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Tras cuatro horas de reunión y de opiniones divididas, concluyó la mesa de Concertación Extraordinaria convocada para analizar la modificación del salario mínimo en Colombia, dejando al país a la expectativa de la expedición de un nuevo decreto y evidenciando profundas diferencias entre el Gobierno Nacional, las centrales obreras y los gremios empresariales.
Por ahora, el incremento del 23,7 % se mantiene vigente mientras avanzan los días clave para cumplir con el Auto del Consejo de Estado. Las centrales obreras respaldaron firmemente la permanencia del aumento, calificándolo como un “derecho adquirido, legal y constitucional”. Además, insistieron en que el nuevo decreto debe expedirse en las mismas condiciones en que fue promulgado el Decreto 1469 del pasado diciembre, es decir, conservando el incremento del 23,7 %.
“Estamos interesados en que el decreto que le exige el Consejo de Estado se haga en las mismas condiciones en que se expidió el 1469 del pasado diciembre, es decir, con un incremento 23,7 %”, afirmó Fabio Arias, presidente de la CUT.
Desde el Gobierno, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que el Ejecutivo acudirá a todos los recursos legales disponibles, entre ellos solicitudes de aclaración y recursos de súplica, al tiempo que cumplirá con lo ordenado por el Consejo de Estado. La intención, afirmó, es garantizar seguridad jurídica sin retroceder en los derechos de los trabajadores.
A la par, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, manifestó que la principal preocupación del Ejecutivo está centrada en el impacto que el aumento pueda tener sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, por lo que se adelanta un paquete de medidas que incluiría mecanismos como la inversión forzosa para mitigar posibles afectaciones.
Ávila también lanzó una crítica directa a la junta directiva del Banco de la República por el incremento de las tasas de interés.
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“Lo que va a observarse en el corto plazo son más bien los efectos inflacionarios de haber ellos incrementado la tasa de referencia porque esto le está implicando al sector productivo y empresarial mayores costos de financiación y esos mayores costos de financiación se traducen en mayores precios en el mercado”, sostuvo el jefe de la cartera de Hacienda.
Por su parte, Fenalco expresó su desacuerdo con mantener el incremento del 23,7 %, advirtiendo que podrían ponerse en riesgo cerca de 700.000 empleos en el país y que más de un millón de microempresas resultarían afectadas.
No obstante, el gremio aclaró que, en caso de que la medida sea definitiva, la acogerá. Sus voceros señalaron que la reunión se dio con el fin de conocer los diferentes puntos de vista de los implicados y definir cómo se verían afectados frente a un eventual retroceso y si la decisión es segura tanto para trabajadores como para empresarios.
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Mientras los sindicatos defienden el incremento como un logro irrenunciable, los empresarios advierten sobre impactos en el empleo y el Gobierno busca equilibrar la estabilidad económica con la protección de los derechos laborales.
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