, el senador y director de Salvación Nacional, Enrique Gómez, impulsa precisamente el cierre de la JEP en marzo de 2028. Presentó un proyecto de acto legislativo para establecer que ese plazo no pueda ampliarse y que los procesos que queden pendientes pasen a la justicia ordinaria, es decir, a los jueces y tribunales que atienden normalmente los procesos penales en Colombia.
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El debate sobre el financiamiento de la JEP llegó al presupuesto nacional. El Congreso discute cuánto dinero tendrá la JEP en 2027 y sobre la mesa está una reducción de unos 170.000 millones de pesos frente a los recursos solicitados por el tribunal.
De ese monto, 100.000 millones serían trasladados a la justicia ordinaria y otros 70.000 millones tendrían otro destino dentro del presupuesto. La propuesta ha sido presentada como parte de una discusión más amplia sobre el uso de los recursos públicos y las prioridades de la justicia.
El presidente Abelardo de la Espriella respalda el traslado de 100.000 millones de pesos a la justicia ordinaria y sostiene que los recursos deben concentrarse en las necesidades más urgentes de la rama judicial. El Gobierno presenta el ajuste como una decisión de responsabilidad fiscal y ha cuestionado el costo que ha tenido la JEP desde su creación.
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La JEP y sectores que defienden la justicia transicional sostienen una posición diferente. Advierten que una reducción importante de recursos podría afectar la investigación de los casos, la práctica de pruebas, la protección de víctimas y testigos y el avance de los procesos que están llegando a una etapa de decisiones judiciales.
La propia jurisdicción sostiene que está trabajando para cerrar sus investigaciones, pero que todavía debe avanzar en juicios, definir la situación jurídica de comparecientes y ejecutar las sanciones que ya han sido impuestas.