El Consejo Superior de la Judicatura puso en marcha un paquete de medidas temporales para atender las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto en varias regiones del país. Las decisiones fueron adoptadas buscan recuperar las sedes judiciales dañadas, mantener la atención de los casos urgentes y proteger a los funcionarios afectados por la emergencia.
Uno de los principales anuncios es la destinación de $208 mil millones provenientes de saldos de proyectos de inversión de 2026. De ese monto, $116 mil millones serán utilizados para reparar y adecuar las instalaciones de la Rama Judicial en Caldas, Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, además de otras zonas afectadas. Los $92 mil millones restantes serán destinados al fortalecimiento tecnológico de los despachos judiciales damnificados.
La entidad también decidió suspender las actividades académicas presenciales del Consejo Superior de la Judicatura, que pasarán a desarrollarse de manera virtual. Los recursos que estaban destinados inicialmente a esas actividades serán trasladados para financiar reparaciones, adecuaciones y trabajos necesarios para poner nuevamente en funcionamiento las sedes judiciales afectadas, bajo condiciones que permitan prestar el servicio de justicia con seguridad.
Otra de las medidas establece que la suspensión de términos judiciales y administrativos en las zonas afectadas se extenderá hasta el 11 de septiembre de 2026. La decisión cobija despachos y dependencias administrativas de Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca, además de Puerto Boyacá, en Boyacá, y Puerto Salgar, en Cundinamarca.
Para evitar que la emergencia deje sin atención los casos que requieren una respuesta inmediata, algunos despachos judiciales de otras regiones del país serán convertidos temporalmente en despachos de apoyo itinerante. Estas unidades podrán asumir acciones de tutela, hábeas corpus, solicitudes de control de garantías relacionadas con personas privadas de la libertad y actos urgentes que provengan de las zonas afectadas.
Además, hasta el 11 de septiembre quedará suspendido el reparto de acciones de tutela, hábeas corpus y solicitudes de audiencias de control de garantías con personas privadas de la libertad a los despachos permanentes ubicados en los municipios afectados. Los procesos que hayan llegado desde el lunes 10 de agosto, así como los nuevos casos que surjan en esas zonas, podrán ser distribuidos a despachos judiciales ubicados en otras partes del país para garantizar su trámite.
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Finalmente, el Consejo Superior de la Judicatura activó medidas de acompañamiento psicosocial para los servidores judiciales afectados por el terremoto en el centro y occidente de Colombia. El apoyo contempla primeros auxilios psicológicos e intervención en crisis, orientación y escucha activa, detección temprana de afectaciones emocionales, acciones colectivas de contención, seguimiento psicosocial y, cuando sea necesario, remisión a los servicios de salud.
