El ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó en entrevista con Néstor Morales, en Mañanas BLU, que la decisión inicial de no solicitar rescatistas internacionales para atender la emergencia fue tomada por el entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava.Según Lara, Pava, quien permaneció en el cargo hasta la llegada del nuevo director, David Santiago Tamayo, fue quien certificó mediante una comunicación oficial que Colombia no requería apoyo internacional para las labores de búsqueda y rescate.“El doctor Pava, de Gustavo Petro, fue el que certificó en una carta que no necesitábamos ayuda de rescatistas internacionales. Y que lo agradecía”, afirmó el ministro.La llegada de Tamayo a la dirección de la UNGRD se produjo con el cambio de Gobierno. Blu Radio había informado previamente que el geólogo David Santiago Tamayo asumiría la dirección de la entidad como parte del gabinete del presidente Abelardo De La Espriella.Lara explica cómo se decide la llegada de rescatistas internacionalesEl ministro explicó que la solicitud de ayuda internacional para una emergencia no depende directamente de la Cancillería, sino de las necesidades que sean determinadas por el Puesto de Mando Unificado (PMU), coordinado por la UNGRD.“Para pedir rescatistas internacionales eso no lo hace el canciller motu proprio, no es iniciativa del canciller. El canciller es el vehículo para hacerlo”, explicó Lara.De acuerdo con su explicación, el PMU central reúne a diferentes entidades del Estado y está dirigido por la UNGRD. Desde allí se establece si son necesarios recursos adicionales para atender una emergencia.“El que determina básicamente es el PMU, el PMU dirigido por la UNGRD, el PMU central que es de la UNGRD”, señaló. Lara agregó que, si el director de la UNGRD determina que se requiere apoyo internacional, esa solicitud pasa a la Cancillería para que se gestione con otros países.“Si dice que se necesita, va a la Cancillería, el canciller con ese documento dice, miren, señores de afuera, señores de otros países, vengan y nos ayudan”, explicó. Por esa razón, el ministro sostuvo que, mientras Pava permaneció al frente de la entidad, la Cancillería no tenía una solicitud formal para gestionar la llegada de más equipos extranjeros.“Si el señor de la UNGRD, que era Pava, le dice al canciller que no, pues el canciller no puede ir a pedir por iniciativa propia ninguna ayuda internacional. Es decir, la iniciativa es del director de la UNGRD”, afirmó.Nuevo director de la UNGRD autorizó ayuda internacionalLara aseguró que, tras la llegada de Tamayo, la posición del Gobierno frente a la cooperación internacional cambió. “Tan pronto llegó el nuevo director de la UNGRD, el doctor Tamayo, lo primero que hizo por la mañana con el canciller fue certificar que se recibía ayuda internacional y llegaron rescatistas internacionales”, manifestó.El ministro sostuvo que Colombia solicitó apoyo a tres países y explicó que la decisión estuvo relacionada con las necesidades identificadas en las zonas afectadas. “Se pidieron rescatistas de 3 países pues porque no se necesitan más”, dijo.Lara también señaló que la llegada de equipos internacionales debe responder a las necesidades de las operaciones de búsqueda y rescate, debido a que un despliegue masivo podría generar dificultades logísticas. “Porque tampoco podemos recibir a 4000 rescatistas, porque ya recibirla, los 4000 rescatistas, se nos vuelve un problema adicional”, afirmó.Según el ministro, el Gobierno recibió a los equipos que consideró necesarios y aseguró que las puertas para la cooperación internacional quedaron abiertas. “Recibieron básicamente los que necesitaban de manera responsable, pero sí se abrieron las puertas a los rescatistas internacionales por parte de este gobierno”, señaló.Gobierno también cuenta con rescatistas colombianosDurante la entrevista, Lara indicó que Colombia dispone de personal especializado para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate. Como ejemplo, mencionó que alrededor de 160 rescatistas permanecieron disponibles en Quibdó después de que terminaran las labores que tenían asignadas en esa ciudad. “En Quibdó quedaron 160 rescatistas pues cesantes, de brazos cruzados, pues porque ya no había nada más que buscar ni rescatar”, explicó.Según Lara, ese personal podría ser trasladado a las zonas donde todavía se desarrollan operaciones de búsqueda y rescate, entre ellas Cali, Pereira y Dosquebradas.Sin embargo, el ministro aseguró que los mandatarios locales le han informado al Gobierno que cuentan con suficientes equipos de rescate para atender las operaciones: “Nos dicen tanto la gobernadora como el alcalde, los alcaldes de estas ciudades, que hay suficientes rescatistas”, afirmó.