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El decreto que crea y reglamenta el programa Jóvenes en Paz ha venido teniendo varias modificaciones por parte de las entidades encargadas de implementarlo. Finalmente, el pasado viernes, 25 de agosto, fue publicado para comentarios el proyecto que sería firmado en los próximos días por diferentes ministros del gabinete y por el presidente Gustavo Petro.
En los últimos días, reveló Blu Radio, un concepto del Ministerio de Hacienda donde le da viabilidad presupuestal al programa y en el que se confirma que el monto total del subsidio, al año, para los jóvenes será de 1.2 billones.
Adicionalmente, el proyecto de decreto establece que el acceso a Jóvenes en Paz será solo para aquellos entre 14 y 28 años en vulnerabilidad o pobreza extrema, ruralidad y víctimas de explotación sexual y aquello vinculados o en riesgo de vincularse a “dinámicas de criminalidad”.
Se dice también que no serán vinculados aquellos jóvenes con orden de captura o aprehensión por parte de una autoridad judicial, los que tengan una sanción o medida privativa de la libertad o ser beneficiarios de otros programas.
Sin embargo, sí podrán acceder jóvenes que tengan procesos penales e incluso se establece que el Gobierno brindará asesoría ‘sociojurídica’ encaminada a la reparación de las posibles víctimas o afectados por las conductas del joven que resulte beneficiario del programa.
“Los y las jóvenes beneficiarios del programa podrán contar con orientación jurídica en relación con los procesos penales que existan en su contra o conflictos que se presenten, promoviendo con dicha atención que se comprendan las consecuencias legales de la situación, se asuma la responsabilidad por el daño causado, se repare de forma directa o simbólica a las personas que se hayan visto afectadas y se genere el fortalecimiento de un tejido social afectado por la comisión de un delito u ofensa”, señala el artículo 6 del borrador.
Para eso se estipula que para dicha orientación jurídica el Gobierno, en coordinación con el Sistema Nacional de Defensoría Pública, “podrá vincular entidades públicas de acuerdo con sus competencias, así como organizaciones de la sociedad civil, sector privado, cooperación internacional, entre otros”.
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