La Corte Constitucional inadmitió una demanda del exministro de Justicia Yesid Reyes, en la cual pedía que la JEP investigue solo a los máximos responsables de los delitos cometidos durante el conflicto armado. En su demanda, Reyes cita resoluciones de la JEP en las que se le da facultades a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas para determinar en qué casos debe ejercerse la acción penal, aun cuando las personas no revistan máxima responsabilidad."Para los demandantes, la regla interpretativa demandada desconoce el mandato constitucional de 'centrar' los esfuerzos de la justicia en los 'máximos responsables' de los delitos 'más graves y representativos', prevista en el artículo 3° del AL 1 de 2017 y definida por la jurisprudencia constitucional", señala la Corte.De los cinco cargos que presenta la demanda, solo dos fueron considerados como parcialmente pertinentes. Pero, además, la Corte señala que en la demanda faltan elementos fácticos y argumentativos para demostrar algunos de los argumentos."Tal como está planteada, la demanda no comporta los elementos requeridos para identificar y precisar plenamente las censuras y para que la Corte Constitucional realice el respectivo juicio de constitucionalidad. La demanda será inadmitida y se otorgarán tres días hábiles a los interesados para que, si lo consideran, corrijan las falencias a partir de lo señalado en este auto. En caso contrario, será rechazada", agrega la Corte.
El presidente Gustavo Petro, pidió en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un plazo suplementario de siete años para implementar los Acuerdos de Paz en sus tres vertientes principales: reforma agraria, inclusión territorial y unificación del sistema judicial de verdad y reconciliación.Petro dijo que esa triple reforma requerirá un pacto de Estado en Colombia, pero ante todo un decidido apoyo de la comunidad internacional, principalmente para financiar el costo que ha calculado en 50.000 millones de dólares, una cantidad que Colombia no tiene porque se encuentra endeudada.En este sentido, lanzó una doble propuesta que requerirá del apoyo internacional: por un lado, reducir el llamado "riesgo país" de Colombia y permitir así un plan de reconstrucción en las zonas más marginadas similar a la que tuvo lugar en Europa con el Plan Marshall tras la Segunda Guerra Mundial o en Corea del Sur tras la Guerra de Corea. En lugar de pedir dinero -razonó-, dijo que él opta por "potenciar la capacidad financiera del Estado colombiano". En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, el exministro de Justicia Yesid Reyes, habló sobre la posibilidad y sus efectos en materia de implementación. De acuerdo con el exministro, no se trata de una mala idea, si se tienen en cuenta aspectos como las condiciones en que esto se dé. "A mí no me parece una mala idea, porque una propuesta de un procedimiento legislativo especial respeta dos condiciones que que para mí son fundamentales y es la intervención del Congreso de la República. No, no se está proponiendo saltarse al Congreso de la República. Y segundo, respeta la intervención de la Corte Constitucional como el organismo jurisdiccional que tendría la potestad del deber realmente", dijo. Sobre el fantasma del 'fast track', dijo que se trata de una figura abstracta que permite tramitar un grupo de iniciativas legislativas a través de un procedimiento que sustancialmente es más breve. Escuche aquí la entrevista:
Para el exministro de Justicia, Yesid Reyes, la competencia de investigar al senador del partido Farc Julián Gallo, debe ser tomada por la JEP.¿Cuándo pierde competencia la JEP y la asume la justicia ordinaria?“Pierde su competencia en la investigación a los miembros de las Farc cuando, no tratándose de delitos de ejecución permanente, es decir, delitos nuevos, asume la competencia la justicia ordinaria, incluso la Corte Suprema de Justicia”, señaló el abogado Diego Martínez.El exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, dijo que en el caso de los congresistas del partido Farc, estos procesos pasarían a la Corte Suprema de Justicia y no a la JEP.“La única forma que ellos tienen para ir solamente a la JEP es renunciando a su cargo”, puntualizó.Lo opuesto cree el exmagistrado Alfredo Beltrán, “la JEP está actuando de acuerdo a la constitución y no hay conflicto de competencia, porque la competencia es de manera exclusiva en el artículo 6 del acto legislativo de 2017 y, es una competencia de prevalencia”.