¿Qué dice la carta de Javier Pava?El saliente director general encargado de la UNGRD, en una comunicación oficial del 11 de agosto, manifestó que, de acuerdo con la evaluación de la emergencia y las capacidades nacionales disponibles, “no es necesario solicitar ni activar el despliegue de equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate (USAR)”. La comunicación fue dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y está firmada por Pava en su calidad de director general (E).Lara cuestiona el uso político de la emergenciaEl ministro también fue consultado sobre las críticas al Gobierno por la gestión de la ayuda internacional y respondió cuestionando el uso político de la emergencia.“Viendo a ver cómo hacen política con esta tragedia, eso es política carroñera, francamente. Ya dejémosla”, manifestó. Lara añadió que fue citado al Congreso para explicar la actuación del Gobierno frente a la emergencia y aseguró que allí responderá por las decisiones tomadas.“El martes nos citaron al Congreso, hemos sido citados, fui citado al Congreso para que expliquemos esta situación”, dijo. El funcionario diferenció esa discusión de las labores que actualmente adelanta el Gobierno para atender la emergencia.“Allá con mucho gusto se atiende el frente político, pero pues aquí estamos atendiendo el frente humanitario”, afirmó.Como contexto sobre la gestión de Javier Pava en la UNGRD, Blu Radio también ha informado sobre decisiones adoptadas por la entidad durante el cierre del Gobierno anterior, entre ellas la declaratoria de situación de desastre nacional por riesgo asociado al fenómeno de El Niño. La gestión de Javier Pava en la UNGRDAdemás, la Procuraduría abrió en julio una investigación disciplinaria contra exdirectivos de la UNGRD por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato para atender una emergencia asociada al fenómeno de La Niña de 2022. Investigación de la Procuraduría a exdirectivos de la UNGRD
El Ministerio de Hacienda designó a Javier Pava, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como gerente encargado del Fondo Adaptación, en reemplazo temporal de Angie Rodríguez, mediante el Decreto 1697 del 27 de julio de 2026.La decisión se produce luego de que el presidente saliente, Gustavo Petro, solicitara declarar insubsistente a Rodríguez tras las denuncias de presunta corrupción y tráfico de influencias que ella formuló contra exfuncionarios y funcionarios de su gobierno. Sin embargo, Rodríguez legalmente no fue retirada del cargo, ya que permanece en licencia por enfermedad.El decreto establece que el encargo rige "a partir de la fecha, mientras la doctora Angie Lizeth Rodríguez Fajardo se encuentra en licencia por enfermedad". La justificación se da en que la gerencia del Fondo Adaptación presenta una vacancia temporal entre el 17 y el 31 de julio de 2026 debido a la incapacidad médica de su titular.El documento también resalta que “el Fondo Adaptación es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y el nombramiento de su gerente general corresponde al presidente de la República, al tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción”. No obstante, en este caso se trata únicamente de un reemplazo temporal.Las denuncias de Angie RodríguezEl presidente electo Abelardo De La Espriella solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo; al procurador general, Gregorio Eljach, y al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, escuchar el testimonio de Angie Rodríguez por las denuncias de presunta corrupción y tráfico de influencias que ha presentado contra funcionarios del gobierno saliente.Rodríguez también anunció que interpondrá acciones legales contra el decreto con el que el presidente Petro ordenó trasladar un billón de pesos que estaban destinados a atender la emergencia en La Mojana y prevenir nuevas inundaciones, para destinarlos a acciones relacionadas con el fenómeno de El Niño.En sus declaraciones, la directora del Fondo Adaptación señaló directamente a Juliana Guerrero, a quien acusó de haber promovido su salida del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de ejercer influencia sobre entidades del Estado sin ocupar un cargo público."Ella pidió mi cabeza, igual que otras mujeres, porque eso es una red", afirmó Rodríguez, quien además aseguró que Guerrero "sin ser funcionaria pública ejercía presión en varias entidades para cobrar, pedir puestos, quitar y poner gente, como ama y señora", declaró a Noticias RCN.La funcionaria también aseguró que se opuso al nombramiento de Guerrero como viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad por considerar que enviaba "un mal mensaje para la juventud".Asimismo, dijo que pidió al presidente Petro removerla como delegada del Gobierno ante la Universidad Popular del Cesar, pero, según su versión, el mandatario no atendió esa solicitud.Este es el documento:
