Una de las propuestas más polémicas del presidente electo, Gustavo Petro, es la eliminación de la Procuraduría. Recordemos que el Gobierno Duque le hizo llegar a la Corte Constitucional un concepto en el que le dice que Colombia no está obligada a adoptar el fallo de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), la cual determinó que la Procuraduría, a raíz del caso de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, no puede sancionar a elegidos por voto popular, advirtiendo que solo los jueces tienen esta competencia.Con esa advertencia, la Procuraduría impulsó una reforma ante el Congreso el año pasado con la que aumentó la planta y le dio facultades de jueces. En este momento, la Procuraduría está sancionando con esa facultad, pero se espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional por una demanda que cuestionó dicha potestad porque viola lo dispuesto por la CIDH.Es por esto por lo que la Presidencia, el Ministerio del Interior y el de Justicia, defendieron la Ley 2094 de 2021, que les otorgó funciones jurisdiccionales a los procuradores delegados.El Ministerio Público, en cabeza de Margarita Cabello, también le había solicitado a la Corte Constitucional resolver la demanda que pide tumbar la reforma a la Procuraduría.“Respetándole la autonomía y la imparcialidad frente a los funcionarios de elección popular, además de la necesidad de hacer unas correcciones a la Ley 1952 o código disciplinario […] es decir, la estructura de la Constitución del país […] para garantizar la ética del servidor público, y ninguna se la dio a un juez penal, esa es la gran disyuntiva, entre cómo armonizar el fallo de la CIDH con la estructura del Estado colombiano, y encontramos que la mejor forma fue como resultó esta ley”, señaló Cabello.Según el Gobierno, la CIDH dijo que Colombia como Estado tiene el “deber” y no la “obligación” de adoptar disposiciones de derecho interno, por lo que, en este caso, “partir de la interpretación literal para reformar un órgano de control, como lo es la Procuraduría, sería oponerse a la soberanía colombiana”.Le puede interesar. Escuche el podcast Fragmentos:
Como nulo declaró el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el decreto en el que se designó como ministro de Interior a Daniel Andrés Palacios Martínez, esto, por considerar que se vulneró la ley de cuotas.La Sección Primera de ese tribunal consideró que, después de la renuncia de Alicia Arango en septiembre de 2020, el presidente, Iván Duque, debía nombrar a una mujer en el gabinete. Así se evidencia en el texto de la decisión.“De modo que, con el Decreto 033 del 12 de enero de 2021, por el cual el presidente de la República nombró al señor Daniel Andrés Palacios Martínez, como ministro del Interior, se disminuyó la participación de las mujeres en los Ministerios, ya que, con los 5 cargos ocupados por mujeres, a la fecha de su expedición, representan menos del 30 %, incumpliendo con los mínimos exigidos en el artículo 4° de la Ley 581 de 2000, pues al haber nombrado a un hombre mediante el acto acusado, se contaba con menos del 30 % de participación de la mujer en el gabinete ministerial”, se lee en el documento.Para febrero de 2021, momento de la demanda, el gabinete del presidente Iván Duque estaba conformado por cinco mujeres: Karen Abudinen, Claudia Blum, María Victoria Ángulo, Ángela María Orozco y Mabel Gisela Torres.“En consecuencia, se accederá a la pretensión de nulidad del Decreto 033 del 12 de enero de 2021, por las consideraciones expuestas en precedencia y, se ordenará al presidente de la República para que, al hacer un nuevo nombramiento, este cumpla con las disposiciones de la Ley 581 de 2000, pues está obligado a nombrar, al menos el 30 % de los cargos de máximo nivel decisorio en los Ministerios, a mujeres”, añade el texto del tribunal.Este mismo tribunal ya ha tumbado la designación de Diego Molano como ministro de Defensa y de Víctor Muñoz como director Administrativo de la Presidencia.Le puede interesar. Escuche el podcast Prueba Beta:
