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La Jurisdicción Especial para la Paz avanza hacia la imposición de su primera gran sanción contra agentes del Estado por crímenes de guerra.
En Valledupar se desarrolla la audiencia de verificación previa a la histórica sentencia contra 12 exintegrantes del Batallón La Popa, quienes aceptaron su responsabilidad en al menos 135 ejecuciones extrajudiciales.
Los comparecientes no recibirán penas privativas de libertad. En su lugar, enfrentarán sanciones propias contempladas en el sistema de justicia transicional del Acuerdo Final de Paz de 2016. Se trata de medidas restaurativas construidas con participación de las víctimas, enfocadas en la reparación simbólica, la reconstrucción del tejido social y la garantía de no repetición.
La magistrada Ana Manuela Ochoa, encargada del caso, explicó que se han concertado nueve propuestas de proyectos:
“Sabemos que la capacidad de reparación es limitada, pero estas acciones dignifican a las víctimas y son un paso hacia la verdad”.
Las sanciones incluyen, desde mausoleos de memoria, hasta centros de sanación indígena, escuelas de saberes ancestrales y programas de productividad con enfoque en víctimas.
Una de las iniciativas más emblemáticas es la construcción de un mausoleo en el cementerio Jardines del Ecce Homo, en Valledupar, donde han sido exhumados al menos 287 cuerpos sin identificar. Este proyecto contará con el apoyo de la Gobernación del Cesar, la Diócesis de Valledupar y la Alcaldía.
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“El objetivo no es imponer elefantes blancos”, señaló Harvey Danilo Suárez, secretario ejecutivo de la JEP. Todas las obras han sido verificadas en términos técnicos, legales y financieros. De 117 propuestas iniciales, se seleccionaron 11 que abarcan ejes de memoria, sanación, infraestructura comunitaria y fortalecimiento económico.
Entre ellas, destaca un centro de armonización para el pueblo Kankuamo, ubicado en el resguardo indígena de La Mina, y otro para el pueblo Wiwa, destinado a fortalecer su identidad cultural.
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También se construirán casas culturales, como la del Consejo Comunitario José Prudencio Padilla, y se impulsarán proyectos productivos bajo el lema “Sembradores de amor y paz”.
La implementación abarcará 14 municipios del Caribe colombiano y otros dos en Cundinamarca, donde se concentran hechos, víctimas y exmilitares responsables.
La lectura de la sentencia está prevista para las próximas semanas, según confirmó el presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli.
Este fallo marcará un hito: el inicio formal de la fase sancionatoria de la justicia transicional para crímenes cometidos por miembros de la Fuerza Pública.
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