El Gobierno nacional prepara un decreto, que parece de trámite, pero que devela la atención que se busca prestar a dos temas de seguridad nacional: la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
En la norma se actualiza la Comisión de Coordinación Interinstitucional para la Lucha Contra el Lavado de Activos, creada hace más de 25 años pero que estaba tan desactualizada que estaba legalmente conformada por entidades desaparecidas como el DAS y el Comité Operativo para la implementación del Sistema Centralizado de Consultas.
Y es que en la exposición de motivos se advierte que una evaluación de 2018 determinó que siete de los once indicadores que dan cuenta de la efectividad de las medidas contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo recibieron una calificación baja.
Adicionalmente, se reconoce que es necesario incluir en la comisión los conceptos o de financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva toda vez que no existe un órgano de política pública, en el país, donde se discutan temas relacionados con esta problemática.
“Que para evitar el fortalecimiento económico de las organizaciones terroristas y de la delincuencia organizada en general, es necesario adoptar medidas integrales desde el Gobierno nacional que promuevan restringir la utilización del sector público y privado para canalizar, ocultar o dar apariencia de legalidad a activos emanados de los delitos fuente de lavado de activos, o destinados al mismo”, advierte el decreto.
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De esta forma, dicha comisión estará compuesta por los ministros de Defensa, Justicia y Hacienda, la Fiscalía, la Dirección de Inteligencia, la DIAN, la UIAF y tres superintendencias.
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