El ministro afirmó que es importante resaltar que existen dos grupos de terceros civiles “que han presentado algún tipo de colaboración económica a grupos armados al margen de la ley: los primeros, fueron coaccionados, fueron víctimas de un delito y no autores del mismo por lo cual no serán objeto de investigación o juzgamiento”. (Vea también: Con la justicia transicional solo habrá beneficios: Santos).
Sobre el segundo grupo, quienes aportaron económicamente de manera voluntaria a la comisión de delitos relacionados con el conflicto armado, está previsto que la jurisdicción especial para la paz se ocupe de los casos más relevantes y más graves “concentrando el trabajo en las personas que cumplieron un papel determinante en los delitos”, dijo el ministro.
De aquellos que cometieron algún tipo de delito pero no tuvieron un rol determinante, Reyes afirmó que una de las salas de la jurisdicción especial para la paz “tiene la posibilidad de renunciar a la acción penal o suspender la ejecución de la pena”. (Lea aquí: Más de 24 mil integrantes de la FFAA se beneficiarían de justicia transicional).
Dijo que al igual que en la justicia transicional para agentes del Estado y miembros de las Farc “las penas tendrán un límite de entre cinco y ocho años, en régimen de prisión ordinario si aceptan tardíamente su responsabilidad y de 15 a 20 años si la niegan”, además habrá una sanción-obligación de reparar a las víctimas.
Reveló que habrá una sala de verdad y conocimiento en la que se establecerá si hubo participación en delitos relacionados con el conflicto o “si la participación fue determinante” para considerar si se pueden acoger a la jurisdicción para la paz.
El ministro de Justicia afirmó que los políticos que hayan participado en delitos del conflicto armado, como los parapolíticos, podrían acogerse a la jurisdicción especial para la paz “pues el tema no ha sido específicamente excluido”.
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Explicó que habrá dos clases de reparaciones, la primera será una sanción con contenido restaurativo, como desminado, reconstrucción de infraestructura o daños al medo ambiente, entre otros; y la segunda será un monto de reparación a las víctimas en el que se tendrá que indemnizar desde el punto de vista material.
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