La Fundación Ideas para la Paz (FIP) presentó un análisis sobre las propuestas de seguridad y paz de los candidatos presidenciales Ivan Cepeda, Abelardo De La Espriella, Paloma Valencia, Sergio Fajardo Y Claudia Lopez, en el que advierte que el próximo gobierno enfrentará un escenario marcado por una transformación más compleja de la violencia organizada en Colombia.
Según el documento, el país no solo enfrenta el fortalecimiento de grupos armados y el crecimiento de economías ilícitas, sino “una recomposición más profunda de la violencia organizada”, caracterizada por estructuras criminales “más flexibles”, redes urbanas y rurales cada vez más conectadas, mayor capacidad de coerción territorial y “una relación más sofisticada” con corrupción y circuitos transnacionales.
“Estamos ante un escenario de violencia organizada que ha cambiado enormemente. Hoy no estamos en el mismo debate ni coyuntura o contexto de hace 20 años, y eso tienen que entenderlo los candidatos presidenciales y el próximo presidente que se siente el 7 de agosto en en la casa de Nariño. ¿Y qué tenemos hoy? Tenemos unas organizaciones mucho más fragmentadas, con una gran capacidad de adaptación, de flexibilidad, y que en una lógica de seguridad híbrida están tratando de o ya han logrado diversificar sus economías criminales y están buscando fortalecer sus economías ilícitas y el poder local criminal a partir de una lógica de una violencia más domesticada y de una violencia que busca fundamentalmente favorecer esos criterios y esa lógica interna”, señaló Javier Florez, director de seguridad y conflicto de la FIP.
La FIP señala además que una parte de las propuestas presidenciales continúan priorizando medidas tradicionales de seguridad como “más pie de fuerza, más cárceles, más operaciones, más tecnología, más presencia estatal, más justicia y más programas sociales”, pero advierte que “todas esas acciones, aunque pueden ser necesarias en alguna medida, tienen un problema de fondo: no constituyen, por sí mismas, una estrategia”.
“El próximo gobierno no recibirá una chequera en blanco para financiar su estrategia de seguridad”, señala el documento, al explicar que el país enfrentará presiones para reducir el déficit, mejorar ejecución y recuperar confianza ciudadana.
Otro de los puntos centrales del informe es el debate alrededor de la política de Paz Total. La FIP sostiene que, salvo Iván Cepeda, las demás candidaturas plantean “su cierre o una ruptura profunda con ese enfoque”. Sin embargo, advierte que desmontarla sin una transición clara podría generar nuevos riesgos en los territorios. “Si el próximo gobierno decide desmontar la Paz Total, tendrá que hacerlo con responsabilidad, evitando que procesos incompletos, ceses frágiles o vacíos de interlocución terminen acelerando disputas armadas y expansión de violencias”.
La FIP también considera que una eventual continuidad de esa política requeriría “ajustes profundos, reglas claras, metodologías diferenciadas según actor armado y una definición mucho más precisa de líneas rojas, incentivos y capacidades de verificación. La discusión ya no es simplemente si se negocia o no, sino cómo construir unas políticas de paz y seguridad que sean armónicas, viables, coherentes y compatbles con la realidad actual de la violencia organizada en Colombia”.
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Iván Cepeda
Sobre las propuestas de Iván Cepeda, la FIP señala que el candidato del Pacto Histórico plantea una visión centrada en la “seguridad humana”, la transformación territorial y la implementación del Acuerdo de Paz, más que en una expansión coercitiva del Estado.
“Su apuesta no está centrada en recuperar el orden a través de una expansión de la fuerza, sino en reducir las condiciones que han permitido que la guerra y las economías ilícitas se reproduzcan durante décadas en buena parte del territorio. Hay una idea transversal en el programa: la seguridad no puede sostenerse únicamente desde la coerción, porque el conflicto colombiano ha estado ligado históricamente al abandono estatal, la exclusión y la falta de oportunidades en las regiones más afectadas por la violencia”.
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El análisis destaca como fortaleza que el plan reconoce la relación entre violencia, exclusión y debilidad institucional, además de introducir discusiones sobre “macrocorrupción, captura institucional y lavado de activos como dimensiones estructurales del poder criminal”.