El presidente electo, Gustavo Petro, se reunirá este jueves 23 de junio por primera vez con el mandatario saliente, Iván Duque, después de las elecciones presidenciales del pasado domingo.El presidente Duque calificó el encuentro como un proceso de transición de empalme, “armónico, pacifico, que permita compartir todas las políticas publicas”.Sin embargo, mostró reparos frente a la solicitud del presidente electo de suspender la compra de aviones para instituciones públicas.La reunión de empalme entre el presidente electo y saliente esta programada para las 5:30 de la tarde en la Casa de Nariño, será la primera entre Petro y Duque, quien tuvo al mandatario electo como líder de la oposición tras haberle ganado, precisamente, las elecciones presidenciales de 2018.Petro designó en el comité de empalme al director programático del plan de gobierno de la campaña de Petro, Daniel Rojas; la politóloga y médica Carolina Corcho, y el exsenador Mauricio Lizcano.En la contraparte, el comité de empalme del gobierno Duque está conformado por el actual ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, la jefa de gabinete de Presidencia, María Paula Correa; el director del Departamento Administrativo de Presidencia, Víctor Muñoz, y a la directora de Planeación, Alejandra Botero.Escuche el podcast El Camerino:Le puede interesar:
BLU Radio conoció en primicia que el pasado 15 de marzo, el equipo de la Fiscalía que investiga la ‘ñeñepolítica’ realizó una inspección en el Consejo Nacional Electoral (CNE) con el fin de recolectar pruebas necesarias para tomar próximas decisiones la investigación.Un equipo del CTI de la Fiscalía hizo la inspección en la que recolectaron algunas de las pruebas que practicó el CNE en medio el proceso que terminó en octubre del año pasado, con el archivo de la investigación que adelantaba contra el entonces candidato y hoy presidente Iván Duque.Fuentes de BLU Radio confirmaron que dentro de las pruebas recaudadas está, por ejemplo, la resolución 7823 del 28 de octubre de 2021, en la que el CNE archivó el proceso. Además, recaudaron información de algunos aportantes que fue remitida por Coljuegos, Colombia Compra Eficiente y el Departamento Administrativo de la Función Pública.En medio de la investigación, la Fiscalía ha realizado inspecciones a la Corte Suprema de Justicia, la Registraduría y al partido Centro Democrático. Incluso, el gerente de la campaña del presidente Duque aportó la documentación de la financiación de la misma.Por otro lado, se han recibido las declaraciones juradas de Luis Guillermo 'Luigi' Echeverri, gerente de la campaña del Duque; Priscila Cabrales, asesora del Centro Democrático; Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático; Alicia Arango, ministra del interior y jefe de debate de la campaña; los representantes a la Cámara Juan Manuel Daza y Alfredo Cuello Baute, Flavia Santoro, presidenta de Procolombia y quien hizo parte del comité financiero de la campaña del jefe de Estado y del médico vallenato Faruk Urrutia, entro otros.Cabe recordar que la investigación inicia por los primeros audios que se conocieron entre el ‘Ñeñe’ Hernández y Cayita Daza, en los que se habla de “conseguir dineros por debajo de la mesa para soltarlos en los departamentos”, a lo que el ‘Ñeñe’ responde: “Me mandó Iván Uribe para Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao; tenemos que ganar en la Guajira”.
