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Una de las propuestas más polémicas del presidente electo, Gustavo Petro, es la eliminación de la Procuraduría. Recordemos que el Gobierno Duque le hizo llegar a la Corte Constitucional un concepto en el que le dice que Colombia no está obligada a adoptar el fallo de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), la cual determinó que la Procuraduría, a raíz del caso de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, no puede sancionar a elegidos por voto popular, advirtiendo que solo los jueces tienen esta competencia.
Con esa advertencia, la Procuraduría impulsó una reforma ante el Congreso el año pasado con la que aumentó la planta y le dio facultades de jueces. En este momento, la Procuraduría está sancionando con esa facultad, pero se espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional por una demanda que cuestionó dicha potestad porque viola lo dispuesto por la CIDH.
Es por esto por lo que la Presidencia, el Ministerio del Interior y el de Justicia, defendieron la Ley 2094 de 2021, que les otorgó funciones jurisdiccionales a los procuradores delegados.
El Ministerio Público, en cabeza de Margarita Cabello, también le había solicitado a la Corte Constitucional resolver la demanda que pide tumbar la reforma a la Procuraduría.
“Respetándole la autonomía y la imparcialidad frente a los funcionarios de elección popular, además de la necesidad de hacer unas correcciones a la Ley 1952 o código disciplinario […] es decir, la estructura de la Constitución del país […] para garantizar la ética del servidor público, y ninguna se la dio a un juez penal, esa es la gran disyuntiva, entre cómo armonizar el fallo de la CIDH con la estructura del Estado colombiano, y encontramos que la mejor forma fue como resultó esta ley”, señaló Cabello.
Según el Gobierno, la CIDH dijo que Colombia como Estado tiene el “deber” y no la “obligación” de adoptar disposiciones de derecho interno, por lo que, en este caso, “partir de la interpretación literal para reformar un órgano de control, como lo es la Procuraduría, sería oponerse a la soberanía colombiana”.
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