Durante casi cuatro horas en el Hotel Tequendama, centro de Bogotá, se dio una nueva sesión de la Comisión Nacional de Seguimiento a Procesos Electorales, convocada por el Gobierno nacional y en el que participan integrantes del gabinete, delegados de las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, organizaciones civiles como la Misión de Observación Electoral, voceros de los partidos políticos, así como los Directores Ejecutivos de la Federación Colombiana de Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios.La reunión tuvo como punto de discusión no solo la logística de las consultas internas de los partidos que se llevarán a cabo el próximo domingo, 4 de junio, las elecciones regionales que realizarán el 29 de octubre, sino también los riesgos en seguridad públicas como las amenazas proferidas por las disidencias de las Farc de que no permitirán el ingreso y eventual desarrollo de la campaña de candidatos pertenecientes a los partidos tradicionales.Ante estos hechos, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, explicó que desde el Gobierno están implementando todas las acciones para fortalecer la presencia militar y garantizar el orden público; entre ellas, adelantar reuniones de seguridad especial con el Ejército, Fuerza Militares, Policía y UNP, para preparar una estrategia especial”.Velasco señaló que a pesar de que hay amenazas que deben ser enfrentadas, las estadísticas no muestran un retroceso en seguridad y que la actuación será estratégica y con garantías para el normal desarrollo de la campaña: “Cuando uno recibe una amenaza como la que ha recibido, esto no es con cartitas ni con mensajitos, esto es con actuaciones que evidentemente está preparando la fuerza pública”.Por su parte, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, el pedido luego de escuchar a varios gobernadores y dirigentes regionales es que se organice la Fuerza Pública y todas las instituciones del Estado para garantizar el proceso electoral.“Nuestros 85 integrantes de vigilancia electoral están activos, nos mantienen al día dándonos información de las posibles afectaciones a la transparencia del proceso electoral. La información que estamos recibiendo es angustia y temor por el aspecto de seguridad, constreñimiento en el proceso electoral a candidatos y electores”, sostuvo Cabello.La jefa del Ministerio Público pidió, además, que se hiciera un análisis serio de los decretos de cese al fuego firmados desde el 31 de diciembre y que se vencen el 30 de junio próximo, para que estos no se prolonguen y se pueda reactivar toda la capacidad de las Fuerzas Militares.Por su parte, el registrador Alexander Vega solicitó, de manera urgente, al Gobierno nacional garantizar la seguridad de todos los actores del proceso electoral y afirmó que no se puede hablar de elecciones libres ni con garantías, si los alcaldes de Tibú (Norte de Santander), Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar (Chocó) y Puerto Guzmán (Putumayo) están despachando por fuera de sus municipios. Así mismo. Vega dijo que por el momento no se tiene contemplado el traslado de puestos de votación, ya que eso implicaría un retroceso a procesos electorales con altos índices de inseguridad como el ocurrido en 2002.Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinoza, celebró la designación del Alto Consejero para Las Regiones, Luis Fernando Velasco; como nuevo director (e) de la UNDGR y aplaudió la salida de Javier Pava, a quien catalogó como "negligente" y carente de respuesta operativa. En su trino, publicado días antes de conocerse la decisión del presidente Gustavo Petro, señaló: “Nos llena de alegría esta designación del Gobierno Nacional. Conozco a Luis Fernando Velasco por su trayectoria, sensibilidad social, capacidad y entendimiento de la gestión del riesgo. Nos da esperanza sobre la mejoría de la UNDGR en Colombia y, en especial, de La Mojana".La misma posición comparte Abel Regino, miembro del comité ‘Pacto Social por La