El Ministerio de Hacienda designó a Javier Pava, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como gerente encargado del Fondo Adaptación, en reemplazo temporal de Angie Rodríguez, mediante el Decreto 1697 del 27 de julio de 2026.La decisión se produce luego de que el presidente saliente, Gustavo Petro, solicitara declarar insubsistente a Rodríguez tras las denuncias de presunta corrupción y tráfico de influencias que ella formuló contra exfuncionarios y funcionarios de su gobierno. Sin embargo, Rodríguez legalmente no fue retirada del cargo, ya que permanece en licencia por enfermedad.El decreto establece que el encargo rige "a partir de la fecha, mientras la doctora Angie Lizeth Rodríguez Fajardo se encuentra en licencia por enfermedad". La justificación se da en que la gerencia del Fondo Adaptación presenta una vacancia temporal entre el 17 y el 31 de julio de 2026 debido a la incapacidad médica de su titular.El documento también resalta que “el Fondo Adaptación es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y el nombramiento de su gerente general corresponde al presidente de la República, al tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción”. No obstante, en este caso se trata únicamente de un reemplazo temporal.Las denuncias de Angie RodríguezEl presidente electo Abelardo De La Espriella solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo; al procurador general, Gregorio Eljach, y al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, escuchar el testimonio de Angie Rodríguez por las denuncias de presunta corrupción y tráfico de influencias que ha presentado contra funcionarios del gobierno saliente.Rodríguez también anunció que interpondrá acciones legales contra el decreto con el que el presidente Petro ordenó trasladar un billón de pesos que estaban destinados a atender la emergencia en La Mojana y prevenir nuevas inundaciones, para destinarlos a acciones relacionadas con el fenómeno de El Niño.En sus declaraciones, la directora del Fondo Adaptación señaló directamente a Juliana Guerrero, a quien acusó de haber promovido su salida del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de ejercer influencia sobre entidades del Estado sin ocupar un cargo público."Ella pidió mi cabeza, igual que otras mujeres, porque eso es una red", afirmó Rodríguez, quien además aseguró que Guerrero "sin ser funcionaria pública ejercía presión en varias entidades para cobrar, pedir puestos, quitar y poner gente, como ama y señora", declaró a Noticias RCN.La funcionaria también aseguró que se opuso al nombramiento de Guerrero como viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad por considerar que enviaba "un mal mensaje para la juventud".Asimismo, dijo que pidió al presidente Petro removerla como delegada del Gobierno ante la Universidad Popular del Cesar, pero, según su versión, el mandatario no atendió esa solicitud.Este es el documento:
Durante casi cuatro horas en el Hotel Tequendama, centro de Bogotá, se dio una nueva sesión de la Comisión Nacional de Seguimiento a Procesos Electorales, convocada por el Gobierno nacional y en el que participan integrantes del gabinete, delegados de las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, organizaciones civiles como la Misión de Observación Electoral, voceros de los partidos políticos, así como los Directores Ejecutivos de la Federación Colombiana de Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios.La reunión tuvo como punto de discusión no solo la logística de las consultas internas de los partidos que se llevarán a cabo el próximo domingo, 4 de junio, las elecciones regionales que realizarán el 29 de octubre, sino también los riesgos en seguridad públicas como las amenazas proferidas por las disidencias de las Farc de que no permitirán el ingreso y eventual desarrollo de la campaña de candidatos pertenecientes a los partidos tradicionales.Ante estos hechos, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, explicó que desde el Gobierno están implementando todas las acciones para fortalecer la presencia militar y garantizar el orden público; entre ellas, adelantar reuniones de seguridad especial con el Ejército, Fuerza Militares, Policía y UNP, para preparar una estrategia especial”.Velasco señaló que a pesar de que hay amenazas que deben ser enfrentadas, las estadísticas no muestran un retroceso en seguridad y que la actuación será estratégica y con garantías para el normal desarrollo de la campaña: “Cuando uno recibe una amenaza como la que ha recibido, esto no es con cartitas ni con mensajitos, esto es con actuaciones que evidentemente está preparando la fuerza pública”.Por su parte, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, el pedido luego de escuchar a varios gobernadores y dirigentes regionales es que se organice la Fuerza Pública y todas las instituciones del Estado para garantizar el proceso electoral.