La Nación debe pagar $2.500 millones a familias víctimas de falsos positivos

El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar más de 2.500 millones de pesos a los familiares de tres jóvenes de Cali (Valle) víctimas de un caso de los denominados como ‘falsos positivos’ que ocurrió en la vereda Potrerillos, jurisdicción de Ibagué (Tolima). El asesinato de José Never Ramos Henao, José Yiner Enriquez y Gerardo Antonio Moreno González ocurrió el 28 de febrero de 2008 cuando fueron conducidos con engaños de un desmovilizado de la guerrilla del ELN, quien los contactó en un barrio de la capital vallecaucana. El subversivo los invitó a desenterrar una guaca en la que el dueño de una finca supuestamente escondía un dinero bajo la promesa de compartir el botín. Sin embargo, al llegar el lugar estaba ocupado por uniformados del Ejército, quienes los atacaron con armas de fuego. De acuerdo con las investigaciones los militares presentaron a los jóvenes como integrantes de grupos del crimen organizado sospechosos de preparar un plan para secuestrar al dueño del inmueble. Vea además: Finaliza en Corte-IDH audiencia contra Estado colombiano por falsos positivos. A pesar de que los militares aseguraban que en el lugar se había registrado un enfrentamiento con estos jóvenes, el Consejo de Estado concluyó que ese escenario era improbable y que las víctimas habían muerto por disparos producidos a muy corta distancia. Para la Sala, tampoco quedaba demostrado que las personas muertas hubieran estado tras el secuestro del dueño de la finca, ni que pertenecieran a grupos armados ilegales. El Consejo de Estado ordena también que se realice un acto de perdón público en el barrio ‘Los Chorros’ en Cali, de dónde eran oriundos los jóvenes, quienes se dedicaban a la venta de ropa y zapatos. Este acto deberá estar encabezado por el Ministerio de Defensa, del Batallón de las Fuerzas Militares y del Batallón de infantería No 18. CR Jaime Rooke al que pertenecían los militares.