Más de 1.500 trabajadores en vilo por proceso suspendido por Consejo de Estado
Fueron elegidos para cargos en más de 15 entidades, pero el Consejo de Estado decidió suspender el proceso de mérito.
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La convocatoria 428 de 2016 decidió abrir un proceso para nombrar más de 1.500 cargos en 18 entidades del Estado, entre las que están los ministerios de Trabajo, TIC y Justicia, además el Invima, el Servicio Público de Empleo y otras más, para remplazar cargos provisionales que no tuvieron concurso público y que fueron entregados por los directores de las instituciones por no tener a nadie más disponible en los cargos.
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El proceso quedó en manos de la Comisión Nacional de Servicio Civil que desarrolló los exámenes y llevó a cabo cada una de las etapas de la selección.
En mayo del 2017 se realizaron exámenes a los aspirantes y a los nombrados en provisionalidad para que a partir de los resultados de su evaluación se designaran los cargos en firme.Se presentaron alrededor de 3.000 personas a los exámenes y quedaron elegidos más de 1.500 en una lista que se conoció en agosto.
Sin embargo, el Consejo de Estado recibió varias demandas de las personas dentro de las entidades que perdieron el concurso y consideraron que los exámenes estaban viciados. Uno de esos casos sucedió en el Servicio Público de Empleo en donde más del 90% de los funcionarios no aprobaron la evaluación.
Finalmente, el alto tribunal decidió suspender el concurso, aun cuando ya estaban en firme las listas de elegibles, y el pasado 6 de septiembre falló notificándole la decisión a la Comisión.
Estefanía Arévalo quedó elegida en el puesto número uno para un cargo en la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, pero asegura que, a pesar de sus resultados, la entidad no la ha querido nombrar.
“Esto ya ha causado una crisis porque muchas personas viajaron a las ciudades en donde están las entidades porque habían sido elegidas. Pero no las han querido nombrar. En mi caso yo tengo otro trabajo y mi situación no es tan delicada pero tengo muchos compañeros que no tienen más sustento y esto es algo que el Estado va a tener que resolver de una u otra manera”, explica la abogada Arévalo.
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Afirma que este es un mal precedente para el Consejo de Estado. “Esos cargos son políticos, los de provisionalidad, y es muy mal visto que el Consejo de Estado no esté actuando para incentivar el mérito y los concursos justos basados en el conocimiento”, asegura.
El conflicto ya está dado entre quienes aprobaron los exámenes, pues aseguran que el Tribunal está violando su derecho a ser nombrados, y los actuales funcionarios que argumentan que las pruebas no se realizaron correctamente y con garantías.
Lo cierto es que la lista de elegibles fue publicada y las demandas contra el Estado podrían ser cuantiosas si no se nombran los cargos que ya fueron aprobados por la Comisión de Servicio Civil.
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