El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, alertó sobre los riesgos que traerá la ley 111 de 2023, que regula el uso de vehículos de movilidad eléctrica en Colombia, al considerar que fue aprobada con "tres micos" que pondrán en riesgo a los usuarios de ciclorrutas y beneficiarán a importadores que venden motos eléctricas sin los requisitos legales.
En entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, Quintero criticó que la ley, impulsada por el senador Julio Elías Vidal, autoriza la circulación de vehículos motorizados en ciclorrutas, incluyendo motos eléctricas, sin que sea obligatorio contar con licencia de conducción, SOAT o placa.
“El senador dice que antes de su ley no existía ninguna reglamentación, eso es falso. Está la resolución 160 de 2017, que establece dos categorías y deja claro qué puede y qué no puede ir en ciclorruta. Solo están permitidas las bicicletas, tradicionales o con pedaleo asistido”, explicó el concejal.
Según Quintero, la ley fue modificada en los últimos debates y allí se introdujeron los "micos" que hoy generan la polémica: la posibilidad de que motos eléctricas circulen por ciclorrutas, el aumento de la velocidad permitida hasta 40 km/h y la exoneración de obligaciones como el SOAT y la matrícula para ciertos vehículos.
“Se venía trabajando en una reglamentación seria para reconocer que hay otros actores viales, como patinetas o patines eléctricos, pero el senador no estudió lo que ya existía y salió a decir que cualquier cosa puede andar en ciclorruta siempre que no pase de 25 km/h. ¿Y cómo se controla la velocidad en una bicicleta? Imagínese una moto eléctrica arrollando un niño, sería potencialmente fatal y además sin SOAT”, advirtió.
El concejal también cuestionó los parámetros técnicos de la ley, especialmente en lo relacionado con la potencia de los vehículos. "En el artículo 2 hablan de permitir vehículos de hasta 100 vatios en ciclorrutas, pero en países como Estados Unidos el límite es de 700 vatios. Lo que el senador está permitiendo es mucho mayor a lo establecido en el mundo", aseguró.
Para Quintero, la norma, lejos de proteger a los usuarios de la vía, beneficia a ciertos importadores que venden motos eléctricas sin cumplir con las exigencias legales. “Las tiendas venden estas motos eléctricas sin SOAT, sin placa ni licencia y el senador está legalizando esa ilegalidad. Eso genera una competencia desleal y mete elementos de riesgo al mercado”, concluyó.
El concejal pidió que la ley sea objetada y que se abra un debate técnico y transparente sobre la movilidad eléctrica, "pero con expertos y sobre la mesa, no con improvisaciones que pueden terminar costando vidas".