Durante casi cuatro horas en el Hotel Tequendama, centro de Bogotá, se dio una nueva sesión de la Comisión Nacional de Seguimiento a Procesos Electorales, convocadapor el Gobierno nacional y en el que participan integrantes del gabinete, delegados de las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, organizaciones civiles como la Misión de Observación Electoral, voceros de los partidos políticos, así como los Directores Ejecutivos de la Federación Colombiana de Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios.
La reunión tuvo como punto de discusión no solo la logística de las consultas internas de los partidos que se llevarán a cabo el próximo domingo, 4 de junio, las elecciones regionales que realizarán el 29 de octubre, sino también los riesgos en seguridad públicas como las amenazas proferidas por las disidencias de las Farc de que no permitirán el ingreso y eventual desarrollo de la campaña de candidatos pertenecientes a los partidos tradicionales.
Ante estos hechos, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, explicó que desde el Gobierno están implementando todas las acciones para fortalecer la presencia militar y garantizar el orden público; entre ellas, adelantar reuniones de seguridad especial con el Ejército, Fuerza Militares, Policía y UNP, para preparar una estrategia especial”.
Velasco señaló que a pesar de que hay amenazas que deben ser enfrentadas, las estadísticas no muestran un retroceso en seguridad y que la actuación será estratégica y con garantías para el normal desarrollo de la campaña: “Cuando uno recibe una amenaza como la que ha recibido, esto no es con cartitas ni con mensajitos, esto es con actuaciones que evidentemente está preparando la fuerza pública”.
Por su parte, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, el pedido luego de escuchar a varios gobernadores y dirigentes regionales es que se organice la Fuerza Pública y todas las instituciones del Estado para garantizar el proceso electoral.
“Nuestros 85 integrantes de vigilancia electoral están activos, nos mantienen al día dándonos información de las posibles afectaciones a la transparencia del proceso electoral. La información que estamos recibiendo es angustia y temor por el aspecto de seguridad, constreñimiento en el proceso electoral a candidatos y electores”, sostuvo Cabello.
La jefa del Ministerio Público pidió, además, que se hiciera un análisis serio de los decretos de cese al fuego firmados desde el 31 de diciembre y que se vencen el 30 de junio próximo, para que estos no se prolonguen y se pueda reactivar toda la capacidad de las Fuerzas Militares.
Por su parte, el registrador Alexander Vega solicitó, de manera urgente, al Gobierno nacional garantizar la seguridad de todos los actores del proceso electoral y afirmó que no se puede hablar de elecciones libres ni con garantías, si los alcaldes de Tibú (Norte de Santander), Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar (Chocó) y Puerto Guzmán (Putumayo) están despachando por fuera de sus municipios. Así mismo.
Vega dijo que por el momento no se tiene contemplado el traslado de puestos de votación, ya que eso implicaría un retroceso a procesos electorales con altos índices de inseguridad como el ocurrido en 2002.
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