En medio del revuelo generado por la declaración de exjefes de las Farc sobre la relación de esa guerrilla con el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado en 1995, sumado a la confesión del senador Carlos Antonio Lozada, se abrió un debate sobre la verdad, el arrepentimiento y si existen las condiciones para que el país conozca las verdades del conflicto.Ómar Restrepo, representante a la Cámara por el partido Farc, el exministro de Justicia Yesid Reyes, el abogado Juan Manuel Charry y el jurista Diego Martínez, hablaron del tema en Mañanas BLU 10:30.De acuerdo con el congresista Restrepo, resulta paradójico que a lo largo del enfrentamiento armado se reclamara verdad y cuando esta se conoce se tengan reacciones negativas y de escepticismo. “Es una forma de seguir atacando el proceso de paz e impedir que los colombianos nos reconciliemos. Este proceso siempre ha tenido enemigos”, dijo el parlamentario.El exministro de Justicia Yesid Reyes dijo que no es cierto que los congresistas de Farc tengan que renunciar a sus curules para seguir en la JEP. “Los terceros y los agentes del Estado que no pertenezcan a la fuerza pública pueden acudir a la JEP”, aseguró Reyes.De acuerdo con el abogado Juan Manuel Charry, los congresistas de Farc que hayan cometido delitos sí deberían dejar sus curules. “No es la interpretación, difiero con Yesid Reyes, hay una mención especial para dejar a salvo los fueros de los aforados”, aseguróEl abogado Diego Martínez, quien asesoró jurídicamente a las Farc en las negociaciones del acuerdo de paz, afirmó que existe un debate más político que jurídico. “La JEP está conociendo sobre esta situación de estos señores que hoy son congresistas”, señaló.Escuche el análisis de este tema en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
Este miercoles se conoció una carta, dirigida al expresidente César Gaviria, director del Partido Liberal, en la que varios exministros renuncian a la colectividad. Quienes firman la misiva son: Juan Fernando Cristo, Guillermo Rivera, Yesid Reyes y Cecilia López.Vea también: Presidente Duque radicó proyectos anticorrupción con mensaje de urgencia De acuerdo con lo expresado en la carta, el partido ha tomado decisiones que van en contravía de sus principios, tales como respaldar a Iván Duque en el camino hacia la Presidencia de la República. Esta es la carta:
El hurto de la bicicleta modelo Cervelo S3 2014 al hijo del exministro de Justicia Yesid Reyes, quien también tiene el mismo nombre, ocurrió este sábado a la 1:00 de la tarde cuando iba de regreso a su casa.Reyes fue abordado en la 122 con 15, en Bogotá, por un hombre en una bicicleta negra con quien inició una conversación y lo acompañó por al menos medio kilómetro.Lea también: Asesinan a instructor deportivo por robarle su bicicleta en Bogotá. Luego de ganarse su confianza, el hombre lo llevó hasta su supuesto lugar de residencia en donde le dijo que su esposa le entregaría información con rutinas de bicicleta que compartiría con Reyes. Una vez en el sitio, el hijo del exministro fue abordado por otro sujeto que finalmente robó la bicicleta y huyó del lugar.“Me engañó, me metió un cuento y terminaron por quitarme la bicicleta”, dijo Reyes.Los hechos ya fueron denunciados ante las autoridades.Según cifras de la Fiscalía, cada tres horas es hurtada una bicicleta en Bogotá y al menos 45 hurtos de estos son denunciados semanalmente en la cuidad.
Este sábado 23 de septiembre fueron publicados en la página web del Comité de Escogencia las entrevistas realizadas en el proceso de selección de Magistrados al Tribunal y las Salas de la Jurisdicción Especial para la Paz, así como las de los aspirantes a director/a de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Le puede interesar: Estos son los aspirantes a ser magistrados de la JEP.Todas las entrevistas las puede ver aquíEstas son algunas de las entrevistas de los aspirantes a magistrado de la JEP:
El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, le recomienda al Comité de Escogencia Del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, liberar a la Jurisdicción Especial para la Paz de eventuales conflictos de interés. Negret a su vez solicitó que los ciudadanos aspirantes puedan poner al servicio de la construcción de paz y de una convivencia pacífica sus servicios en condiciones de igualdad. "Esto en aras de garantizar los principios de transparencia, independencia y objetividad necesarios para legitimar las acciones judiciales y extrajudiciales que se emprenderán", explicó. De igual forma, que no se tomen en consideración las hojas de vida de aquellas personas que participaron en la construcción del Acuerdo de Paz. Le puede interesar: Más de cinco mil postulados han accedido a la JEP. "Lo anterior no por un impedimento legal expreso, sino como una acción dirigida a dotar de máxima trasparencia y legitimidad la JEP y en general el Acuerdo Final", expresó. Cabe recordar que una de las aspirantes a los cargos de la JEP es la exasesora jurídica del proceso de paz Mónica Cifuentes y el exministro de Justicia y hoy asesor de Presidencia para asuntos de la JEP Yesid Reyes. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
En entrevista con BLU Radio, el exministro de Justicia explicó que considera que el Acto Legislativo sí está vigente porque no se podía condicionar la vigencia del mismo al resultado del plebiscito. “No se podía condicionar porque la Corte Constitucional ha dicho que el plebiscito no es un mecanismo válido de reforma constitucional”, dijo.Agregó que la manera de refrendar el actual acuerdo de con las Farc es una decisión política que toma el presidente, aun cuando no están en la obligación de hacerlo. “El acto de refrendación es un acto eminentemente político. El presidente decidirá en estos días con cual mecanismo refrendará lo acordado”, explicó.
