La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) estableció un esquema de garantías para concluir la investigación administrativa que adelanta contra Avianca, Viva Colombia y Viva Airlines Perú. La entidad accede a la terminación de la investigación si los compromisos que asumen los investigados generan mayores beneficios para la competencia y los consumidores en comparación con lo que se lograría mediante una sanción.
Las garantías comprenden una serie de obligaciones a cargo de Avianca, Viva Colombia y Viva Perú. Las tres empresas mencionadas deben actuar de manera independiente en el mercado. Esto implica que las aerolíneas no tengan actuaciones conjuntas o coordinadas, garantizando la ausencia de influencia competitiva entre ellas y que no intercambien información estratégica, confidencial o sensible. Además, deben remover de sus cargos de manera inmediata y definitiva a todas aquellas personas que puedan generar vínculos entre Avianca, Viva Colombia y Viva Perú.
Igualmente, como condición para terminar anticipadamente la investigación, deben compensar a los pasajeros que pudieron resultar afectados por la suspensión de operaciones de Viva Colombia y Viva Perú. Deben expedir un voucher por el 150 % del valor total del tiquete que podrá ser redimido en esas aerolíneas, prestando el servicio en las condiciones inicialmente pactadas o reembolsando el total del dinero pagado.
"En caso de disolución y liquidación de cualquiera de las aerolíneas investigadas, el esquema de garantías se mantendrá vigente y será exigible respecto de las demás investigadas que continúen desarrollando su objeto social", se lee en el documento.
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Adicionalmente, deben implementar programas de cumplimiento orientados a prevenir que Avianca, Viva Colombia y Viva Perú incurran en conductas anticompetitivas, así como la elaboración de informes semanales por parte de un auditor independiente para verificar el cumplimiento de las garantías.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en el esquema de garantías conlleva a la imposición de multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
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