Entre enero y marzo de 2020 se conocerá si el nuevo director de Cormacarena, Andrés Felipe García Céspedes, y el gobernador electo del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, enfrentarán pliegos de cargos por parte de la Procuraduría por la modificación del POT de Villavicencio en 2015.
El pasado 20 de noviembre. García Céspedes fue elegido nuevo director de Cormacarena (Corporación Autónoma Regional del Meta), entidad que maneja un presupuesto que supera los 32 mil millones de pesos al año y vigila 29 municipios de ese departamento.
Y aunque la elección de estos directores siempre ha sido cuestionada por tratarse de cargos más políticos que técnicos, el de Cormacarena tiene un ingrediente: Andrés Felipe Garcia Céspedes fue director de Ordenamiento Territorial de Villavicencio durante la administración del electo gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. Es decir, ambos fueron los responsables de la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Villavicencio plasmado en el Acuerdo 287 de 2015.
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Las modificaciones fueron investigadas por la Procuraduría General de la Nación ya de acuerdo con denuncias, en ese nuevo POT se devolvían a rural predios que ya eran suburbanos y se sumaban a expansión urbana predios alejados del casco urbano de Villavicencio, donde no existía conectividad de servicios públicos y en los cuales llevar redes de servicios públicos costaría miles de millones al municipio sin razón justificable.
Las denuncias radicadas en 2015 dan cuenta de que, existiendo 2.58 hectáreas de suelo urbano, o sea suelo donde ya se puede construir, se adicionaron al suelo urbano 1.809 hectáreas de tierra o sea 18.090.000 metros cuadrados de tierra que incrementaron su valor con el POT.
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Pero no solo eso, a las 3.335 hectáreas de suelo de expansión urbana, o sea suelo que pasa de rural a suelo de expansión, donde se pueda construir, le incrementaron 1.862 hectáreas o sea 18.620.000 metros cuadrados que incrementaron también su valor.
Lo más grave es el daño ambiental. De acuerdo con la denuncia, nunca se tuvo en cuenta el riesgo sísmico y de inundaciones que pudiera tener ese cambio, Esto no fue contemplado en la modificación de ese POT porque tuvieron en cuenta un estudio de Ingeominas de 2002, el cual tenía 13 años de antigüedad.
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Adicionalmente, el cuestionado POT de 2015 ubicó la zona de tolerancia en el Barrio San Benito de Villavicencio, donde hay aproximadamente 14 colegios y viven 500 familias.
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Por todo lo anterior, la Procuraduria General le abrió investigación a saliente directora de Cormacarena, Betsy Giovana Barrera Murillo, así como a Guillermo Zuluaga Cardona, actual gobernador del Meta, además de a Andrés Felipe Garcia Céspedes elegido director de Cormacarena y a los 19 concejales de la capital del Meta para el periodo 2012 -2015, quienes modificaron el Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio y que fueron denunciados por considerarse esta modificación uno de los más grandes volteos de tierra en el departamento.
Pese a esta investigación, Zuluaga fue elegido gobernador del Meta y García es el nuevo director de Cormacarena. Entonces, ¿quién vigila y concerta ambientalmente los POT de 29 municipios del departamento?, ¿los ratones cuidando el queso?
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En la Procuraduría ya terminó la etapa de investigación y se espera que en los primeros meses de 2020 se decida, o la formulación de pliego de cargos, o el archivo de la investigación.
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