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A partir de mediados de 2026, muchas empresas en Colombia deberán empezar a ajustar sus procesos de contratación. El motivo es la entrada en vigencia de una norma que llevaría a las organizaciones con más de 100 trabajadores a incluir en sus equipos a personas con discapacidad. La medida busca cerrar brechas en el mercado laboral y ser un impulso para promover entornos laborales más diversos.
La disposición se encuentra contemplada en la Ley 2466 de 2025, misma que fija una cuota mínima obligatoria de contratación. Más allá de evitar sanciones, los expertos apuntan que la medida representa una oportunidad para que las empresas puedan mejorar su cultura organizacional.
De acuerdo con lo que establece la normativa, desde el 25 de junio de 2026 las empresas que tengan más de 100 colaboradores tendrán que vincular laboralmente a personas con discapacidad. La regla expone una proporción mínima:
La norma busca que las compañías tengan un papel activo en la inclusión laboral. Según especialistas en empleo, esto implica que las organizaciones empiecen a prepararse con anticipación, revisando sus procesos de selección y acondicionando sus espacios de trabajo.
La inclusión laboral no solamente responde a una exigencia legal. Estudios internacionales indican que las empresas que promueven la contratación de personas con discapacidad suelen recibir mejores resultados financieros.
Entre los hallazgos más relevantes se destaca que las compañías con políticas de inclusión registran:
Por otro lado, expertos de talento humano señalan que la diversidad en los equipos de trabajo fortalece la innovación y mejora el ambiente laboral. Sobre este tema, Carolina Reina, coordinadora de Empleo y Capacitación de Compensar, explicó: “Es indispensable que los equipos de talento humano cuenten con formación en inclusión laboral y discapacidad, ya que esto permite desarrollar procesos objetivos, respetuosos y técnicamente adecuados. La ausencia de este conocimiento puede derivar en exclusión, errores en la evaluación de capacidades, dificultades en la adaptación laboral y afectaciones en la permanencia de los colaboradores”.
Para cumplir con la norma y evitar problemas legales, las organizaciones deben implementar medidas concretas que hagan más sencilla su inclusión. Entre las recomendaciones están:
También existen incentivos para las compañías que promuevan este tipo de contratación. En Colombia, el marco normativo contempla beneficios como deducciones en el impuesto de renta, reducción en la cuota de aprendices y prioridades en procesos de contratación pública.
De hecho, programas de acompañamiento empresarial han demostrado que cuando las empresas implementan rutas de inclusión estructuradas, los resultados pueden ser sostenibles tanto para la organización como para las personas vinculadas.
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