Mojana’, quien aseguró que más que alegría, las comunidades se sentían “tranquilas”, pues el daño irremediable que les habría causado Pava se tradujo en vivir “una nueva tragedia” ante la negativa de cerrar el boquete de 'Caregato'."Para nosotros es un alivio, no es tanto la alegría, sino la conmoción que ha causado en La Mojana este señor y el daño tan grande que nos hecho. Contentos, de verdad, muy contentos porque este señor ya había sido persona no grata por La Mojana y tenemos la fe puesta en el nuevo director (e) Luis Fernando Velasco para recuperar nuestra despensa agrícola", acotó.Entre tanto, a partir de esta semana se retomarán los trabajos del cierre de ‘Caregato’, tras la asignación de recursos económicos otorgados por las gobernaciones de Sucre, Bolívar y Córdoba a través de un convenio interadministrativo firmado a inicios del mes de marzo.Arnulfo Betancourt, miembro del comité ‘Pacto por La Mojana’, explicó que la nueva contratación no se dará de manera cerrada, sino que se trabajará a través de la generación de órdenes para evitar nuevas suspensiones. "Gracias esa viabilidad jurídica se puede dar esta contratación de manera abierta mientras se van adicionando más recursos a esta bolsa económica a la que, esperamos, también se sume la gobernación de Antioquia". También, señaló que están a la espera de que surtan los últimos trámites administrativos para que se pongan en funcionamiento —de manera simultánea— dos dragas: una en ‘Caregato’ y otra en el Canal de La Esperanza.Le puede interesar:
Después de siete meses en el cargo, el ingeniero Javier Pava saldrá de la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, en la cual estaba encargado de liderar la atención de los damnificados por las lluvias de final de 2022 y la reubicación de las familias que habían perdido sus hogares como ocurrió en Rosas, Cauca.Precisamente, el pasado 13 de marzo, en su visita a esa región, el presidente Gustavo Petro hizo un duro llamado de atención a la entidad por las demoras en la adquisición de predios para reubicar a las 220 familias que resultaron afectadas por el invierno."Creo que no se está aplicando la ley de emergencias, hay un temor a aplicar la ley de emergencias. Aplicamos los mecanismos ordinarios, pero no aplicamos los mecanismos extraordinarios por los cuales se decreta la emergencia y para eso se hizo una ley en el año 2012", reclamó el mandatario.Y advirtió, además que: "Llevamos 11 años, eso tiene unas razones que algún día analizaremos, hay intereses que lo impiden dentro y fuera del Gobierno. Yo voy a coger este tema personalmente porque la verdad: me aburrí, me da pena andar de sitio en sitio con personas muy sacrificadas y volver y nada y volver y nada. Tenemos que reubicar y la gente tiene que vivir mejor que como estaba antes, entonces este es un tema que está pendiente, aquí no podemos dar una victoria”.La dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo será asumida, en calidad de encargado, por el actual alto consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco, quien tendrá una doble responsabilidad.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava, reveló este viernes que mediante la resolución 265 del 16 de marzo de 2023, se declararon áreas de utilidad pública e interés social en los municipios de Rosas, Timbío, Sotará, Patía, Mercaderes y Sucre del departamento del Cauca.El propósito es reubicar a las 222 familias que resultaron damnificadas en el municipio Rosas, Cauca, tras el deslizamiento del 9 de enero de este año, mediante la disposición de cuatro predios que suman en total 1.430 hectáreas.El funcionario destacó que esta es la primera vez que en el país se da aplicación a los artículos 74, 75 y 76 de la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a los que se ha referido el presidente Gustavo Petro.En diálogo con Blu Radio, Pava explicó el alcance de la resolución y es que se iniciará un proceso de negociación exprés para tener los predios, pero si no se logra un acuerdo, en un período de 15 días serían expropiados.“Estamos aplicando la Ley 1523, artículos que no se habían utilizado anteriormente que permiten disponer de predios en 15 días, bien sea por negociación directa o por expropiación. Una vez que inicia este proceso, tanto el propietario como la entidad estamos obligados a resolver el tema de los predios para darle una solución a las familias damnificadas en Rosas que lo perdieron todo”, señala Pava.Señaló, agregó que, los procesos de reasentamiento que se han realizado en el país demoran hasta seis años y aseguró que eso “no es aceptable para familias que pierden todo en una tragedia y que tengan que esperar esa situación. Esta medida es para resolverles en el menor tiempo posible, el presidente ha sido enfático en varias ocasiones que demos aplicación a la ley”.Pava advirtió que se intentaron hacer las negociaciones directas, pero que no se han logrado los resultados.“Existían varios procesos que hemos adelantado buscando tierras y buscando negociación directa, pero viendo que no encontramos esos caminos expeditos, entonces el camino más claro es este procedimiento”, indicó.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