“Nuestros 85 integrantes de vigilancia electoral están activos, nos mantienen al día dándonos información de las posibles afectaciones a la transparencia del proceso electoral. La información que estamos recibiendo es angustia y temor por el aspecto de seguridad, constreñimiento en el proceso electoral a candidatos y electores”, sostuvo Cabello.La jefa del Ministerio Público pidió, además, que se hiciera un análisis serio de los decretos de cese al fuego firmados desde el 31 de diciembre y que se vencen el 30 de junio próximo, para que estos no se prolonguen y se pueda reactivar toda la capacidad de las Fuerzas Militares.Por su parte, el registrador Alexander Vega solicitó, de manera urgente, al Gobierno nacional garantizar la seguridad de todos los actores del proceso electoral y afirmó que no se puede hablar de elecciones libres ni con garantías, si los alcaldes de Tibú (Norte de Santander), Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar (Chocó) y Puerto Guzmán (Putumayo) están despachando por fuera de sus municipios. Así mismo. Vega dijo que por el momento no se tiene contemplado el traslado de puestos de votación, ya que eso implicaría un retroceso a procesos electorales con altos índices de inseguridad como el ocurrido en 2002.Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinoza, celebró la designación del Alto Consejero para Las Regiones, Luis Fernando Velasco; como nuevo director (e) de la UNDGR y aplaudió la salida de Javier Pava, a quien catalogó como "negligente" y carente de respuesta operativa. En su trino, publicado días antes de conocerse la decisión del presidente Gustavo Petro, señaló: “Nos llena de alegría esta designación del Gobierno Nacional. Conozco a Luis Fernando Velasco por su trayectoria, sensibilidad social, capacidad y entendimiento de la gestión del riesgo. Nos da esperanza sobre la mejoría de la UNDGR en Colombia y, en especial, de La Mojana".La misma posición comparte Abel Regino, miembro del comité ‘Pacto Social por La Mojana’, quien aseguró que más que alegría, las comunidades se sentían “tranquilas”, pues el daño irremediable que les habría causado Pava se tradujo en vivir “una nueva tragedia” ante la negativa de cerrar el boquete de 'Caregato'."Para nosotros es un alivio, no es tanto la alegría, sino la conmoción que ha causado en La Mojana este señor y el daño tan grande que nos hecho. Contentos, de verdad, muy contentos porque este señor ya había sido persona no grata por La Mojana y tenemos la fe puesta en el nuevo director (e) Luis Fernando Velasco para recuperar nuestra despensa agrícola", acotó.Entre tanto, a partir de esta semana se retomarán los trabajos del cierre de ‘Caregato’, tras la asignación de recursos económicos otorgados por las gobernaciones de Sucre, Bolívar y Córdoba a través de un convenio interadministrativo firmado a inicios del mes de marzo.Arnulfo Betancourt, miembro del comité ‘Pacto por La Mojana’, explicó que la nueva contratación no se dará de manera cerrada, sino que se trabajará a través de la generación de órdenes para evitar nuevas suspensiones. "Gracias esa viabilidad jurídica se puede dar esta contratación de manera abierta mientras se van adicionando más recursos a esta bolsa económica a la que, esperamos, también se sume la gobernación de Antioquia". También, señaló que están a la espera de que surtan los últimos trámites administrativos para que se pongan en funcionamiento —de manera simultánea— dos dragas: una en ‘Caregato’ y otra en el Canal de La Esperanza.Le puede interesar:
Después de siete meses en el cargo, el ingeniero Javier Pava saldrá de la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, en la cual estaba encargado de liderar la atención de los damnificados por las lluvias de final de 2022 y la reubicación de las familias que habían perdido sus hogares como ocurrió en Rosas, Cauca.Precisamente, el pasado 13 de marzo, en su visita a esa región, el presidente Gustavo Petro hizo un duro llamado de atención a la entidad por las demoras en la adquisición de predios para reubicar a las 220 familias que resultaron afectadas por el invierno."Creo que no se está aplicando la ley de emergencias, hay un temor a aplicar la ley de emergencias. Aplicamos los mecanismos ordinarios, pero no aplicamos los mecanismos extraordinarios por los cuales se decreta la emergencia y para eso se hizo una ley en el año 2012", reclamó el mandatario.Y advirtió, además que: "Llevamos 11 años, eso tiene unas razones que algún día analizaremos, hay intereses que lo impiden dentro y fuera del Gobierno. Yo voy a coger este tema personalmente porque la verdad: me aburrí, me da pena andar de sitio en sitio con personas muy sacrificadas y volver y nada y volver y nada. Tenemos que reubicar y la gente tiene que vivir mejor que como estaba antes, entonces este es un tema que está pendiente, aquí no podemos dar una victoria”.La dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo será asumida, en calidad de encargado, por el actual alto consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco, quien tendrá una doble responsabilidad.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava, reveló este viernes que mediante la resolución 265 del 16 de marzo de 2023, se declararon áreas de utilidad pública e interés social en los municipios de Rosas, Timbío, Sotará, Patía, Mercaderes y Sucre del departamento del Cauca.El propósito es reubicar a las 222 familias que resultaron damnificadas en el municipio Rosas, Cauca, tras el deslizamiento del 9 de enero de este año, mediante la disposición de cuatro predios que suman en total 1.430 hectáreas.El funcionario destacó que esta es la primera vez que en el país se da aplicación a los artículos 74, 75 y 76 de la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a los que se ha referido el presidente Gustavo Petro.En diálogo con Blu Radio, Pava explicó el alcance de la resolución y es que se iniciará un proceso de negociación exprés para tener los predios, pero si no se logra un acuerdo, en un período de 15 días serían expropiados.“Estamos aplicando la Ley 1523, artículos que no se habían utilizado anteriormente que permiten disponer de predios en 15 días, bien sea por negociación directa o por expropiación. Una vez que inicia este proceso, tanto el propietario como la entidad estamos obligados a resolver el tema de los predios para darle una solución a las familias damnificadas en Rosas que lo perdieron todo”, señala Pava.Señaló, agregó que, los procesos de reasentamiento que se han realizado en el país demoran hasta seis años y aseguró que eso “no es aceptable para familias que pierden todo en una tragedia y que tengan que esperar esa situación. Esta medida es para resolverles en el menor tiempo posible, el presidente ha sido enfático en varias ocasiones que demos aplicación a la ley”.Pava advirtió que se intentaron hacer las negociaciones directas, pero que no se han logrado los resultados.“Existían varios procesos que hemos adelantado buscando tierras y buscando negociación directa, pero viendo que no encontramos esos caminos expeditos, entonces el camino más claro es este procedimiento”, indicó.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
Dos frentes de trabajo se pondrán en marcha en La Mojana para acabar con las filtraciones del río Cauca, en especial en el sector de 'Caregato'. Después de la polémica que enfrentó al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Javier Pava, con los gobernadores de Sucre, Bolívar y Córdoba, este jueves, 9 de marzo, salió ‘humo blanco’ de la sesión descentralizada que convocó el Congreso y entre todos acordaron qué obras se van a realizar y quiénes las van a asumir.El director Pava insiste en que su tarea es “generar soluciones definitivas y no una provisional” a los problemas de inundación en La Mojana, así que el Gobierno nacional seguirá trabajando, ahora con máquinas más grandes, en la ampliación del Canal de la Esperanza