No obstante, la FIP advierte que el principal punto crítico está en “la continuidad de la política de Paz Total sin una revisión profunda de sus resultados, incentivos y límites operativos”.
La organización concluye que el plan “representa una apuesta por un continuismo frente a la actual política de paz y seguridad del gobierno Petro, sin mayores giros o críticas de fondo”.
"En el fondo la gran pregunta es si se considera que continuar con las políticas, por ejemplo, de paz total o con la políticas de seguridad sin modificaciones profundas, pues nos va a llevar a un resultado distinto al que tenemos hoy, que es un fortalecimiento estas organizaciones, no solamente en su capacidad armada, sino en su capacidad de innovación y en el crecimiento de sus economías criminales, de ese ecosistema, economías criminales que existe hoy en Colombia”, aseguró el director de seguridad.
Abelardo De la Espriella
En el caso de Abelardo De la Espriella, la FIP asegura que su propuesta es “probablemente la más explícita en su intención de ruptura”, al plantear “cero negociación”, ofensiva total contra el narcotráfico, fumigación de cultivos ilícitos y fortalecimiento carcelario. “El problema que identifica la FIP no es la ambición del programa, sino, probablemente, la falta de desarrollo sobre mecanismos de control institucional, gradualidad y salvaguardas democráticas”.
El análisis señala que el plan parte de la necesidad de “recuperar autoridad estatal” y aumentar la capacidad de coerción frente a organizaciones criminales. Sin embargo, advierte una tensión entre la ambición del programa y las capacidades reales del Estado colombiano para sostener esas intervenciones.
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La FIP expresa preocupación por “el tono de excepcionalidad” que atraviesa varias de las propuestas y señala que experiencias en América Latina han mostrado que estrategias altamente punitivas pueden generar reducción de la violencia, pero tambien “riesgos institucionales y humanitarios relevantes”.
Además, sostiene que una política de seguridad que ignore el enfoque de derechos “puede terminar debilitando la legitimidad estatal y reduciendo la cooperación ciudadana”, asegurando que “la seguridad no depende del miedo que pueda generar el Estado, sino de la confianza que logre construir”.
“Vemos un discurso de excepcionalidad donde es difícil entender hasta dónde van a poder actuar respetando los estándares democráticos y, digamos, los derechos ciudadanos. Entonces, ahí hay también como una dificultad en ese entendimiento. (…) Ante propuestas tan maximalistas y teniendo en cuenta una restricción fiscal gigantesca que vamos a tener, no se sabe dónde van a salir los recursos para poderla materializar, a pesar de que en el programa se insiste en que van a salir de los ahorros o de la recuperación de recursos de corrupción, pero eso, pues, se queda muy gaseoso y no entendemos cómo se pueden materializar”, agregó Florez.
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Paloma Valencia
Sobre Paloma Valencia, la FIP indica que su propuesta parte de la idea de que el Estado perdió capacidad de control territorial y que la ciudadanía percibe un retroceso de la autoridad frente al crimen.
“Ese deterioro es interpretado como una consecuencia directa de la pérdida de capacidad coercitiva y de una política de seguridad que, según el diagnóstico del plan, dejó de ejercer suficiente presión sobre las estructuras ilegales, y de una política de paz que contribuyó a este propósito. Desde esa lógica, la propuesta busca reconstruir autoridad mediante fortalecimiento de la fuerza pública, endurecimiento penal, mejoramiento del sistema de justicia y recuperación territorial”.
Aunque el informe reconoce que el plan entiende que el crimen organizado controla economías ilegales y regula la vida cotidiana en muchos territorios, advierte que “termina interpretando un desafío de debilidad estatal compleja como si fuera principalmente un problema de falta de firmeza”.
En el caso de la candidata, el director de seguridad y conflicto señaló que es “un programa de gobierno que también tiene muchas virtudes, sobre todo en temas de justicia, por ejemplo, pero que lo hemos denominado seguridad democrática, porque fundamentalmente tiene un entendimiento del problema y de la solución muy cercano a lo de hace 20 años. Entonces, son herramientas del pasado para atender problemas del presente que son muy distintos”.
