
BLU Radio conoció en primicia el último informe del Observatorio para la Protección de los Derechos y Bienestar de los Niños, Niñas y Adolescentes que se realizó durante 3 años para identificar la realidad del reclutamiento forzado de menores de edad en el país.
Según el observatorio, en Colombia, "el reclutamiento y la utilización de niños, niñas adolescentes y jóvenes sigue siendo una práctica generalizada y sistemática que se adapta con las nuevas demandas del conflicto armado". Entre 1985 y 2019 más de 7.400 menores de edad fueron reclutados por grupos armados.
Asimismo, el informe indica que entre 2017 y 2019 los municipios de Buenaventura, Tibú, El Tarra, La Gabarra y Tumaco son las zonas que representan el mayor riesgo frente al reclutamiento ilícito de menores de edad.
En dichos territorios, en los últimos dos años el ELN reclutó a 182 niños, las disidencias de las Farc a 82 menores de edad y las Autodefensas Gaitanistas a 47.
Según el Registro Único de Víctimas, 16.249 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en medio del conflicto armado. De acuerdo con la información recolectada por el Observatorio dada por la Defensoría del Pueblo, en los últimos dos años en Norte de Santander se registraron 3 asesinatos, en Valle del cauca y Nariño otros dos.
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Por otro lado, el Observatorio revela que dentro de los hallazgos realizados "identificaron un alto número de niños, niñas y adolescentes venezolanos que se encuentran en zona de cultivos ilícitos y se están vinculando a las dinámicas propias de la producción de la hoja de coca o en actividades irregulares en zona fronteriza en los municipios de Tibú y El Tarra, en Norte de Santander".
En Norte de Santander, Meta, Guaviare, Valle del cauca y Nariño el Observatorio registró hechos de violencia sexual entre 2017 y 2019 y considera que existe un subregistro alto en esta situación de violencia, pues "en los territorios, los miembros de las comunidades y de las instituciones educativas indican que no se atreven a denunciar los casos de violencia sexual por la presencia y las amenazas de los actores armados".
Otro de los hallazgos del informe es que en Cúcuta y Puerto Santander, "las amenazas a docentes y la aparición de panfletos obligaron a suspender las clases y dejaron a más de 1.110 menores de edad sin estudio".
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Finalmente, el informe detalla que la Defensoría del Pueblo emitió alertas tempranas en Nariño, Guaviare, Meta, Valle del Cauca y Norte de Santander por la alta exposición de los menores de edad a ser reclutados por los grupos ilegales.
El factor común en todas las alertas es "la presencia de grupos armados, la disputa del control del territorio y las economías ilícitas”. También, como lo reporta Naciones Unidas, la migración masiva de venezolanos “ha impactado de forma creciente este fenómeno”.