BLU Radio conoció en exclusiva la esencia del proyecto que propuso el Gobierno Nacional para reformar a la justicia, luego de ser consultado con las altas cortes, la Fiscalía y la representación de jueces y funcionarios de la rama judicial.
Dentro del articulado el proyecto contemplaría “prohibir las tutelatones”, para evitar la manipulación de la acción de tutela y que generen más congestiones para los jueces.
“Solamente podrán interponer una acción de tutela el titular del derecho afectado, su representante legal, su apoderado o agente oficioso cuando no pueda interponerla directamente. Las acciones de tutela interpuestas por otras personas deberán ser rechazadas de plano y no serán objeto de selección por la Corte Constitucional”, dice el texto que puede consultar en su integridad aquí:
En esa misma línea el proyecto contemplaría que las acciones de tutela contra providencias judiciales deberán interponerse ante el superior de la institución accionada únicamente y tendrán plazos fijos para establecerlas.
Por ejemplo, la tutela contra providencias judiciales de una Sala de la Corte Suprema de Justicia¸ de una Sección del Consejo de Estado o de la Sala Plena del Consejo de Estado, deberá interponerse ante la Sala Plena de la respectiva Corporación
, en única instancia y en ningún caso podrán transcurrir más de treinta días entre la solicitud de tutela y su resolución”.
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En todo caso el fallo de tutela podrá ser seleccionado por la Corte Constitucional con el objetivo de garantizar derechos fundamentales.
En cuanto a la administración judicial el Gobierno propone aumentar a 25 años la experiencia en cargos de la rama judicial para ocupar el cargo de magistrado de Colombia y se aumentará su periodo a 12 años.
No obstante, “Una vez terminado su periodo, los magistrados elegidos después de la promulgación de este acto legislativo no podrán litigar directa o indirectamente ante la jurisdicción en la cual fueron elegidos ni ser elegidos para cargos de elección popular”.
El proyecto propondría eliminar las facultades electorales de los magistrados, es decir, no participarán en la elección del registrador Nacional y será elegido por el Congreso en Pleno mediante un concurso de méritos.
Tampoco los magistrados participarán en la elección de contralor General, quien será elegido por el Congreso por un periodo de dos años por concurso de méritos realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil.
De igual forma la eliminación de la participación de las Altas Cortes en la elección del Procurador General de la Nación, quien será elegido por el Senado por un proceso de concurso de méritos de la lista de elegibles por medio de una convocatoria pública.
La reforma también contempla la eliminación de la participación de las Altas Cortes en la elección de los magistrados de la
Corte Constitucional y será elegido por el Senado de la República por un proceso de concurso de méritos.
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La única facultad de elección que se conserva es la de seleccionar al Fiscal General de la Nación quien será elegido por la Corte Suprema de Justicia mediante concurso de méritos y “Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia”.
Eliminación de la Judicatura
En este sentido se propone retomar la idea de un organismo gestor, el cual en todo caso garantice la independencia judicial, como es la Dirección de la Administración de Justicia.
“El Director de la Administración Judicial será elegido por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado por convocatoria pública”.
También el proyecto propone crear al Colegio Nacional de Abogados que “le corresponde llevar el registro nacional de abogados e investigar y sancionar las faltas disciplinarias de los abogados en el ejercicio de su profesión, de conformidad con la ley”.
No obstante, mientras entra en funcionamiento el Colegio Nacional de Abogados, la función disciplinaria de los abogados será ejercida por la Procuraduría General de la Nación.
Eliminación de las contralorías, departamentales, municipales y distritales.
La vigilancia fiscal en departamentos, municipios y distritos quedará a cargo de la Contraloría General de la República.
“Esta descentralización también hace que cada contraloría funcione como ente independiente y que en muchas regiones no cuente con el personal suficiente para hacer investigaciones”.
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Descongestión judicial
La Reforma propone otorgar facultades excepcionales con funciones jurisdiccionales a abogados en ejercicio como medida transitoria por un periodo de 5 años prorrogables con fines de descongestión judicial.
“La ley establecerá los requisitos que deben cumplir los abogados para ejercer estas funciones, así como los eventos en que deben ser asumidas como condición obligatoria no remunerada para el ejercicio de la profesión”.
De igual forma propone que para la descongestión judicial se creen la “justicia comercial”, es decir, “una especialidad jurisdiccional que, haciendo parte de la justicia ordinaria, conozca de las controversias originadas en actos de comercio o a las que les resulte aplicable el Código de Comercio”.
En todo caso el gobierno nacional advierte que la inseguridad jurídica representa inconvenientes para la ejecución de proyectos y objetivos de la Nación y por ello la necesidad de reformar a la justicia.
“A efectos de organizar la legislación vigente, facúltese al gobierno nacional, por el término de un año, prorrogable por otro más, para compilar temáticamente la legislación vigente”.
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