La Justicia Especial para la Paz, JEP, ya definió cuál será su caso 002 en la etapa de reconocimiento de verdad, de responsabilidad y de determinación de los hechos. Se trata de la unificación de toda la violencia comprendida entre 1990 y 2016 en los municipios de Barbacoas, Tumaco y Ricaurte, en Nariño que, según la unidad de víctimas, dejó cerca de 116.617 víctimas.
Por el momento, los magistrados han analizado el caso y han constatado la situación de 1.000 víctimas de múltiples flagelos.
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El caso priorizado señala como responsables a las Farc y miembros de la fuerza pública de las masacres, violencia sexual, desplazamientos, secuestros, reclutamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, muertes por minas antipersonales, entre otros terribles sucesos que han desatado una crisis humanitaria en el departamento.
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La magistrada Julieta Lemaitre, presidenta de la sala de reconocimiento, aseguró que “la mayoría de las víctimas son pertenecientes a pueblos étnicos”, como lo son el pueblo Awá y los integrantes de Consejos Comunitarios del río Chagüí, Alto Mira y Frontera.
No obstante, aclararon que la situación recae también sobre la población civil afectada de esos municipios como lo son estudiantes, profesores, líderes sociales, jueces, alcaldes, comerciantes, entre otros.
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Incluso, aclaró que se prioriza el caso por la vulnerabilidad de las víctimas, la gravedad de los hechos y la disponibilidad de información.
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Por el nuevo caso, los magistrados resolvieron dar inicio al llamado de versiones voluntarias correspondientes, “para lo cual se adoptarán las decisiones pertinentes”.
Además, compulsaran copias a la Procuraduría para que comparezca como representante de la sociedad de esos públicos en calidad de víctimas.
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