para que las corrientes más fuertes del río Cauca circulen por allí y no arremetan por 'Caregato'.Mientras, la comunidad con sus propios recursos y la ayuda de las gobernaciones de Bolívar, Córdoba y Sucre se encargará de cerrar de una vez por todas el boquete de 'Caregato'."En ningún momento estoy en la terquedad de no cerrar 'Caregato'. Nosotros sí queremos que se cierre 'Caregato', la pregunta era cómo hacerlo. Nosotros vamos a hacerlo por el Canal de la Esperanza y el gobernador tiene una propuesta con unos recursos propios y es bienvenida", dijo el director Pava."Mientras nosotros avanzamos en el canal, él (gobernador de Sucre) le mete al cierre de 'Caregato' y es perfecto, sumamos todos", agregó.A su turno, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, insistió en que se escuche a la comunidad para cada obra que se ejecute."La experiencia que me ha dejado este tema de La Mojana es que la comunidad siempre termina teniendo la razón, entonces hagámosle caso a la gente, contratemos las máquinas que ellos dicen que sirve para eso y con el método que dicen que funciona, porque son ellos los que padecen, los que están debajo de la gotera", expresó el mandatario.Sobre la reubicación de las comunidades, Pava aclaró que no va a sacar a toda la gente de La Mojana, sino que después de los trabajos se revisará cuáles familias siguen en riesgo de inundaciones para asentarlas en otras zonas seguras.Le puede interesar: 'Noticias del día'
Con una citación directa a funcionarios del alto gobierno, campesinos, agricultores y los gobernadores de Sucre, Córdoba y Bolívar, desde las 10:00 de la mañana se viene desarrollando una sesión descentralizada por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de La República para revisar los presuntos incumplimientos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNDGR, respecto a la atención de la emergencia en La Mojana.Arnulfo Betancourt, miembro del colectivo ‘Pacto por La Mojana’, señaló que se mantendrán firmes en su exigencia de cerrar el boquete de Caregato, además de pedir trabajos de adecuación en el canal de La Esperanza y la habilitación de créditos blandos a través de un ‘Plan Especial para La Mojana’ que lidere el Banco Agrario, cuya iniciativa se propondrá a la ministra de Agricultura, Cecilia López. Aseguró, además, que no están dispuestos a aceptar "migajas", pues no son limosneros, son damnificados que viven una tragedia humanitaria. "No estamos dispuestos a seguir recibiendo limosnas, queremos soluciones de fondo para mitigar el impacto que las lluvias tienen sobre nuestra región sumergida en el agua desde agosto del año 2021. No queremos pañitos de agua tibia, queremos que cierren los 2 kilómetros de boquete que abrió el río Cauca", alegó Betancourt. Asimismo, también sostuvo lo siguiente:"Es importante que nuestros campesinos cuenten con nuevos créditos para volver a trabajar sus tierras, ya que las inundaciones acabaron la productividad de nuestra región, desplazó el ganado y no contamos con sustentos económicos para comprar los insumos y volver a producir. Es por ello que pedimos la habilitación de estos créditos con tasas de interés muy bajas y a largo plazo". Otra de las solicitudes tiene que ver directamente con las ollas comunitarias para seguir brindando alimentación a los damnificados en municipios como Majagual, Sucre, donde habitan más de 20 comunidades que aún siguen bajo agua, según indicó Pedro Ramos."En Majagual, Sucre, tenemos de 16 a 20 comunidades que aún están esperando las ollas comunitarias que prometió el Gobierno Nacional. Queremos que nos cumplan porque la gente también se está muriendo de hambre, solo contamos con nueve ollas desde que el presidente Gustavo Petro, hace más de cuatro meses, se comprometió a realizarlas", contó."Hemos convertido a la COT en una Comisión más de territorio que de Capitolio y venimos recorriendo el país haciendo control político a los temas que afectan a las regiones y una de esas situaciones que nos preocupa es el drama social y económico que padecen los más de 500.000 damnificados que han dejado estos dos años de inundaciones en La Mojana", sostuvo Marcos Daniel Pineda García, presidente de la Comisión del Ordenamiento Territorial del Senado de la República.Le puede interesar este contenido:
El Gobierno nacional en compañía de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) expidió, a finales de enero, la resolución que definió el proyecto de ‘Canasta Popular’, con la cual se espera entregar alimentos y productos a las personas damnificadas por el fenómeno La Niña y los campesinos con problemas con sus cultivos en la zona de Rosas, Cauca.De acuerdo con la Resolución 0100 del 27 d enero de 2023, la iniciativa del Gobierno nacional nació después del gigantesco derrumbe que se presentó en Rosa, Cauca, en especial en la Vía Panamericana, que dejó incomunicado el suroccidente del país el pasado 9 de enero. Las compras comenzaron debido a las 8.000 toneladas de alimentos que varios productores tenían represadas y se estaban perdiendo."Dentro de lo que correspondió a la compra de cosechas que estaba prevista para comprar 1.100 toneladas, en este momento, anunciamos que hemos llegado al 89 % de la compra de las cosechas represadas", informó, Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.¿Cuáles son los tipos de compra que está realizando el Gobierno nacional?La directa a los productores afectados.La conformación integral de un mercado mensual de alimentos que se entregan directamente a los hogares damnificados.La entrega de alimentos a través de un bono canjeable, el cual podrá hacerse efectivo en un mercado campesino.“La ‘Canasta Popular’ que se está implementando en Nariño incluye la compra de los cinco productos que están en sobreproducción o represados en esta región. Estos alimentos se los entregamos a las familias afectadas y vamos a establecer otras formas de ayuda como los mercados campesinos y la entrega de bonos”, puntualizó Pava Sánchez.Le puede interesar: 'El Camerino'
De nuevo el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, lanzó “un grito por La Mojana” para que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) “deje las evasivas respecto a la problemática” de inundaciones que afecta a esta subregión.El mandatario criticó que del Gobierno solo se escuchan “promesas de traslados de familia, de mercados o de ollas comunitarias que no se cumplen, y de maquinaria que va a llegar y no llega”. No obstante, añadió, lo peor es la decisión de no cerrar el boquete por donde se sigue filtrando el agua en 'Caregato'."Las máquinas que se dispusieron son insuficientes y de remate hoy el señor de Gestión del Riesgo (Javier Pava) anuncia que no va a cerrar 'Caregato'. Eso es inaceptable para nosotros", dijo Espinosa."Eso es porque el señor de Gestión del Riesgo no vive allá dentro del agua como está la gente nuestra en La Mojana, porque no ha perdido sus cultivos. Rechazamos esa declaración. Él tiene que cumplirle a la región", agregó.El mandatario sucreño afirmó que ha convocado a sus colegas de Córdoba y Bolívar para que juntos busquen una solución."Si no lo va a resolver la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es la que tiene la competencia, nos va tocar entrar a los gobiernos locales a resolverlo, pero hay que cerrar 'Caregato', porque la gente nuestra no puede vivir toda la vida debajo del agua", dijo.Por su parte, el director Pava espera que en un mes aproximadamente, con los trabajos que se están ejecutando actualmente La Mojana, se alcance a redireccionar un 80% del cauce original del río Cauca por el Canal de la Esperanza.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
En La Mojana se cansaron de los trabajos “a media máquina” respecto a las obras para el cierre del boquete de ‘Caregato’ y desde este fin de semana campesinos, agricultores y líderes sociales de los 11 municipios, que conforman la subregión, empezaron a trabajar a la par de las dos dragas que envió la UNDGR para agilizar la ampliación del canal de La Esperanza y culminar en el tiempo estipulado las obras de mitigación para evitar inundaciones en la zona.Hernando Cuello, líder de La Mojana y docente académico, aseguró que los trabajos han sido insuficientes para lo que se requiere, pues la construcción de una especie de ‘dique’, que hace parte de las obras de mitigación contempladas en el contrato de ejecución, no evitaría que las aguas del río Cauca ingresen ante una tempestad. "Ahí están las dos dragas trabajando, una de ellas en el sector de 'Caregato' y otra en el canal de