Durante el taller Construyendo País, el presidente Iván Duque, anunció el remplazo del ministro de Vivienda Jonathan Malagón, quien presentó su renuncia hace unas semanas al jefe de Estado luego de ser nombrado como jefe de esta cartera hace tres años.“Quiero anunciar que la nueva ministra de Vivienda de Colombia, es la doctora Susana Correa. Y doctora Susana, usted sabe que tenemos una tarea pendiente, usted la viene desarrollando con lujo, que es la reconstrucción de Providencia y así que estaremos estas semanas en ese proceso que usted, casi en una disciplina militar, día mañana y noche para sacar adelante ese proceso y le deseamos muchos éxitos en ese camino”, aseguró el presidente Duque.Malagón se retira del Ministerio de Vivienda porque emprenderá unos proyectos personales y académicos.“Nos retiramos Nathaly y yo, para hacer frente a uno de los retos más importantes retos como familia, estamos esperando nuestro primer bebé, José Gabriel. Ahora me dedicaré algunas actividades académicas, a otros retos profesionales pero fundamentalmente al más importante de los cargos… a cambiar pañales”, expresó el saliente ministro de Vivienda Jonathan Malagón.Malagón sale agradecido al presidente la oportunidad de trabajar con ´él en el Ministerio de Vivienda por más de tres años.El remplazo de Malagón será la, hasta ahora, directora de Prosperidad Social Susana Correa; quien también está en el proceso de reconstrucción de la isla de San Andrés y Providencia luego del paso del huracán Iota.Escuche el Podcast “Zorros y Erizos”:
El presidente de Colombia, Iván Duque, ya se encuentra en Washington para adelantar este jueves el esperado encuentro con el presidente estadounidense, Joe Biden, una cita considerada "trascendental" por el Gobierno colombiano.El presidente Duque será recibido por Biden en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en lo que será la primera reunión bilateral de ambos.En la agenda figuran asuntos como lo que ha definido la Presidencia de Colombia como la "defensa de la democracia".El encuentro Duque - Biden se produce tan solo días después de que Washington reconociera que una delegación estadounidense de alto nivel viajó a Caracas el pasado fin de semana para sostener encuentros con el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sobre "seguridad energética" en medio de la escalada de precios del petróleo por la guerra en Ucrania.El Gobierno de Duque, que lidera la oposición en América Latina al régimen de Maduro, al que no reconoce y con el que no tiene relaciones diplomáticas desde febrero de 2019, no se ha pronunciado sobre ese acercamiento.En la agenda del encuentro también están contemplados la lucha contra el narcotráfico, la crisis migratoria venezolana, el cambio climático, la transición energética, la reactivación económica, la profundización del comercio y la inversión bilateral, así como el apoyo a la Paz con Legalidad, nombre dado por el Gobierno a la aplicación del acuerdo de paz con las Farc.Acompañan al presidente Duque en esta visita la canciller y vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, y los ministros de Defensa, Diego Molano; Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, y Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, así como por la jefa de Gabinete, María Paula Correa, y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón.
Como era de esperarse, después del anuncio del presidente Iván Duque sobre su participación en las consultas interpartidistas del próximo 13 de marzo, las directivas de la colectividad confirmaron que no habrá sanciones para él ni para ninguno de los militantes y congresistas que también saldrán a votar en esos comicios.“No hay sanciones, no hay procesos y no hay nada que estemos cuestionando”, precisó Nubia Stella Martínez, directora de la colectividad, al tiempo que insistió en que el partido mantiene su apoyo a la candidatura de Óscar Iván Zuluaga, quien se inscribirá el próximo jueves, 10 de marzo, junto a su fórmula vicepresidencial, Alicia Eugenia Silva.“Fue aclamado por la convención de su partido, además es quien tiene toda la legitimidad para manejar este tema”, señaló.“Faltaba más que yo vaya a decir qué va a pasar con el presidente Iván Duque”, agregó Martínez sobre la pregunta puntual de la declaración pública hecha por el primer mandatario.Por último, Alicia Eugenia Silva, fórmula de Zuluaga, manifestó que “para votar nadie pide permiso, en ningún lugar”.Si bien la directora y el candidato Zuluaga se negaron a responder si esto significaría entonces que sus militantes y bancada de congresistas quedan en libertad, en las últimas horas se han conocido más voces del uribismo que han hecho oficial su respaldo a aspirantes del Equipo por Colombia, entre ellos, el representante Edward Rodríguez, quien respaldará al exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez.Le puede interesar: El 'Man', con Alberto Linero
