La UNP comprará mulas para indígenas protegidos: esta es la explicación de su director

La Unidad Nacional de Protección (UNP) adjudicó un contrato por 2.733 millones de pesos para la compra de mulas y bastones de mando destinados a comunidades indígenas en Colombia. La medida, que ha generado debate en la opinión pública, fue explicada por el director de la entidad, Augusto Rodríguez, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu.Según Rodríguez, la decisión no es nueva ni improvisada, sino que hace parte de la ruta colectiva de protección, un mecanismo que busca salvaguardar a comunidades completas en territorios donde los esquemas tradicionales —como vehículos blindados y escoltas— no son viables.“No son burros, sino mulas, y eso se viene haciendo justamente desde que nació la ruta colectiva de protección. Estamos protegiendo seres humanos en los lugares más difíciles del país”, aclaró el funcionario.¿Qué es la ruta colectiva de protección?La UNP distingue entre dos modalidades de protección: la ruta individual, dirigida a personas en riesgo particular, y la ruta colectiva, aplicada a comunidades vulnerables que habitan en zonas rurales con presencia de economías ilegales y grupos armados.En la ruta individual, explicó Rodríguez, se utilizan vehículos blindados, escoltas armados y chalecos de seguridad. Mientras tanto, la ruta colectiva implica la articulación de diversas instituciones del Estado para atender las necesidades de protección en comunidades completas.“Tenemos cerca de 600.000 personas cubiertas con la ruta colectiva. En territorios donde no hay vías, lo que hay son ríos; allí dotamos a las comunidades de lanchas. En zonas montañosas, entregamos mulas que permitan transportar productos o personas enfermas”, sostuvo el director de la UNP.¿Por qué mulas y bastones de mando?El contrato más reciente incluye la adquisición de mulas equipadas y bastones de mando, elementos simbólicos y prácticos que, de acuerdo con Rodríguez, fortalecen la autonomía y la capacidad de resistencia de las comunidades.El uso de mulas responde a la falta de infraestructura vial en departamentos como Cauca, Nariño, Chocó y Putumayo, donde las comunidades enfrentan el acoso de grupos armados ilegales.“Cuando las personas pueden sacar sus productos a la comercialización, se genera valor en los territorios, distinto a las economías ilegales. Eso es protección integral. No se trata solo de poner un guardaespaldas, sino de garantizar la vida y la permanencia en el territorio”, explicó. Respecto a rumores sobre dispositivos de rastreo, Rodríguez desmintió categóricamente: “No, absolutamente no. No se les pone GPS a las mulas. Esa es una narrativa para ridiculizar la protección colectiva”.Un concepto distinto de seguridadSegún Rodríguez, la protección colectiva va más allá de la seguridad física inmediata. Incluye condiciones de desarrollo social, educativo y de salud, aspectos que las comunidades priorizan en los diálogos con la UNP.“El concepto de protección en los territorios es distinto al urbano. Allá nos piden escuelas, centros de salud o comunicación, no caravanas de vehículos blindados”, señaló Rodríguez. El funcionario recordó que este esquema se encuentra respaldado por decretos oficiales, como el 1066 de 2015 y el 2078 de 2017, que facultan a la UNP para coordinar con otras entidades del Estado.Aunque la medida ha generado cuestionamientos por parte de algunos sectores que consideran que la compra de mulas no guarda relación con la misión de la UNP, Rodriguez señala que responde a un modelo de seguridad adaptado a contextos rurales. La discusión se centra en el alcance de la Unidad Nacional de Protección, que tradicionalmente ha estado asociada con esquemas urbanos de seguridad, pero que en territorios étnicos y campesinos requiere soluciones diferenciadas.