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Ximena Monroy tuvo un arranque de año soñado: el 2 de enero firmó un contrato de prestación de servicios por 90 millones de pesos con el Ministerio de Justicia. Esa misma semana firmó otro contrato por $102 millones con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y a mediados de mes firmó un tercer contrato con la Superintendencia de Industria y Comercio.
Al cierre de enero Monroy tenía en total tres contratos con distintas entidades el Gobierno nacional, que en total suman 215 millones de pesos.
Su caso no es el único. En el registro del Secop se encuentran a otras tres personas con tres contratos cada una: Cristhian Alejandro Caycedo, quien tiene contratos por 201 millones de pesos; Luz Angélica Sierra, con contratos por 296 millones de pesos, y Samuel Cardona, con contratos por 171 millones de pesos.
Además, los datos permiten identificar a 198 personas que firmaron dos contratos de prestación de servicios, cada una. Nueve de estas personas tienen contratos que superan los 200 millones de pesos por mes.
Uno de estos casos es el de Diana Lorena Masso, quien tiene contratos por un total de 278 millones con la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia Nacional del Espectro.
Desde enero de 2022, tras el estallido del escándalo por los contratos obtenidos por Karen Váquiro, la esposa de un asesor de la Presidencia, hay una directiva presidencial, según la cual, antes de adjudicar un contrato de prestación de servicios todas las entidades deben verificar si esa misma persona tiene más contratos.
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