La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP realizó por 10 meses un estudio de las medidas colectivas que están tomando los ministerios de Defensa y del Interior, la oficina del Alto Comisionado de Paz, la Consejería Presidencial para la Estabilización, la Fiscalía y otras entidades para proteger a los comparecientes de las extintas Farc.
Tras el estudio, la Sección encontró, entre otras fallas, que la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, de 280 procesos iniciados sobre desapariciones forzadas de personas reincorporadas de las extintas Farc, solo ha esclarecido 33 de esos casos.
Además, explica la JEP que, en más de la tercera parte de las de las investigaciones, no se ha podido acudir al lugar de los hechos y en casi una cuarta parte de los casos no se puede privar de la libertad al presunto responsable, dando resultados poco efectivos a las víctimas.
En cuanto a las amenazas a los excombatientes, de 251 investigaciones realizadas, tan solo 7 de ellas se ha fallado con sentencia, lo que no alcanza a representar un 2% del total de las investigaciones. Así mismo, el estudio encontró que 19 de los reincorporados asesinados habían presentado previamente denuncias por amenazas y solo 5 de ellas fueron conocidas por la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía.
La JEP advierte también que en la Defensoría del Pueblo no se ha establecido una dependencia que coordine los temas de garantías de derechos de los excombatientes y que, por ejemplo, el Ministerio del Interior no acata las recomendaciones de la entidad.
Por esas y otras irregularidades, la JEP le ordenó al alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, que en máximo 15 días envíe los lineamientos y el plan de acción de la Política Pública y Criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones criminales, le ordenó a su vez al Ministerio de Defensa apoyar a la Fiscalía General de la Nación para que pueda avanzar con las investigaciones judiciales en las zonas, donde no se le ha permitido trabajar porque son de alto riesgo en materia de seguridad.
A la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, entre otras, cosas le pidió adoptar medidas inmediatas para la protección de los reincorporados que denuncien amenazas y esclarecer los autores intelectuales o determinadores de los delitos de homicidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado y amenazas cometidos en contra de reincorporados de las Farc o sus familias.
Además, la Fiscalía deberá alertar a la Defensoría del Pueblo sobre denuncias de homicidios y otros crímenes para que la Defensoría pueda brindar asesoría a las víctimas.
Finalmente, la JEP le ordena a la Procuraduría General de la Nación que designe una agencia especial en todos los casos en los cuales se hayan denunciado los mismos delitos contra los reincorporados.
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