Dos frentes de trabajo se pondrán en marcha en La Mojana para acabar con las filtraciones del río Cauca, en especial en el sector de 'Caregato'. Después de la polémica que enfrentó al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Javier Pava, con los gobernadores de Sucre, Bolívar y Córdoba, este jueves, 9 de marzo, salió ‘humo blanco’ de la sesión descentralizada que convocó el Congreso y entre todos acordaron qué obras se van a realizar y quiénes las van a asumir.El director Pava insiste en que su tarea es “generar soluciones definitivas y no una provisional” a los problemas de inundación en La Mojana, así que el Gobierno nacional seguirá trabajando, ahora con máquinas más grandes, en la ampliación del Canal de la Esperanza para que las corrientes más fuertes del río Cauca circulen por allí y no arremetan por 'Caregato'.Mientras, la comunidad con sus propios recursos y la ayuda de las gobernaciones de Bolívar, Córdoba y Sucre se encargará de cerrar de una vez por todas el boquete de 'Caregato'."En ningún momento estoy en la terquedad de no cerrar 'Caregato'. Nosotros sí queremos que se cierre 'Caregato', la pregunta era cómo hacerlo. Nosotros vamos a hacerlo por el Canal de la Esperanza y el gobernador tiene una propuesta con unos recursos propios y es bienvenida", dijo el director Pava."Mientras nosotros avanzamos en el canal, él (gobernador de Sucre) le mete al cierre de 'Caregato' y es perfecto, sumamos todos", agregó.A su turno, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, insistió en que se escuche a la comunidad para cada obra que se ejecute."La experiencia que me ha dejado este tema de La Mojana es que la comunidad siempre termina teniendo la razón, entonces hagámosle caso a la gente, contratemos las máquinas que ellos dicen que sirve para eso y con el método que dicen que funciona, porque son ellos los que padecen, los que están debajo de la gotera", expresó el mandatario.Sobre la reubicación de las comunidades, Pava aclaró que no va a sacar a toda la gente de La Mojana, sino que después de los trabajos se revisará cuáles familias siguen en riesgo de inundaciones para asentarlas en otras zonas seguras.Le puede interesar: 'Noticias del día'
Con una citación directa a funcionarios del alto gobierno, campesinos, agricultores y los gobernadores de Sucre, Córdoba y Bolívar, desde las 10:00 de la mañana se viene desarrollando una sesión descentralizada por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de La República para revisar los presuntos incumplimientos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNDGR, respecto a la atención de la emergencia en La Mojana.Arnulfo Betancourt, miembro del colectivo ‘Pacto por La Mojana’, señaló que se mantendrán firmes en su exigencia de cerrar el boquete de Caregato, además de pedir trabajos de adecuación en el canal de La Esperanza y la habilitación de créditos blandos a través de un ‘Plan Especial para La Mojana’ que lidere el Banco Agrario, cuya iniciativa se propondrá a la ministra de Agricultura, Cecilia López. Aseguró, además, que no están dispuestos a aceptar "migajas", pues no son limosneros, son damnificados que viven una tragedia humanitaria. "No estamos dispuestos a seguir recibiendo limosnas, queremos soluciones de fondo para mitigar el impacto que las lluvias tienen sobre nuestra región sumergida en el agua desde agosto del año 2021. No queremos pañitos de agua tibia, queremos que cierren los 2 kilómetros de boquete que abrió el río Cauca", alegó Betancourt. Asimismo, también sostuvo lo siguiente:"Es importante que nuestros campesinos cuenten con nuevos créditos para volver a trabajar sus tierras, ya que las inundaciones acabaron la productividad de nuestra región, desplazó el ganado y no contamos con sustentos económicos para comprar los insumos y volver a producir. Es por ello que pedimos la habilitación de estos créditos con