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Frente a la polémica suscitada por la supuesta supresión de las funciones de la Procuraduría que se tendría contemplada en la reforma a la justicia, el ministro Néstor Osuna salió al paso y confirmó desde Barranquilla que, aunque no buscan que el órgano de control público desaparezca, dentro del proyecto sí se contemplan algunas modificaciones que van alienadas al Derecho Internacional y a fortalecer sus recursos.
Dentro de los ajustes más importantes, la cartera de justicia buscará que los procesos de intervención en materia penal pasen al sistema judicial para descongestionar al ente de control y que, además, no puedan restringir, suspender o inhabilitar a quienes han sido elegidos por voto popular.
“Eso sí, es una reforma, pero no una supresión ni un recorte a la Procuraduría, será un ajuste por una parte al Derechos Internacional de Derechos Humanos y para fortalecer los recursos del ministerio público”.
El jefe de la cartera de la justicia, además, descartó que el Inpec, incluyendo la Uspec, sean liquidados, pues, aunque reconoce que hay graves problemas de corrupción y articulación, son instituciones “necesarias”.
En este sentido, explicó que también habrán ciertos cambios, sobre todo, en la prestación de los servicios de salud y alimentación para el total de custodios de nuestro país.
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“Creo que, digamos, la guardia penitenciaria siempre existirá, porque siempre van a haber custodios, guardianes y dragoneantes, así que una institución como el Inpec siempre tendrá que existir. Podemos cambiarle el nombre o su figura, pero debe existir. Ahora bien, la mayoría de los funcionarios sí cumplen con sus funciones de manera cabal”.
Las declaraciones del ministro se dieron minutos antes de arrancar el foro preparatorio que preside con funcionarios judiciales en el Atlántico, a quienes les ha escuchado propuestas, consideraciones y peticiones frente al proyecto de reforma a la justicia que se presentará en febrero de 2024, cuando el Congreso inicie sus sesiones.
Osuna destacó, por ejemplo, que se pretende volver al sistema penal acusatorio tal y como fue diseñado a principios del siglo pasado (ley 906), alienada a los cambios y reformas que rigen en la actualidad en el país.
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También se pretendería una modificación en el sistema penitenciario que favorezca la re-socialización, de tal forma que todas los privados de la libertad trabajen o estudien, considerando que la experiencia de los privados de la libertad en las cárceles sea de utilidad.
A ello, se sumaría priorizar también un sistema de justicia familiar que sea más rápido, pues, para él, no tiene sentido que una audiencia para fijar tasa de alimentos se programe para dentro de seis/siete meses.
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