La Esperanza pero vemos que todo se queda chiquito para lo que realmente se necesita. Es preocupante porque es poco el tiempo con el que contamos, antes de que se desate la primera ola invernal de este 2023", expresó.Por el momento la comunidad tiene recaudado $500 millones de pesos producto de la venta de unos bonos y, aunque el dinero inicialmente lo tenían destinado para prestárselo entre los campesinos que perdieron todos sus cultivos por las inundaciones, se encuentran usándolo para comprar sacos y alquilar la maquinaria que necesitan.En tal sentido, los habitantes de La Mojana empezaron a trasladarse desde el pasado miércoles al punto de afectación para empezar ellos mismos, con sus manos y recursos propios, el tan anhelado cierre del boquete de 'Caregato'. Aunque aún no se tiene previsto un nuevo paro, para los damnificados "se hace indispensable aprovechar el tiempo para adelantar el cierre del boquete".Le puede interesar: 'El Camerino'
Durante cerca de cinco horas, más de 530 silleteros y silleteras de Santa Elena llevaron sobre sus espaldas esas enormes composiciones florales por un recorrido de más de 2.4 kilómetros que arrancó pasadas las 2 de la tarde en una jornada en la que la tradición, el trabajo campesino y la creatividad volvieron a convertirse en protagonistas para emocionar a los miles de asistentes propios y foráneos que llegaron a la capital antioqueña para vivir una de sus más importantes tradiciones.La edición de este año también dejó nombres propios: John Jairo Grajales Gómez, de la vereda El Porvenir, se quedó con el título de ganador absoluto del desfile con su silleta tradicional. También había obtenido este mismo premio en 2019."No tengo palabras, demasiado emocionado. Es una labor, es una tradición que la llevo en el corazón por ser. En homenajeado con estos galardones, y bendito dios, a nuestro señor, a los jurados, a todo mundo que está viendo la labor que uno hace. No es fácil, son siete, ocho meses de trabajar duro para poder producir esta silleta y sacarla en la ciudad de Medellín", manifestó Grajales.GanadoresEn otras categorías los ganadores fueron Mateo Londoño Ospina, de la vereda San Ignacio, en la Comercial; en la Monumental el galardón fue para David Santiago Grisales Gómez, de la vereda Piedra Gorda. Mientras tanto, la mejor propuesta en Emblemática correspondió a Juan Gabriel Velásquez Grajales, también de El Porvenir, y de ese mismo lugar del corregimiento, Víctor Julio Ruiz se destacó en la categoría Artística; Isabela Londoño Grajales, de la vereda El Cerro, obtuvo reconocimiento en la categoría Infantil e Isabela Grajales Grajales, de la vereda Piedra Gorda, en Junior.El principal evento de la Feria contó con por segunda vez en la historia de un presidente de la República. Abelardo de la Espriella estuvo acompañado de su familia, del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón."Feliz de estar aquí en Medellín, en este desfile, en esta feria, que es patrimonio de Colombia, pero tenemos que hacerlo patrimonio de la humanidad, y ese es el compromiso", apuntó el jefe de Estado. Por su parte, el vicepresidente Restrepo habló sobre la elección de Medellín para la primera visita oficial de los nuevos mandatarios."Lo que significa enderrama económica para el municipio, para el departamento, en quien se dedica al jardín, en quien hace la silleta, en quienes traen las flores de otros territorios de Colombia. Vincula el país alrededor de las flores. Y las flores, ¿ustedes saben lo que significa incluso en tradición exportadora de Colombia?", aseguró. El vicepresidente Restrepo también destacó que el Desfile de Silleteros es un evento que, además de estar muy arraigado a la tradición antioqueña, es un ícono del país en el mundo."De Colombia, de Antioquia, de Medellín, que hay que acompañar, porque estos estos, estas silletas y los silleteros representan, además, mire la hermosura de lo que significa esta tierra, de lo que tiene Colombia también para mostrarle al mundo. Y tenemos que acompañarlo, esto es una tradición cultural de enorme importancia para el país", expuso Restrepo.Según el alcalde Federico Gutiérrez, durante los 10 días de Feria, la ciudad alcanzó una ocupación hotelera superior al 80% y una derrama económica superior a 60 millones de dólares.
