Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El anuncio del Gobierno Nacional sobre la eliminación de la licencia de construcción para proyectos de mejoramiento, autoconstrucción y vivienda en sitio propio ha generado un intenso debate entre expertos del sector. Aunque la medida busca agilizar los procesos y beneficiar a las familias más vulnerables, varios especialistas advierten que podría tener graves consecuencias en materia de seguridad estructural, control técnico y uso de los recursos públicos.
Según el Decreto 1166 del 4 de noviembre de 2025, firmado por el ministro de Vivienda, quienes reciban subsidios para mejorar o construir su vivienda ya no deberán tramitar una licencia de construcción. En su lugar, bastará con una carta de responsabilidad firmada por un arquitecto o ingeniero y el registro ante los entes territoriales. El propósito, según el Gobierno, es simplificar los trámites y acelerar la ejecución de los programas de vivienda social.
Aunque la intención del decreto ha sido bien recibida por algunos sectores, diversos expertos alertan sobre los riesgos que implica. La concejal de Bogotá y expresidenta de Camacol, Sandra Forero, señaló que esta decisión “desregula el principal instrumento de formalidad técnica en el sector vivienda y abre la puerta a una inversión pública sin garantías de seguridad ni control institucional”.
Forero fue enfática al afirmar que eliminar las licencias de construcción en proyectos financiados con recursos públicos representa “un retroceso institucional” y que la medida podría poner en riesgo la vida de miles de familias beneficiadas.
El decreto entró en vigencia de manera inmediata, aunque el Ministerio de Vivienda anunció que implementará un plan de capacitación y certificación para arquitectos e ingenieros, con el fin de garantizar que las obras cumplan con las normas técnicas. Sin embargo, varios analistas consideran que, sin esa formación previa, podrían generarse errores estructurales difíciles de corregir en el futuro.
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno se trazó la meta de realizar 400.000 mejoramientos de vivienda en todo el país. No obstante, según cifras citadas por Forero, hasta el momento se han entregado menos de 50.000, lo que evidencia un retraso considerable en el cumplimiento de ese objetivo.
Cada subsidio puede alcanzar hasta $31,3 millones, equivalentes a 22 salarios mínimos, y en conjunto la meta representaría una inversión superior a $12,5 billones. Para los críticos, ejecutar una cifra tan alta sin el filtro de las licencias podría derivar en irregularidades, improvisaciones y sobrecostos.
Publicidad
Forero concluyó que el decreto “desmantela la institucionalidad del sector vivienda” y advirtió que su aplicación, en plena coyuntura electoral, podría convertirse en “el peor gasto fiscal y el mayor riesgo técnico, urbanístico y social para un país que aún tiene casi cinco millones de hogares en déficit habitacional”.
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.