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En medio de la primera audiencia territorial de la JEP sobre medidas cautelares para la protección de los excombatientes, la Farc presentó 16 peticiones y reveló que, después de la firma del acuerdo de paz, han sido asesinados 36 exguerrilleros en el noroccidente del país.
BLU Radio conoció el pliego de solicitudes y propuestas que presentó la Farc ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP para mejorar las condiciones de seguridad de los excombatientes.
De acuerdo con la dirección regional del partido Farc en Antioquia, desde el 1 de diciembre de 2016 se han presentado 36 homicidios de excombatientes, “7 en 2017, 8 en 2018, 13 en 2019 y 8 en 2020. 24 de estos hechos ocurrieron en el departamento de Antioquia, 11 en el departamento de Chocó y uno en el departamento de Córdoba”.
Entre los requerimientos hechos por la Farc está “vincular al trámite de medidas cautelares a Miguel Ceballos Arévalo, alto comisionado para la Paz, en razón a su designación como delegado Presidencial en la Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política”.
Así mismo, la extinta guerrilla pidió que se ordene la reactivación “funcional y funcionamiento pleno del Sistema Integral para el Ejercicio de la Política (SISEP)”, y de las instancias de:
1. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
2. La Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.
3. El delegado presidencial.
4. La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección.
5. El Comité de Impulso a las Investigaciones.
6. Los Programas de Protección.
7. Sistema de prevención y alerta para la reacción rápida.
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Por otro lado, la Farc pidió que, a través de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, se disponga “de los recursos humanos, físicos, técnicos y logísticos necesario para avanzar con prontitud en las investigaciones en curso por violencias referidas a hechos contra firmantes del acuerdo”.
Entre el pliego de solicitudes, la Farc también explicó que es necesario fortalecer el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, tomar medidas con enfoque de género y realizar una campaña nacional y regional para la lucha contra estigmatización.
“Ordenar a la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación elaborar (y actualizar en los casos que existan) análisis de riesgo específico para NAR y ETCR, en aras de diseñar y concertar planes de prevención integral”, pidió la Farc.
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Érika Montero, exguerrillera e integrante de la dirección regional del partido Farc en Antioquia, aseguró que “el balance de los días en la vereda de Mutatá es el complemento entre la nostalgia del desarraigo y desvinculación familiar. Uno, porque en su mayoría son del municipio de Ituango, dos, porque sus proyectos ya estaban en desarrollo”.
“Las muertes en su mayoría son compañeros hombres, ello nos afecta la manera diferenciada que afecta a viudas que quedan con mayor responsabilidad familiar haciendo frente a la feminización de la pobreza”, explicó Montero.
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