La memoria de Johan Sebastián Durán Guerrero, el joven bumangués de 25 años que murió tras recibir varios disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), empieza a quedar plasmada en las calles de Biddeford, Maine.Dos artistas locales comenzaron a pintar un mural en el centro de esta ciudad para homenajear al colombiano, quien murió el pasado 13 de julio durante un procedimiento de agentes de inmigración. La obra está ubicada en el número 5 de Alfred Street y muestra a Johan junto a su pequeña hija.El mural fue autorizado tanto por los propietarios del edificio como por el negocio que funciona en el lugar, Stem & Vine. Su propietaria, Brianne Emhiser, aseguró que se siente honrada de que la fachada de su establecimiento sea el espacio escogido para mantener viva la memoria del joven colombiano.De acuerdo con los artistas, la obra estaría terminada aproximadamente en las próximas 48 horas.El homenaje se suma a las distintas expresiones de duelo que han surgido en Biddeford desde la muerte de Johan. En los días posteriores al tiroteo, residentes levantaron memoriales improvisados en el sitio donde ocurrió el hecho, mientras familiares, amigos y organizaciones defensoras de los migrantes han reclamado respuestas sobre las circunstancias de su muerte.Johan Sebastián Durán Guerrero había llegado a Estados Unidos en busca de oportunidades y se había establecido en Biddeford junto con su familia. Era padre de una niña de tres años y, según organizaciones de apoyo a migrantes, contaba con autorización para trabajar y un número de Seguro Social.El 13 de julio, Johan salió de su vivienda en un vehículo cuando fue interceptado por agentes de ICE. La versión oficial sostiene que el joven intentó escapar y que habría dirigido el automóvil hacia uno de los funcionarios, quien entonces disparó al considerar que existía una amenaza para su seguridad.Sin embargo, el caso ha estado rodeado de cuestionamientos. El senador independiente Angus King afirmó que, de acuerdo con información del Departamento de Seguridad Nacional, Johan no era el objetivo de la operación. Además, se ha señalado que los agentes involucrados no portaban cámaras corporales. La Fiscalía General de Maine mantiene abierta la investigación y el funcionario que disparó fue puesto en licencia administrativa.Videos de cámaras de seguridad y testimonios de personas que estaban en el sector también han generado interrogantes frente a la versión oficial. Medios estadounidenses han reportado que el agente identificado como David Brouillette disparó contra Johan y que posteriormente surgieron antecedentes sobre el comportamiento violento del funcionario, información que ahora también hace parte del escrutinio público sobre el caso.La muerte del joven bumangués provocó además una fuerte reacción en Biddeford. Su compañera, Karolina Rojas Álvarez, describió a Johan como un hombre trabajador, dedicado a su familia y con sueños por cumplir. Durante una declaración pública, recordó especialmente el vínculo que tenía con su hija de tresEl alcalde de Biddeford, Liam LaFountain, también ha reclamado una investigación transparente y ha insistido en que Johan era parte de la comunidad. En una proclamación presentada ante el Concejo Municipal, pidió justicia y rendición de cuentas por su muerte y expresó solidaridad con la familia y con los habitantes migrantes de la ciudad.Ahora, mientras avanza la investigación en Estados Unidos, el rostro de Johan quedará plasmado en un muro de Biddeford. Una imagen junto a su hija que busca convertir el dolor de una comunidad en memoria y recordar la historia del joven colombiano que salió de Bucaramanga buscando un mejor futuro y terminó muriendo durante un operativo de inmigración.