“Lo que dice en el nuevo acuerdo es que las normas que tengan que ver con Derecho Internacional Humanitario o con derechos fundamentales son parámetros de interpretación obligatoria. La Corte ha dicho que estos dos casos se consideran parámetros de interpretación obligatorios como si fueran normas constitucionales”, dijo. En ese sentido, el exfuncionario manifestó que las 310 páginas del nuevo acuerdo no pueden ser entendidas como incorporadas a la Constitución. Manifestó que la precisión les da la razón a los partidarios del NO. De otro lado, Reyes indicó que la Jurisdicción Especial de Paz no podrá revisar sentencias de la Corte Suprema de Justicia. “Las sentencias que hayan sido dictadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia podrán ser objeto de revisión pero solamente por la misma Sala Penal, que dicho sea de paso es lo que ocurre hoy”, dijo. No obstante, el exministro manifestó que en el caso de una sentencia de la jurisdicción ordinaria contra una persona considerada combatiente esa sentencia sí puede ser revisada por la Jurisdicción Especial para la Paz. “Queda absolutamente claro que la JEP queda reservada a combatientes y eventualmente a personas que sin tener calidad de combatiente, como un tercero, hayan sido condenadas por hechos consideradas como parte del conflicto, siempre y cuando la sentencia no haya sido dictada por la Corte Suprema de Justicia”, explicó. En se sentido, Reyes enfatizó en que lo que hace esto es poner unos límites tales como: - No se podrá revisar desde la JEP ninguna sentencia de la Corte Suprema de Justicia. - Se establece muy bien cuáles son las causales para las revisiones, tales como la aparición de hechos o pruebas nuevas que no se conocían cuando se dictó la sentencia. - Queda claro que si la JEP modifica alguna sentencia, no se va a derivar ninguna clase de responsabilidad para quienes inicialmente dictaron la sentencia. Reyes explicó que la JEP forma parte de una institución distinta que crean los acuerdos de paz. “Esa es solamente una de varios componentes de los que se conoce como justicia transicional y es muy importante que no funcione aislada. Están condicionadas a que se suministre verdad, a que se repare a las víctimas, a que haya garantías de no repetición. La JEP forma parte de ese sistema y no de la justicia ordinaria”, puntualizó. En cuanto al mecanismo de refrendación, manifestó que “la paleta sigue estando en manos del presidente y que dependerá mucho de las reacciones políticas del nuevo acuerdo”.
En menos de una semana se conoció un nuevo caso de agresión contra un agente de movilidad en el Valle de Aburrá. En pleno centro de Medellín un guarda fue amenazado por un joven que además logró propinarle varios golpes en la cara.La reiteración de agresiones contra agentes de movilidad en el Valle de Aburrá vuelve a encender las alertas sobre las condiciones de seguridad de quienes cumplen labores de regulación y control en las vías.En menos de una semana, dos funcionarios han sido víctimas de ataques físicos en medio de procedimientos relacionados con el tránsito, uno de ellos con consecuencias graves para su integridad.El episodio más reciente ocurrió en plena vía pública del sector comercial de El Hueco, en el centro de Medellín, donde un joven increpó a un guarda de tránsito con quien, aparentemente, ya había sostenido discusiones anteriores.La confrontación quedó expuesta ante varios transeúntes que presenciaron la escena y, en medio de las voces de quienes intentaban pedirle calma al agresor, el ciudadano habría golpeado en al menos dos ocasiones el rostro del funcionario. Durante el incidente, el agente intentó mantenerse en su lugar y a la defensiva para evitar que la situación escalara, pese a las presiones y los ataques físicos.“Ese ya te dije no me cuelgues así no. No me cuelgues perra. Hey, hey. Oye, oye. Que cuando se sepa lo que es. Se sepa. Quien quiera casarse conmigo ya sabe”, se escucha en el video.El caso se suma a otro registrado hace menos de una semana en Itagüí, donde un agente de movilidad terminó inconsciente luego de recibir varios golpes en la cabeza. La agresión habría sido perpetrada por el hijo de un hombre al que el funcionario le estaba imponiendo un comparendo.El servidor fue trasladado a un centro asistencial y, horas después, se confirmó que había sufrido una fractura en el cráneo.
