Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Desde Tibú, Norte de Santander, el consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, le respondió a la Jurisdicción Especial para la Paz sobre la desarticulación que el Gobierno Nacional tiene que hacer para evitar asesinatos de excombatientes. Archila afirmó que su oficina de consejería “seguirá haciendo la coordinación de todas las entidades para la protección de los reincorporados”.
Pero, además, Archila aceptó que sí es su responsabilidad aprobar el ‘Plan Estratégico de Seguridad y Protección’ de los excombatientes de las FARC-EP, tras la ratificación de una orden que la JEP le había dado el pasado 29 de julio para que se hiciera cargo de esa labor.
Esa orden Archila la había apelado porque, según él, esos procesos eran “competencia de la Unidad de Protección de Victimas”.
La JEP este martes le negó la apelación y le advirtió que es él quien debe velar por la implementación del Plan.
“En tanto el cumplimiento de funciones y obligaciones del Estado no deben estar sujetas a las órdenes emitidas por los tribunales”, mientras el consejero agregó que esa decisión tiene que ver con una petición que él había hecho a la JEP para “aclarar los roles” de la consejería y de otras entidades, en el trabajo que adelantan por la seguridad de los excombatientes.
🔵Nuestro propósito es que no existan muertes de quienes están comprometidos con la reincorporación
— Consejería para la Estabilización (@PosconflictoCO) March 3, 2021
Decisión de @JEP_Colombia accede a nuestra petición frente a que se aclaren roles de entidades responsables en la protección de excombatientes. Seguiremos haciendo coordinación pic.twitter.com/GxwfLarsIH
Publicidad
Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.