tasas de interés muy bajas y a largo plazo". Otra de las solicitudes tiene que ver directamente con las ollas comunitarias para seguir brindando alimentación a los damnificados en municipios como Majagual, Sucre, donde habitan más de 20 comunidades que aún siguen bajo agua, según indicó Pedro Ramos."En Majagual, Sucre, tenemos de 16 a 20 comunidades que aún están esperando las ollas comunitarias que prometió el Gobierno Nacional. Queremos que nos cumplan porque la gente también se está muriendo de hambre, solo contamos con nueve ollas desde que el presidente Gustavo Petro, hace más de cuatro meses, se comprometió a realizarlas", contó."Hemos convertido a la COT en una Comisión más de territorio que de Capitolio y venimos recorriendo el país haciendo control político a los temas que afectan a las regiones y una de esas situaciones que nos preocupa es el drama social y económico que padecen los más de 500.000 damnificados que han dejado estos dos años de inundaciones en La Mojana", sostuvo Marcos Daniel Pineda García, presidente de la Comisión del Ordenamiento Territorial del Senado de la República.Le puede interesar este contenido:
El Gobierno nacional en compañía de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) expidió, a finales de enero, la resolución que definió el proyecto de ‘Canasta Popular’, con la cual se espera entregar alimentos y productos a las personas damnificadas por el fenómeno La Niña y los campesinos con problemas con sus cultivos en la zona de Rosas, Cauca.De acuerdo con la Resolución 0100 del 27 d enero de 2023, la iniciativa del Gobierno nacional nació después del gigantesco derrumbe que se presentó en Rosa, Cauca, en especial en la Vía Panamericana, que dejó incomunicado el suroccidente del país el pasado 9 de enero. Las compras comenzaron debido a las 8.000 toneladas de alimentos que varios productores tenían represadas y se estaban perdiendo."Dentro de lo que correspondió a la compra de cosechas que estaba prevista para comprar 1.100 toneladas, en este momento, anunciamos que hemos llegado al 89 % de la compra de las cosechas represadas", informó, Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.¿Cuáles son los tipos de compra que está realizando el Gobierno nacional?La directa a los productores afectados.La conformación integral de un mercado mensual de alimentos que se entregan directamente a los hogares damnificados.La entrega de alimentos a través de un bono canjeable, el cual podrá hacerse efectivo en un mercado campesino.“La ‘Canasta Popular’ que se está implementando en Nariño incluye la compra de los cinco productos que están en sobreproducción o represados en esta región. Estos alimentos se los entregamos a las familias afectadas y vamos a establecer otras formas de ayuda como los mercados campesinos y la entrega de bonos”, puntualizó Pava Sánchez.Le puede interesar: 'El Camerino'
De nuevo el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, lanzó “un grito por La Mojana” para que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) “deje las evasivas respecto a la problemática” de inundaciones que afecta a esta subregión.El mandatario criticó que del Gobierno solo se escuchan “promesas de traslados de familia, de mercados o de ollas comunitarias que no se cumplen, y de maquinaria que va a llegar y no llega”. No obstante, añadió, lo peor es la decisión de no cerrar el boquete por donde se sigue filtrando el agua en 'Caregato'."Las máquinas que se dispusieron son insuficientes y de remate hoy el señor de Gestión del Riesgo (Javier Pava) anuncia que no va a cerrar 'Caregato'. Eso es inaceptable para nosotros", dijo Espinosa."Eso es porque el señor de Gestión del Riesgo no vive allá dentro del agua como está la gente nuestra en La Mojana, porque no ha perdido sus cultivos. Rechazamos esa declaración. Él tiene que cumplirle a la región", agregó.El mandatario sucreño afirmó que ha convocado a sus colegas de Córdoba y Bolívar para que juntos busquen una solución."Si no lo va a resolver la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es la que tiene la competencia, nos va tocar entrar a los gobiernos locales a resolverlo, pero hay que cerrar 'Caregato', porque la gente nuestra no puede vivir toda la vida debajo del agua", dijo.Por su parte, el director Pava espera que en un mes aproximadamente, con los trabajos que se están ejecutando actualmente La Mojana, se alcance a redireccionar un 80% del cauce original del río Cauca por el Canal de la Esperanza.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.
