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La polémica por el proyecto de decreto que busca reducir de 10 % a 0 % los aranceles a la importación de hilados tiene en alerta a los productores de algodón y ha generado una visible fractura dentro del Gobierno Nacional.
Mientras los ministerios de Comercio, Industria y Turismo y de Hacienda impulsan la medida argumentando que busca abaratar costos para la industria textil, el Ministerio de Agricultura se apartó de la propuesta y presentó objeciones y observaciones técnicas, advirtiendo sobre los impactos negativos en la producción nacional de fibra.
El pronunciamiento del Ministerio de Agricultura señala que, si bien respalda la agenda de productividad y reindustrialización del Gobierno, las decisiones deben ser equilibradas, basadas en evidencia y en el respeto a los procedimientos establecidos. Además, recordó que la cadena del algodón es estratégica para el país por su aporte al empleo rural, la sostenibilidad del suelo y la generación de valor agregado en los sectores textil y de confecciones.
Por su parte, la Confederación Colombiana del Algodón (Conalgodón) calificó el decreto como una amenaza directa a la supervivencia del cultivo. “La eliminación de aranceles implicaría la desaparición del mercado interno de la fibra de algodón, estimado en 20 mil toneladas, y una pérdida de la cuarta parte de los ingresos de los agricultores”, advirtió César Pardo, presidente de la agremiación.
El jueves, Conalgodón ya había advertido sobre la creciente incertidumbre del sector ante la posible desaparición del mercado interno del algodón. El gremio también rechaza el proyecto porque, según recordaron, el presidente Petro prometió desde su campaña apoyarlos y respaldarlos, pero no ha cumplido.
El gremio aseguró que esta decisión frenaría la siembra en departamentos como Córdoba, Sucre, Tolima, Huila, Meta y Casanare, y pondría en riesgo el empleo en las tres hilanderías que aún operan en el país. También alertó sobre una mayor dependencia de las importaciones y el uso de fibras sintéticas, en contravía de las políticas ambientales del Gobierno.
Conalgodón, junto a la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), continuará gestionando ante el Ejecutivo la suspensión del decreto, que consideran contrario a la política de reindustrialización y al fortalecimiento de la producción nacional.
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