En Altavista no solo ocurrió una emergencia natural, sino humanitaria: monseñor Andrés IO

Lo que comenzó como una emergencia natural por una ola invernal en Belén Altavista se ha transformado en una profunda crisis humanitaria y social, afectando a más de 135 familias en el sector "La Mano de Dios". Mientras las autoridades municipales defienden una "evacuación humanitaria" planificada, la comunidad y líderes religiosos denuncian abusos, demoliciones masivas sin garantías y una estigmatización que pone en riesgo la vida de los afectados.Monseñor Andrés Felipe IO, un misionero cercano a la comunidad, habló en Mañanas Blu con Camilia Zuluaga sobre la situación, la cual calificó como "desoladora"."Lo que ocurrió en Belén Altavista no fue solamente una emergencia natural, fue también una es una emergencia humanitaria. Tenemos en este momento a más de 135 familias que quedaron en la calle después de la ola invernal entre el 27 y 28 de de este año de abril y lo más grave es que después vino la demolición de sus viviendas de una manera masiva, sin las garantías mínimas que exige la Constitución y los tratados internacionales", indicó el religioso. Asimismo, cuenta que se reportaron abusos de autoridad, violación de derechos humanos, retenciones ilegales y arbitrarias, y destrucción de viviendas con enseres dentro. Incluso, ni siquiera se permitió a las personas recoger el hierro de sus casas demolidas. Las familias enfrentan hambre, falta de techo, y una "indiferencia completa" del sector público y privado. Monseñor cuestiona la efectividad de los subsidios y la ausencia de proyectos de reubicación definitiva, así como la falta de apoyo en alimentación y educación"Bueno, nosotros como institución religiosa y por medio de la Corporación Internacional de Defensa que maneja también la la entidad, hemos tratado de abordar todas las necesidades que se tienen allí entre niños. niñas, adolescentes, adultos de 95 años, personas con condiciones de discapacidad. La oferta institucional no se puede medir en comunicados de prensa, sino en el hecho de que haya comida, vivienda, se les ofrezca a estas personas el mínimo vital", recalcó.Por otro lado, las autoridades de Medellín presentan una visión distinta. Desde la Personería de Medellín se registraron 166 casas con evacuación definitiva, 125 familias atendidas y 10 viviendas removidas o demolidas.La concejal Claudia Carrasquilla sugirió la militarización del sector, debido a la inseguridad y las avalanchas. Aunque fue acusada de estigmatizar, ella aclara que sus denuncias se referían a grupos criminales involucrados en el "loteo ilegal", no a la comunidad en general.Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Medellín asegura que su intervención fue una "evacuación humanitaria" planificada y transparente, no un desalojo forzado.• El objetivo, según la Secretaría, fue "proteger la vida e integridad de las familias" en zonas de alto riesgo no mitigable y combatir las estructuras criminales responsables del "loteo ilegal" y la intimidación.Afirman haber ofrecido servicios de traslado y bodegaje de enseres, ayudas humanitarias, orientación psicosocial y subsidios de arrendamiento, todo "debidamente soportado".Las autoridades municipales también señalan que no recibieron alertas de violaciones y que contaron con un fallo judicial a favor del distrito para la intervención, sin embargo, Monseñor Andrés Felipe IO señaló que las familias siguen en la incertidumbre sobre su futuro después de los subsidios temporales. "Entonces se convirtió en una tragedia. Tuvimos gente durmiendo debajo de los árboles en los colchones que pudieron alcanzar a salir adultos mayores golpeados y llega un momento de estigmatización, porque esta narrativa tan impresionante de que todos los que vivían allí son miembros de una estructura criminal, eso no es así", finalizó.Escuche la entrevista aquí: