En el marco de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), analizó y aclaró los puntos críticos expuestos por el presidente Gustavo Petro en su reciente alocución televisada. Barrios enfatizó la importancia de seguir los procedimientos legales establecidos para garantizar la transparencia en los próximos comicios.
Testigos electorales y el mito del reconteo nacional
Frente a la invitación del presidente para que la ciudadanía actúe como testigo electoral, Barrios señaló que si bien es un derecho legítimo, el proceso de inscripción formal para los partidos suele cerrarse días antes de la elección. Aunque se han otorgado ampliaciones de plazo, como la que vence este jueves 5 de marzo, es responsabilidad de las organizaciones políticas inscribir a sus representantes.
Respecto a la idea de un reconteo nacional total, la directora de la MOE fue enfática en que esta figura no existe y es logísticamente inviable. Explicó que se manejarán cerca de 80 a 100 millones de tarjetas electorales debido a la complejidad de las consultas y cámaras especiales, por lo que cualquier discrepancia debe resolverse mediante "reclamaciones" en la mesa de votación o ante las comisiones escrutadoras el mismo día de la elección.
Transparencia en el software y el código fuente
Uno de los puntos más polémicos de la alocución presidencial fue la supuesta opacidad del software electoral. Al respecto, Barrios aclaró que el código fuente sí fue expuesto a los delegados de los partidos y observadores durante sesiones técnicas.
Explicó que este código es la "receta" de programación del sistema y, por razones de seguridad nacional, no se puede entregar una copia física para ser llevada a casa, ya que esto facilitaría hackeos o la creación de "puertas traseras". El acceso se dio en un ambiente controlado para realizar auditorías técnicas antes de la jornada electoral.
Finalmente, ante la afirmación del mandatario sobre la presunta ilegalidad del preconteo, la MOE aclaró que este es plenamente legal y está reglamentado, aunque no tiene un vínculo jurídico sobre los resultados finales.
El preconteo sirve como una herramienta informativa para evitar el caos social al ofrecer resultados rápidos, mientras que el escrutinio, realizado por jueces y notarios con una estricta cadena de custodia, es el que determina legalmente a los ganadores.
Barrios recordó que, en 2022, el propio partido del presidente utilizó los datos del preconteo para identificar anomalías y solicitar revisiones en los formularios E14, demostrando la utilidad del sistema
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