La FIP también plantea dudas sobre la sostenibilidad fiscal y operativa de ampliar simultáneamente el aparato de seguridad y reducir el tamaño del Estado.
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“Sin duda, Colombia necesita fortalecer capacidades, especialmente en inteligencia, movilidad y control territorial. Pero el programa no responde con suficiente claridad cómo sostener fiscal y operativamente esa expansión en un Estado que ya enfrenta enormes restricciones presupuestales y profundas limitaciones de ejecución. La seguridad es una política costosa y permanente”.
Sergio Fajardo
Frente al “Plan Guardián” de Sergio Fajardo, la FIP señala que se trata de una de las propuestas “con mayor desarrollo programático y articulación conceptual” en materia de seguridad.
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“No está construido únicamente sobre consignas de autoridad ni sobre promesas de expansión indiscriminada de la fuerza. Hay un intento serio por organizar una estrategia de intervención estatal que combine control territorial, fortalecimiento institucional y lucha contra las economías ilícitas. El programa parte de una lectura relativamente moderna del fenómeno criminal y entiende que la violencia actual no puede analizarse únicamente desde la lógica insurgente”.
También resalta el enfoque sobre la extorsión como una forma de “gobierno criminal” en regiones y ciudades. “Ahí aparece uno de los puntos más sólidos de la propuesta: la intención de recuperar control sobre las cárceles y fortalecer capacidades de investigación responde a una realidad que durante años fue subestimada”.
Sin embargo, la organización advierte que el plan todavía deja dudas sobre cómo financiar simultáneamente expansión penitenciaria, modernización de inteligencia y fortalecimiento policial en medio de restricciones fiscales.
Claudia López
En el análisis sobre Claudia López, la FIP señala que su propuesta se centra en la pérdida de capacidad del Estado para actuar de manera coherente en los territorios y plantea reformas profundas al sistema de seguridad y justicia.
“Mientras otras propuestas giran alrededor de la expansión del pie de fuerza o el endurecimiento penal, el programa de Claudia López insiste en que la crisis actual también es consecuencia de un aparato estatal fragmentado y lento. Hay una apuesta por transformar todo el sector de Seguridad, Defensa y Justicia. En términos conceptuales, muchas de esas discusiones son necesarias y el país lleva años aplazándolas”.
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El documento reconoce que la candidata evita “soluciones simplistas” y comprende mejor que otros programas las debilidades estructurales del Estado colombiano.
No obstante, advierte que las transformaciones institucionales profundas requieren tiempo, consensos políticos y recursos, mientras el país enfrenta un deterioro acelerado de seguridad. Por eso, la principal limitación identificada por la FIP es “la velocidad de respuesta” frente a las crisis inmediatas en los territorios. “El programa deja abiertos interrogantes sobre su capacidad de respuesta frente al deterioro inmediato de seguridad en varios territorios”.
Finalmente, la organización concluye que, aunque las cinco candidaturas reconocen que la seguridad será uno de los principales desafíos del próximo gobierno, “las propuestas revelan difrencias profundas sobre cómo entender y enfrentar ese problema. Mientras algunos programas privilegian enfoques de autoridad y expansión coercitiva, otros apuestan por transformaciones territoriales, reformas institucionales o esquemas de seguridad humana. Aun así, el análisis comparado deja ver vacíos transversales en casi todas las propuestas”.
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En ese sentido, Javier Flórez aseguró que buena parte de los programas dejan abiertas tres preguntas esenciales frente al país que recibirá el próximo presidente el 7 de agosto.
La primera, explicó, es cuál será realmente el cambio en las estrategias de seguridad. La segunda inquietud tiene que ver con las prioridades del próximo gobierno. Y la tercera pregunta, añadió, es cómo se financiarán todas las propuestas anunciadas por los candidatos presidenciales.
“El desafío no es hacer más ni empezar desde cero, sino hacer mejor, de manera articulada y con un uso más estratégico de las capacidades disponibles. En otras palabras, es ordenar la casa”, concluye el informe.
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