Gobierno busca modificar regulación de armas y explosivos: esto pasaría con las traumáticas

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, radicó un proyecto de ley que busca reformar el decreto 2535 de 1993, norma que por más de tres décadas ha regulado el porte, tenencia y comercialización de armas y explosivos en el país.Entre los cambios más relevantes se encuentra la decisión de reconocer las armas traumáticas como armas de fuego, lo que implica que su porte y uso quedarán sometidos a la misma vigilancia y requisitos legales que las armas convencionales. Con ello, se busca cerrar vacíos normativos que habían permitido su circulación sin control efectivo.El proyecto también endurece las condiciones para la tenencia y porte de armas deportivas, al establecer que solo podrán ser usadas en competencias oficiales y bajo estricta supervisión. En paralelo, se actualiza el listado de armas prohibidas, incorporando nuevas categorías que no estaban contempladas en la legislación vigente:Armas prohibidas si se aprueba el proyecto de leyArmas, sistemas, municiones, explosivos, accesorios, partes y componentes de uso privativo de la Fuerza Pública, salvo las de colección o las debidamente autorizadas.Armas de fuego modificadas en su funcionamiento o características de fabricación que aumenten la letalidad.Armas hechizas, artesanales o improvisadas, salvo las escopetas de fisto en zonas rurales.Armas sin permiso expedido por autoridad competente.Armas que el Gobierno Nacional clasifique como prohibidas teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico.Artefactos fabricados con gases venenosos o sustancias corrosivas, o aquellos que produzcan esquirlas metálicas, así como los dispositivos destinados a su lanzamiento o activación.Además, se prohíben accesorios y componentes específicos, como silenciadores o supresores de sonido, miras infrarrojas, térmicas o de visión nocturna y partes esenciales de armas (cañones, receptores, cerrojos, etc.) que no provengan de la Industria Militar.Otro eje central de la propuesta es el refuerzo de los controles sobre explosivos, incluyendo mayores exigencias para su producción, transporte y almacenamiento, con el fin de reducir riesgos de desvío hacia actividades ilegales.La iniciativa introduce además una medida de impacto social: la eliminación de la cacería deportiva como práctica permitida en Colombia, una decisión que marca un cambio en la concepción de la relación del Estado con la fauna silvestre.Con este proyecto, el Gobierno busca modernizar la regulación en materia de armas y explosivos, cerrando vacíos legales, ajustando la normatividad a los estándares internacionales y respondiendo a la coyuntura de seguridad y convivencia ciudadana.