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La abogada Catalina del Pilar Sánchez Daniels, quien hizo parte del equipo legal que interpuso una tutela cuyo fallo obligó a los candidatos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández acudir a por lo menos un debate presidencial antes de las elecciones de segunda vuelta, habló sobre los fundamentos de su recurso. La sentencia, emitida por la sala séptima del Tribunal Superior de Bogotá ordenó a los aspirantes a realizar, a más tardar este jueves 16 de junio, un debate presidencial de 60 minutos de duración a través del Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia, RTVC.
“Si ellos [Petro y Hernández] no son capaces de garantizarnos un debate imparcial, de acuerdo con nuestros derechos y la democracia, de arreglar esos impasses pequeños ¿cómo piensan que van a regir nuestro?”, sostuvo la jurista.
De acuerdo con Sánchez Daniels, es falso que el recurso judicial haya sido motivado por sus preferencias políticas y recordó que interpuso la misma tutela hace cuatro años.
“No es que me apasione con uno u otro candidato, esto ya lo había presentado hace cuatro años. Estuve hace como mes y medio en un evento en El Tesoro, en Medellín, fue muy reprochable que, en ese momento, Petro que estaba liderando la candidatura se negara a asistir a los debates”, declaró la abogada.
“La tutela la habíamos intentado hace cuatro años, justamente también en el contexto de la segunda vuelta presidencial. Es ahora, porque en la primera vuelta, el voto en blanco puede generar efectos y además es imposible saber exactamente quiénes de las personas que se presentan es una opción que va a llegar a la segunda vuelta”, añadió.
Según la abogada tutelante, confrontar las ideas ha hecho progresar a la humanidad y es perjudicial para la democracia colombiana que los candidatos no se midan en un debate, ya que esa dinámica de presentación de las propuestas permite una mejor evaluación por parte de los ciudadanos.
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“La tutela parte de la premisa que en los debates presidenciales uno no solamente puede ver a la persona y escucharla hablar sobre sus propuestas, sino que además también uno puede empezar a revisar el carácter de las personas. Apreciar la forma en que enfrentan preguntas que no se esperan, en un contexto menos libreteado, en un formato que facilita mayor imparcialidad”, opinó Sánchez.
“Se trata de no solo informar los planes de gobierno, sino hacerlo de mejor manera. No todas las personas tienen acceso a internet y las personas que sí tampoco podrían entender con facilidad”, complementó la tutelante.
Conozca la sentencia:
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