En vilo elección de Leopoldo Muner como rector de la Unal tras concepto de Procuraduría

La Procuraduría pidió anular la elección de Leopoldo Alberto Múnera Ruíz como rector de la Universidad Nacional de Colombia argumentando que se incumplieron normas superiores incuririendo en una serie de irregularidades en el procedimiento y violación de principios constitucionales.Para el Ministerio Público, no se respetó el debido proceso administrativo y la autonomía universitaria con esta decisión que no ha estado exenta de polémicas.Por un lado, la Procuraduría recordó que ya existía un acto administrativo previo, firme y publicitado con el que se eligió a José Ismael Peña Reyes como rector el 21 de marzo de 2024.Ese acto fue adoptado por el Consejo Superior Universitario con la mayoría exigida por los estatutos de la Universidad Nacional y no había decisión judicial en su contra, es decir, no había competencia para iniciar otro proceso de elección.“Es preciso indicar que la falta de firmas del acta del 21 de marzo de 2023 o la ausencia de posesión no se constituyen en actuaciones que hayan desdibujado e impedido la consumación y formación del acto electoral. Esa manifestación nació a la vida jurídica y surgió como cierre del procedimiento administrativo eleccionario, cuando el órgano legitimado votó y decidió bajo la mayoría dispuesta en los estatutos internos de la Universidad Nacional de Colombia quién era el ungido para ocupar el cargo de rector”, dice la Procuraduría.Esa votación ha sido uno de los motivos de discusión, pues el presidente Gustavo Petro no estaba de acuerdo con el nombramiento de Peña, sin embargo, la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara, votó en contra de las peticiones del mandatario.En un audio revelado por BLU Radio en junio de 2024, se conocieron detalles de la sesión del Consejo Superior Universitario.Escuche aquí el audio.Por ello es que, en sus argumentos para pedir la nulidad, la Procuraduría advirtió que la resolución 067 de 2024, que sirvió de base para reabrir el proceso de elección, vulneró la autonomía universitaria.Esta resolución, adoptada en un contexto de presión política y sin sustento jurídico suficiente, ordenó una nueva votación argumentando irregularidades en la elección previa, sin contar con competencia para hacerlo.Para el Ministerio Público, esta actuación desconoció que el Consejo Superior Universitario ya había ejercido su potestad autónoma de designar al rector conforme al procedimiento reglado por los estatutos universitarios.Finalmente, la Procuraduría identificó vicios de forma y fondo en el segundo proceso de elección que atentaron contra los derechos fundamentales de José Ismael Peña Reyes, a quien se le excluyó de la sesión extraordinaria del 6 de junio de 2024 sin posibilidad de ejercer su derecho a la defensa.También se denunció una indebida intervención del Ministerio de Educación, mediante la designación de un ministro ad hoc y la expedición de actos administrativos que excedieron la función de inspección y vigilancia del Estado sobre las universidades públicas. Esta intervención afectó la neutralidad del proceso y generó un escenario de presión institucional sobre el CSU, lo que contradice los límites que la Constitución establece frente al respeto a la autonomía universitaria.