“Grupos móviles de erradicación”, millonaria licitación para erradicar coca con civiles: así pagarán
La Policía Antinarcóticos pagará más de 7 millones de pesos por cada hectárea erradicada manualmente; el contrato supera los 56.000 millones y sería adjudicado a finales de septiembre.
FOTO: Cultivos de coca en Betulia, Santander- suministrada por Policía Nacional
La Dirección de Antinarcóticos de la Policía abrió una licitación por más de 56.000 millones de pesos, con la que se busca conformar 38 Grupos Móviles de Erradicación (GME) que operarán en al menos 11 zonas priorizadas por su alta concentración de cultivos ilícitos y la compleja situación de orden público.
Según los pliegos publicados en el Secop, el contratista que resulte ganador recibirá poco más de 7,7 millones de pesos por hectárea erradicada y certificada, bajo condiciones de seguridad y verificación establecidas por la fuerza pública. La adjudicación está prevista para el 30 de septiembre, y hasta el momento siete empresas y uniones temporales han expresado interés en quedarse con el convenio.
Cada grupo estará compuesto por 21 integrantes, entre ellos un jefe zonal, un capataz, un enfermero y 18 erradicadores, quienes devengarán un salario de cerca de tres millones de pesos con prestaciones sociales. La experiencia mínima exigida es de seis meses en labores agrícolas. La Dirección Antinarcóticos estima que, en condiciones ideales, un GME puede intervenir 2,1 hectáreas diarias, aunque aclara que el rendimiento depende de factores climáticos, logísticos y de seguridad.
Asonadas 2025
Foto: suministrada
Asonadas 2025
Foto: suministrada
Asonadas 2025
Foto: suministrada
Se prevé que los grupos operen en 2025 durante 48 días y 44 días en 2026. El primer año se estima una erradicación de 3.830 hectáreas, mientras que el próximo año un total de 3.511 para un total de 7.461,6. El pago que recibirán los trabajadores varía dependiendo el cargo, desde $2’989.350 que sería el salario para los erradicadores (18), hasta $9’252.750 el jefe zonal.
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El pliego de condiciones advierte que la operación implica alto riesgo para los erradicadores. Antes de ingresar a terreno, el área deberá ser asegurada por la fuerza pública, que definirá qué cultivos se intervendrán cada día. Sin embargo, el documento es claro en que existen amenazas recurrentes como asonadas, hostigamientos, bloqueos de comunidades, presencia de minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, así como dificultades por la falta de aeronaves o condiciones climáticas adversas.
Para mitigar los riesgos, las compañías interesadas deberán contar con una capacidad administrativa y logística robusta, que permita hacer relevos en caso de emergencias médicas, heridos o incluso fallecimientos. Adicionalmente, se exige la contratación de pólizas de seguro por hasta 50 millones de pesos por cada trabajador, así como la cobertura de gastos funerarios en caso de muerte.