Luego de una semana pedagógica por la rotación de los nuevos dígitos, este lunes 10 de agosto comenzará a regir el periodo sancionatorio del pico y placa para vehículos particulares y motocicletas.La disposición, producto de un estudio técnico de acuerdo al número de registros y vehículos activos, seguirá teniendo como base el último dígito de la placa para carros particulares, mientras que para las motocicletas de dos y cuatro tiempos se determina por el primer dígito de la placa.De igual manera seguirá, rigiendo de manera continua entre las 5:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, así:Lunes: 5 y 8Martes: 1 y 4Miércoles: 0 y 2Jueves: 3 y 6Viernes: 7 y 9Con estos dígitos funcionará la medida hasta el 27 de enero de 2027.Continúan como vías exentas de la medida la vía Las Palmas, vía 4.1 occidente antioqueño, conexión de la avenida 33 entre la autopista sur y la avenida Las Palmas, calle 10 entre el Eje vial del Río y la terminal del sur y los corregimientos; además de la autopista Sur y avenida Regional, excepto en el municipio de Bello, donde la restricción rige en todas las vías, según las autoridades locales con el fin de descongestionar la glorieta de Niquía."La entidad invita a la ciudadanía a consultar previamente las placas con restricción, verificar los horarios y planear sus desplazamientos con anticipación. Desde la secretaría reiteramos que esta medida busca mejorar la movilidad en la ciudad", manifestó el secretario de Movilidad de Medellín, Pablo Ruiz.Vale la pena recordar que el pico y placa busca sacar cerca de 200.000 vehículos diariamente de circulación en la subregión, a pesar de la identificación de una saturación en la vías de entre el 100 y el 170%. Según esta dependencia de la Alcaldía de Medellín hay días en los que esa tarea es más difícil, por la cantidad de motos y carros que hay matriculados con ciertos dígitos: 0,1 y 5.
A menos de 48 horas de haberse posesionado como presidente, Abelardo De La Espriella anunció las primeras afectaciones a grupos armados que delinquen en Antioquia tras los resultados reportados por la fuerza pública en las subregiones de Urabá y el Nordeste.Tras su asistencia al tradicional Desfile de Silleteros que cerró la Feria de las Flores en Medellín, antes de dejar la capital antioqueña el mandatario anunció que en medio de combates con tropas de la Décima Cuarta Brigada fueron abatidos dos integrantes del Clan del Golfo en la vereda Liberia del municipio de Anorí.La operación, según el presidente, también permitió la incautación de seis fusiles y abundante material de guerra e intendencia.Los hombres, entre ellos uno de sus cabecillas en la zona, hacían parte de la subestructura Jorge Mario Valle y eran señalados de diferentes acciones terroristas en contra de la población civil, pero también de la fuerza pública."Esta comisión terrorista a la que se le propinó este duro golpe es la misma que en el año 2024 había asesinado a cuatro de nuestros valientes soldados que adelantaban operaciones en esa región del departamento",dijo el mandatario.De la Espriella también aseguró que en otras acciones desplegadas en el Urabá antioqueño, en el municipio de Necoclí, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de la subestructura Gabriel Poveda Ramos del mismo grupo ilegal dedicados al narcotráfico y al componente financiero.En las operaciones desarrolladas por parte de la Armada y la Décima Séptima Brigada, los uniformados incautaron armas de fuego, municiones y material de interés para las labores de inteligencia militar.
La senadora María Clara Posada solicitó a la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, ordenar una auditoría forense a Colpensiones para revisar el manejo de los recursos de la entidad durante los últimos cuatro años.La congresista argumenta que existen numerosas denuncias sobre presuntas irregularidades en materia de contratación y consideró necesario establecer cómo fueron ejecutados los recursos públicos. “El país necesita saber cómo ejecutaron los recursos públicos”, afirmó.Entre los hechos que cuestiona, Posada menciona la presunta contratación del principal financiador del Pacto Histórico y aseguró que en junio se destinaron 25.300 millones de pesos para garantizar hasta octubre la contratación de una nómina paralela de 1.000 trabajadores temporales.También reprocha la ejecución de 238.587 millones de pesos para el cambio del data center, proceso que, según indicó, estuvo relacionado con fallas en la prestación del servicio durante junio y julio.A esto sumó un gasto de 87.621 millones de pesos en publicidad y señaló que no se han publicado las facturas correspondientes a los viajes de los directivos de la entidad.Colpensiones cuenta con un presupuesto anual de 75,6 billones de pesos, por lo que la senadora insiste en que su administración debe estar sometida a criterios de transparencia y control.Posada pide que la nueva administración de la entidad comience con un “corte de cuentas claro” que permita establecer qué ocurrió con los recursos públicos y cómo fueron utilizados durante los últimos años.