Entre las medidas que continuarán, está la obligación para las entidades de darle prioridad a los eventos virtuales en lugar de los presenciales, preferir los espacios propios que el alquiler de salones y reducir al mínimo necesario la compra de almuerzos y refrigerios.
El decreto mantendrá la restricción sobre la publicidad de las entidades públicas, que debe recibir el visto bueno de la Presidencia de la República y ordenará el desmonte progresivo de la compra de planes de telefonía móvil y celulares para los funcionarios públicos.
De acuerdo con el documento de justificación normativa, esta medida no tienen ningún impacto económico.
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