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Un total de 28,4 billones de pesos del Sistema General de Regalías estarían en riesgo de no ejecutarse debido a un concepto del Departamento Nacional de Planeación (DNP).
La advertencia fue hecha por la Federación Nacional de Departamentos (FND), que acusó al Gobierno Nacional de afectar la autonomía territorial y de tomar decisiones que ponen en peligro la inversión social.
En un comunicado, los mandatarios reclamaron que se deje sin efectos el concepto emitido por el DNP y señalaron que la medida contradice las propias guías de proyectos tipo de la entidad.
Los gobernadores le piden al Gobierno que retire un concepto del DNP que está frenando el uso de 28,4 billones de pesos en regalías. ¿Por qué? Según los gobernadores del país, el DNP dice que en los presupuestos de los proyectos no se pueden incluir gastos básicos como impuestos, estampillas o trámites de legalización.
El problema es que si esos costos no se tienen en cuenta desde el inicio, los proyectos quedan sin plata suficiente para ejecutarse. En la práctica, eso hace que muchas obras no puedan arrancar, aunque ya tengan recursos asignados.
“Este concepto impide que en el presupuesto de los proyectos de inversión se contemplen gastos de legalización y costos por estampillas u otros tributos, afectando la viabilidad financiera al desconocer el impacto de estas erogaciones legales en los costos finales; contradiciendo las Guías de proyectos tipo' del DNP; y rompiendo con el principio de programación integral -artículo 127 de la Ley 2056 de 2020-, y el deber de planeación y determinación previa del presupuesto que exige incluir todos los gastos asociados al proyecto”, indicaron.
Además, los gobernadores señalan que este concepto del DNP contradice sus propias guías técnicas y también va en contra de la ley, que ordena que en todo presupuesto se deben incluir todos los gastos reales de un proyecto.
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Además, los gobernadores exigieron la suspensión del artículo 21 de la Resolución 1597 de 2025 del Ministerio de Salud que, según ellos, amenaza la estabilidad laboral de profesionales del sector al impedir financiar cargos de planta con recursos del Sistema General de Participaciones.
También solicitaron la aplicación inmediata de la Ley 2468 de 2025, que reforma el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), ya sancionada hace más de 40 días, y el cumplimiento de los nombramientos en propiedad de directores seccionales de entidades como el ICBF, el SENA, Invías y el ICA.
La FND advirtió que, de no obtener respuesta, se verán obligados a acudir a las vías judiciales para defender la autonomía y los recursos de las regiones.
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