Las variaciones climáticas extremas entre temporadas de calor y lluvias están generando un impacto directo en el sector agrícola de Antioquia, donde la pérdida de cultivos por sequías e inundaciones amenaza con encarecer la canasta familiar. De acuerdo con un análisis económico de la Universidad Pontificia Bolivariana, las afectaciones en las zonas de siembra del departamento reducirán la oferta de productos básicos, presionando el alza de precios en los mercados locales.El estudio, desarrollado por el docente e investigador Iván Montoya, señala que la alteración en las fuentes de agua impacta tanto a la agricultura como a la ganadería antioqueña, afectando la producción de leche, carne y vegetales. Según las proyecciones del analista, el desabastecimiento de alimentos y el incremento en los servicios de energía y agua podrían encarecer hasta en un 19 % el costo de la canasta básica de los hogares paisas, debido a los mayores costos que asumen los campesinos para mantener sus plantaciones. "Todas estas implicaciones macro muy seguramente van a tener repercusiones económicas en el bolsillo de los hogares; por un lado, se ha venido mencionando para ver un aumento, pues, en los costos de producción, sobre todo los costos agrícolas fundamentalmente, y eso va a generar un aumento en la producción de alimentos que termina generando, pues, inflación; ya había mencionado el caso", indicó el docente.El análisis económico contempla que la región Andina sufrirá el mayor impacto estructural por la disminución en los caudales de los ríos y una reducción de un tercio en las precipitaciones. Esta situación compromete a los embalses del interior del país, que concentran el 95 % de la capacidad nacional, y afecta a otras regiones como la Caribe, el Pacífico y la Orinoquía, donde la falta de agua de riego e inundaciones repentinas impiden que los cultivos prosperen, reduciendo la oferta de alimentos a nivel nacional.Ante la imposibilidad de aumentar la producción agrícola local por los daños en la tierra, la investigación prevé que el país deba recurrir a la importación de insumos y granos básicos mediante la revisión de salvaguardas comerciales; un panorama que ya se refleja en las calles de Medellín, donde comerciantes y familias observan transformaciones en sus dinámicas cotidianas y se abstienen de comprar ciertos productos que antes adquirían habitualmente, dado que, según señalan los propios habitantes, sus costos actuales se han vuelto inalcanzables. "Una semana dicen no, la otra semana sube tal cosa, entonces cada ratico están subiendo, están subiendo. Eso sí ha afectado y se han disminuido las ventas también. Nos han subido la crema de leche, nos suben el queso. Tenemos que subir de precio las cosas", indicaron algunos ciudadanos consultados por BLU Radio.Asimismo, el docente señala que este fenómeno generará una presión inflacionaria originada por la caída en la oferta de alimentos, lo que dejaría al Banco de la República con un margen muy reducido para bajar las tasas de interés en los próximos meses.
