La Instancia Especial de Alto Nivel de los Pueblos Étnicos de Colombia presentó su informe sobre la implementación de los acuerdos de paz en estos cinco años, especialmente, del capítulo étnico en el cual aseguran que no ha habido mayores avances.
Durante la presentación del informe se entregó un balance sobre las garantías y seguridad que tienen las diferentes comunidades étnicas, entre algunos datos, explican que desde la firma del acuerdo al menos 79 excombatientesindígenas y afro han sido asesinados, explicando que, antes de acabarse, el conflicto se ha recrudecido.
Los avances en la implementación han sido escasos y actualmente, con el recrudecimiento de la violencia en los territorios y los efectos de la pandemia COVID-19, las cifras muestran un panorama poco alentador en su necesaria y debida implementación
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Sin embargo, también hicieron unas propuestas que, para ellos, podrían ayudar a que la implementación del capítulo étnico del acuerdo pueda avanzar.
Una de las propuestas va dirigida al partido Comunes, más especialmente a la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo (CSIVI) para que puedan coordinar acciones que permitan hacer seguimiento a la implementación.
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Por otro lado, también le propusieron al Gobierno Nacional tener un mecanismo de seguimiento, impulso y verificación con las instituciones del Estado para que haya una interlocución directa y permanente que permita hacer seguimiento a los seis puntos del acuerdo, permitiendo así una participación más activa de las comunidades étnicas.
Las comunidades indígenas mostraron preocupaciones en los seis puntos del acuerdo. Sobre el punto de la reforma rural integral manifiestan que de las 3.000.000 de hectáreas que se deben entregar a los pueblos étnicos solo se han entregado el 1 %.
“Es necesario materializar la voluntad política de avanzar en el cumplimiento y de tener en total funcionamiento la subcuenta de tierras, que permita concretar los derechos de la propiedad colectiva de los diferentes pueblos étnicos y demás sujetos”, afirman.
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Sobre el segundo punto, la participación política, aseguran sentir que el Gobierno no les brinda las garantías necesarias y piden esquemas de seguridad de protección colectivos.
“A la fecha no se ha logrado avanzar de forma comprometida con la adecuación normativa restante y necesaria para garantizar el cumplimiento de los pilares y estrategias correspondientes al punto 2”, explican.
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Sobre el fin del conflicto las comunidades étnicas consideran que lo más difícil ha sido la seguridad de excombatientes y líderes de comunidades étnicas: “además de responder al riesgo mediante la adopción de medidas individuales y colectivas en proporción a la realidad de los casos, igualmente requiere reforzar las ya existentes, incluyendo a las guardias indígenas, cimarronas y la consolidación de las alertas tempranas propias con el fin de dar valor a la diversidad cultura”.
Sobre la solución al problema de las drogas ilícitas resaltan la falta de información que hay frente al tema, asegurando que no hay información detallada sobre el tema o que hay algunos datos inconsistentes.
“Esta información, sin embargo, está siendo reproducida como parte de indicadores de cumplimiento por las instituciones, lo que alerta sobre el impacto de estas inconsistencias en la percepción de la implementación”, expresan.
Mientras que sobre el punto cinco resaltan que han tenido algunas dificultades en estos años para acceder al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.
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Lo expuesto anteriormente los lleva a concluir, en el punto 6, implementación, verificación y refrendación, que “el proceso de la implementación del acuerdo le ha dispensado poca atención al tema étnico y a la Instancia”.
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