La Aeronáutica Civil reconoció que el sistema de control aéreo de El Dorado presenta obsolescencia y anunció que renovará el software tras la falla del pasado 4 de noviembre, que provocó retrasos, cancelaciones y desvíos de vuelos.El compromiso se conoció durante una mesa técnica convocada por la Procuraduría General de la Nación, que ahora abrió una nueva actuación preventiva para vigilar que se cumplan las medidas anunciadas.La Aerocivil aclaró que la emergencia no se originó en los radares, como se informó inicialmente, sino en una indisponibilidad temporal del software AIRCON ICOM, utilizado para gestionar el tráfico aéreo y fabricado por la empresa INDRA. Este sistema fue adquirido en 2013 y, según reconoció la propia autoridad aeronáutica, actualmente presenta obsolescencia.La falla se registró hacia las 12:40 del mediodía del miércoles 4 de noviembre y dejó en negro las pantallas de visualización del centro de control aéreo. Esto significa que los controladores perdieron temporalmente la imagen y los datos que les permiten hacer seguimiento a las aeronaves que se encuentran en vuelo."De acuerdo con la evaluación de la Aerocivil, esta situación no representa un riesgo para la seguridad aeronáutica. La entidad anunció que esta semana tiene prevista una reunión con la empresa INDRA, con el propósito de establecer con certeza las causas técnicas de la falla", señala la Procuraduría.La contingencia se prolongó cerca de una hora y media y generó afectaciones en la operación aérea: hubo vuelos desviados, decenas de trayectos cancelados y retrasos en los itinerarios de aerolíneas como Avianca, LATAM y Wingo, además de congestión en las plataformas de El Dorado.Frente a lo ocurrido, la Procuraduría había citado de manera obligatoria a la Aerocivil a una mesa técnica el pasado viernes, con el propósito de obtener explicaciones sobre las causas de la emergencia y conocer las medidas para evitar que una situación similar vuelva a presentarse.Tras el reconocimiento de la obsolescencia del sistema. La Aerocivil se comprometió a suscribir, antes de finalizar este año, el contrato para su renovación y mantenimiento especializado, con el objetivo de iniciar su ejecución el próximo 2 de enero de 2027.Por su parte, la Procuraduría informó que abrió una nueva actuación preventiva y anunció que continuará haciendo seguimiento a los compromisos adquiridos por la entidad.La vigilancia estará enfocada en verificar que se adopten medidas oportunas que garanticen la continuidad de los servicios de navegación aérea y la protección de los usuarios.
El Partido Liberal anunció que propondrá modificaciones al proyecto de Ley de Rescate Económico del Gobierno, al advertir que algunas de las medidas contempladas podrían aumentar el costo de vida de los colombianos y afectar a los pequeños comerciantes. Así lo señala un comunicado publicado esta madrugada, firmado por el director del partido, el expresidente César Gaviria, y la bancada en el Congreso.La colectividad cuestionó especialmente la propuesta de gravar con IVA del 19 %, a partir de enero de 2028, alimentos que actualmente están excluidos o tienen una tarifa del 5 %. Entre ellos están las lentejas, los fríjoles, los garbanzos, la sal, el tomate, la cebolla, algunas frutas, el azúcar, las harinas, las pastas y el chocolate de mesa.También advirtió que los nuevos impuestos a fertilizantes, semillas, abonos y plaguicidas podrían elevar los costos de producción agropecuaria y terminar trasladándose al precio de los alimentos.Frente a este panorama, los liberales proponen aplazar las reducciones del impuesto de renta empresarial, que pasarían del 35 % actual al 33 % en 2027 y al 31 % en 2028, así como revisar los cambios previstos en la tributación mínima y al patrimonio.Según cálculos preliminares de la colectividad, mantener las condiciones tributarias actuales en estos tres frentes permitiría preservar alrededor de 11 billones de pesos anuales, en promedio, entre 2028 y 2030. Sin embargo, advierte que estas estimaciones deberán ser verificadas con el Ministerio de Hacienda y la DIAN.Los liberales también expresaron inquietudes sobre el mecanismo EfectIVA, con el que el Gobierno pretende devolver parte del impuesto a los hogares de menores ingresos. Consideran que la compensación podría no llegar de manera suficiente y oportuna a quienes compran en plazas de mercado y tiendas de barrio, donde hay menor acceso a la facturación electrónica.La bancada anunció que llevará estas propuestas al debate legislativo y presentará modificaciones con sus respectivos análisis jurídicos, económicos y fiscales. Su planteamiento es que el ajuste de las finanzas públicas no termine trasladando una mayor carga tributaria a los hogares de menores ingresos.
