Jaime Arrubla advierte un caos tipo DAS, mientras Mejía asegura que el Estado “lo sabía y no actuó”

La revelación presentada por Noticias Caracol dejó al país frente a un caso que marca un antes y un después en materia de seguridad nacional. El hallazgo en los computadores del jefe de las disidencias Calarcá confirma una infiltración sin precedentes en entidades como el Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). La Procuraduría ya separó provisionalmente de sus cargos a un general y a un alto funcionario de la DNI, lo que da una primera dimensión de la gravedad.El escándalo abrió una semana cargada de reflexiones, como lo advirtió Juan Roberto Vargas en Sala de Prensa, sobre coherencia política, eficacia de la justicia y, especialmente, sobre el papel del periodismo en un país donde, según dijo un columnista esta semana, “los reporteros parecieran haberse convertido en la nueva fiscalía”. Desde ese punto de partida se desarrolló la conversación con los invitados del domingo: el analista de seguridad Daniel Mejía Londoño y el exmagistrado Jaime Arrubla Paucar.Daniel Mejía alertó crisis en la Seguridad nacional El experto en seguridad Daniel Mejía Londoño inició con un panorama amplio: la criminalidad crece en casi todos los frentes y los grupos armados expanden su presencia territorial y su capacidad operativa. En ese contexto, la filtración de información sensible —frecuencias de radio, localización de operaciones y movimientos de tropas— no sorprende, pero sí explica parte del deterioro acelerado de la seguridad.Mejía calificó como “inexplicable” la actuación de la Fiscalía frente a la evidencia hallada. Mientras la entonces fiscal general exigió en cuestión de horas la liberación de Calarcá, tardó 16 meses en iniciar el análisis de los computadores y las USB incautadas. Para el analista, esta diferencia temporal revela un problema estructural: “Lo más grave es que las autoridades lo sabían y no hicieron nada”, afirmó.El experto también alertó sobre la desmoralización dentro de la fuerza pública, especialmente de quienes combaten en terreno, al ver que oficiales especializados fueron retirados sin claridad y reemplazados por personas sin trayectoria. Esto, sumado al uso del estatus de “gestores de paz” como salvoconducto, aumenta las dudas sobre la coherencia del gobierno en su política de seguridad.Filtración de inteligencia: impacto jurídico y riesgo institucionalEl exmagistrado Jaime Arrubla Paucar centró su análisis en el plano jurídico. Señaló que la filtración compromete no solo responsabilidades individuales, sino la estabilidad de organismos que deberían garantizar independencia y rigor. A su juicio, la reacción tardía de la Fiscalía abre dudas sobre la cadena de custodia, posibles omisiones y la obligación del Estado de proteger la información estratégica.Arrubla advirtió que la Dirección Nacional de Inteligencia y la UIAF —ambas dependientes del Ejecutivo— requieren una revisión profunda para impedir que se conviertan en “entidades opacas” sin control ciudadano. Recordó que el país ya vivió una crisis similar con el DAS y que “no puede repetir un ciclo donde la inteligencia estatal termina capturada o manipulada”.Según el exmagistrado, este caso no solo expone fallas operativas: obliga a revisar la arquitectura institucional del Estado frente a la delincuencia organizada. La transparencia, afirmó, será indispensable para recuperar la confianza ciudadana y evitar que la infiltración siga avanzando.