En Colombia, varios funcionarios del Estado tienen pasaportes diplomáticos en razón al cargo que ostentan, mientras se encuentran en funciones. Entre ellos se cuentan el presidente, así como sus hijos, así como ministros, el fiscal, el contralor y magistrados de las altas cortes, entre otros. En total, son 37 dignidades.Las ventajas del pasaporte son varias, entre ellas un trato preferente en los aeropuertos del mundo para los protocolos de seguridad y las filas que los pasajeros deben hacer. La Cancillería también le ofrece el beneficio a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, misiones diplomáticas, cardenales y al arzobispo primado.La mayoría de estas personas pierden ese estatus diplomático cuando dejan sus cargos. Sin embargo, desde hace mucho tiempo el Estado colombiano se reserva el derecho de otorgarle ese Pasaporte Diplomático a algunas dignidades después de que salen del cargo.Antes de que empezara el gobierno de Iván Duque eran 16, sin embargo, a través de tres resoluciones, en el actual periodo presidencial se han modificado partes de la regulación de los pasaportes y los documentos de viaje, en la que se encuentra, claro está, el tema de los pasaportes diplomáticos.La resolución 656 del 2021 sumó cuatro cargos más con derecho a pasaporte diplomático, a saber: exjefe de gabinete (María Paula Correa), exdirector del Dapre (Víctor Muñoz) y expresidente del Colegio Nacional Electoral (Doris Ruth Méndes).La última resolución que modifica la regulación de pasaportes firmada por la canciller Marta Lucía Ramírez es la 6888 de noviembre del 2021 y deroga las disposiciones de las dos resoluciones anteriores.Los portadores de estos pasaportes diplomáticos tienen acceso especial a las filas de migración en los aeropuertos y no los pueden retener o arrestar. Es decir, cuentan con una suerte de inmunidad por su estatus diplomático.BLU Radio requirió a la Cancillería para consultar las razones para incluir los nuevos cargos y saber si dichos beneficios serán vitalicios. No obstante, el Ministerio de Relaciones no respondió a las preguntas al momento de publicarse esta información.
El expresidente Álvaro Uribe hizo un corte de cuentas al saliente gobierno, a menos de seis meses de que haya relevo en la Casa de Nariño. El exmandatario expresó su desacuerdo con críticas que, aunque dijo son respetuosas con Iván Duque, evidencian que hay inconformidad de su parte frente al manejo de la seguridad y la reducción del gasto, entre otros asuntos.“Cosas que faltan y uno las tiene que reconocer, con todo respeto por el Gobierno. Hay una gran queja en seguridad, de narcotráfico, de microtráfico, no se ha avanzado en el tema de reducir el Congreso, de hacer una eliminación de entidades innecesarias del Estado”, puntualizó el jefe del Centro Democrático, al que también pertenece Duque.Le puede interesarUribe también habló de la necesidad de tramitar una reforma constitucional que sea promovida por el Gobierno para retomar las fumigaciones aéreas con glifosato y que esté acompañada de una “política de sustitución o de cuidadores ambientales”, para avanzar en temas de seguridad y no permitir que siga consolidándose el que llamó “imperio criminal”.Sin embargo, esa posibilidad parece poco probable, no sólo por el poco ambiente que hay en el legislativo para tramitar la propuesta, sino especialmente porque ya se han quedado sin tiempo para sacar adelante este tipo de iniciativas, en la recta final del actual Congreso y con un proceso electoral en marcha.“Son temas en los cuales uno tiene preocupación y los expreso con franqueza y con aprecio por el presidente Duque”, concluyó.Escuche: ¿Por qué las dietas no funcionan? con Patricia López
En su discurso ante el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo, el presidente Iván Duque habló acerca del Estatuto de Proteccion Temporal para migrantes venezolanos, lo que le valió aplausos por el interés hacia los ciudadanos del vecino país.Duque pidió a los 705 representantes del bloque de 27 países que los giros de la ayuda para la atención de migrantes sean más rápidos. “La velocidad entre los compromisos y los desembolsos muestra un grande abismo”, sostuvo.“Es necesario acelerar los desembolsos de las mesas de donantes para acompañar los esfuerzos de todas las naciones. No son recursos que pedimos para nosotros, sino para los migrantes y la velocidad de los desembolsos significa también la confianza permanente en la cooperación dinámica que se requiere”, agregó el mandatario.Según Duque, es necesario que la comunidad internacional siga actuando unida para que cese la causa de esa migración que es la “dictadura oprobiosa” de Nicolás Maduro, que día a día “genera más deterioro del tejido social” en Venezuela.Le puede interesar: El 'Man', con Alberto Linero
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.