La preocupación por la situación financiera de los hospitales y clínicas de Santander llevó al gobernador Juvenal Díaz Mateus a hacer un llamado al Gobierno Nacional para avanzar en el pago de las millonarias deudas que las EPS mantienen con las instituciones de salud del departamento.El mandatario se solidarizó con la situación que atraviesa la Clínica FOSCAL, en Floridablanca, que advirtió sobre la posibilidad de iniciar un cierre progresivo de sus servicios si no recibe los recursos pendientes. La institución reporta una cartera cercana a los $600.000 millones, de los cuales aproximadamente el 90 % corresponde a obligaciones de Nueva EPS y del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).Ante este panorama, Díaz pidió a la ministra de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud que se desplacen a Santander para revisar la situación y establecer alternativas que permitan garantizar la sostenibilidad de la red hospitalaria.El gobernador advirtió que las deudas acumuladas de las EPS con las instituciones públicas y privadas del departamento se acercan a los $2 billones. Sin embargo, señaló que el problema no se limita a los recursos pendientes, sino también al bajo nivel de recaudo mensual frente a los servicios que prestan los hospitales.“Si no se les paga a los hospitales del 85 % hacia arriba, estos hospitales no van a ser viables y los santandereanos se van a quedar sin centros de salud donde puedan ser atendidos”, manifestó el mandatario.La situación genera preocupación por las consecuencias que podría tener sobre la prestación de los servicios médicos, especialmente si las instituciones continúan acumulando obligaciones financieras sin recibir los pagos correspondientes.El llamado de la Gobernación busca que el Gobierno Nacional intervenga para agilizar el flujo de recursos hacia los prestadores de salud y evitar que la crisis financiera termine afectando la atención de los pacientes en Santander.
Al menos 12 personas murieron y otras 46 resultaron heridas en dos accidentes múltiples registrados este martes en la autopista Trakia, en el sureste de Bulgaria. En los siniestros estuvieron involucrados cerca de 50 vehículos, entre automóviles, furgonetas y camiones, de acuerdo con el balance entregado por la ministra de Sanidad, Katya Ivkova.Los choques ocurrieron en inmediaciones de la ciudad de Yambol, entre los enlaces de Zimnitsa y Kabile. El primero se registró poco después de las 7:00 de la mañana, en el kilómetro 289, en sentido hacia Burgas. Minutos después, cuando la vía ya estaba bloqueada por los vehículos accidentados, se produjo una segunda colisión múltiple en la calzada contraria, en dirección a Sofía.Las autoridades señalaron que la niebla densa habría reducido la visibilidad y dificultado la circulación. A esto se sumaron las condiciones resbaladizas de la carretera, que habrían complicado las maniobras de los conductores.¿Cómo ocurrió el accidente múltiple en Bulgaria?Según el gobernador regional de Sliven, Mihail Kasherov, el choque inicial se habría producido entre un autobús y un camión que transportaba cereales. Ambos vehículos se incendiaron. El funcionario indicó que más de 70 automotores podrían estar involucrados, aunque el primer balance oficial reportó cerca de 50.Un testigo relató al canal Nova TV que la visibilidad no superaba los 50 metros. También contó que salió de su vehículo para auxiliar a una persona atrapada en un taxi en llamas y que, poco después, escuchó cómo comenzaban a chocar los vehículos de la calzada contraria.Uno de los pasajeros del autobús describió escenas de pánico: “Todas las ventanas estaban rotas, llovían fragmentos de cristal y estábamos amontonados unos encima de otros. Algunos se habían caído, otros estaban heridos y otros atrapados”.¿Qué medidas tomaron las autoridades tras el choque?La autopista Trakia fue cerrada en ambas direcciones para facilitar las labores de rescate y retirar los vehículos. En el operativo participan policías, bomberos, personal sanitario y unidades del Ejército.Los heridos fueron trasladados a centros médicos de la región. Además, dos aviones militares de transporte con equipamiento médico quedaron disponibles en el aeropuerto de Burgas para llevar a pacientes graves a hospitales de otras ciudades, si es necesario.El primer ministro, Rumen Radev, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y anunció la cancelación de su agenda de trabajo tras reunirse con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien también manifestó su solidaridad con Bulgaria.El balance de fallecidos y lesionados es provisional. Las autoridades continúan con las labores de atención e investigan las circunstancias de las dos colisiones.