La decisión, con 23 votos a favor y ninguno en contra, se tomó en segundo debate del Proyecto de Ordenanza que busca garantizar la continuidad de los estudios y las etapas necesarias para sacar adelante el denominado Tren Multipropósito de Antioquia.Con esta capitalización se financiarán las fases 3 y 4 de la estructuración del proyecto, luego de que durante 2025 se completaran las dos primeras etapas. En ese periodo se revisaron los estudios de factibilidad, se actualizó la información técnica y la proyección de demanda de pasajeros y carga, y se evaluaron diferentes alternativas de trazado y financiación.Como resultado de ese trabajo, el corredor Bello-Puerto Berrío fue definido como prioritario para continuar con el desarrollo del proyecto ferroviario, que busca conectar el Valle de Aburrá con el Magdalena Medio.La tercera fase contempla la actualización de estudios y diseños, la estructuración del modelo financiero y la definición de la matriz de asignación de riesgos. Posteriormente, en la cuarta etapa se elaborarán los documentos contractuales y los insumos necesarios para una eventual salida al mercado.Para ese proceso se contempla la posibilidad de utilizar un esquema de Asociación Público-Privada (APP) u otro mecanismo de financiación que permita garantizar la sostenibilidad del proyecto.El corredor ferroviario priorizado tendrá una extensión de 182,1 kilómetros, desde Bello hasta Puerto Berrío, y conectará dos subregiones estratégicas del departamento: el Valle de Aburrá y el Magdalena Medio.De acuerdo con la presentación del proyecto, su área de influencia comprende 12 municipios y una población estimada de 3.706.611 habitantes. Además, se proyecta como una alternativa para fortalecer la conexión logística de Antioquia y facilitar una eventual conexión con los puertos del mar Caribe.
Las autoridades en el departamento de Antioquia han alzado la mano para mostrar su preocupación por la guerra que se vive en el Suroeste antioqueño entre el Clan del Golfo y al menos 17 estructuras delincuenciales que están buscando apoderarse del territorio.Las alarmantes cifras fueron entregadas por la Gobernación de Antioquia quien advirtió que está buscando con el Ejército Nacional y la Policía Nacional la manera para poder acabar con la disputa que ha creado temor entre la comunidad.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, destacó que en esta subregión del departamento se han reportado algunos homicidios producto de la confrontación entre los grupos delincuenciales."Esos homicidios del enfrentamiento de criminales del clan del golfo contra criminales de 17 estructuras delincuenciales que quieren apoderarse del del microtráfico. Aquí sabemos que esta, que ha sido una zona pacífica trabajadora por excelencia, tiene una incidencia criminal bastante grande por cuenta de la factura de esa renta que persiguen estos bandidos", indicó el mandatario.Hay que mencionar que en el Suroeste antioqueño no solo hay presencia del Clan del Golfo sino también del ELN, que sería uno de los mayores dinamizadores de la violencia, y las disidencias que como en otras zonas del departamento estaría en alianza con el Clan del Golfo buscando mayor control territorial.Por ahora las autoridades en Antioquia están tras la pista de los intereses que hay detrás de los 17 grupos delincuenciales con presencia en el Suroeste antioqueño, ya que no se descarta que el ELN tenga relación con alguna de estas facciones que buscan quitarle las rentas ilícitas al Clan del Golfo.
En el Valle de Aburrá, la Policía Nacional adelantó dos operativos de control y registro que dejaron como resultado la captura de 13 personas y la incautación de cerca de 3.900 dosis de sustancias estupefacientes. Las acciones institucionales se desarrollaron de manera simultánea en el municipio de Bello y en el sector del centro de Medellín para contrarrestar el tráfico local de drogas y las economías ilícitas en ambas localidades.El primer procedimiento tuvo lugar en el sector de El Carmelo, en el municipio de Bello, donde las patrullas de vigilancia interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban dos hombres de 29 y 36 años. Durante la inspección, según el Teniente Coronel José Fernando Mazo, comandante Operativo Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, hallaron un bolso con cerca de 900 dosis de marihuana listas para su distribución. Los dos ciudadanos fueron capturados e individualizados para ser puestos a disposición de la Fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes."El procedimiento se desarrolló en el sector del Carmelo, donde nuestras patrullas de vigilancia durante actividades de registro y control interceptaron una motocicleta en la que se movilizaban estos dos ciudadanos. Al realizar la inspección, nuestros uniformados encontraron en el interior un bolso con las sustancias estupefacientes, las cuales, de acuerdo con las verificaciones preliminares, iban a ser distribuidas en este sector". indicó.Por otra parte, en el barrio Estación Villa del centro de Medellín, la fuerza pública y la Alcaldía Distrital ejecutaron una intervención integral que culminó con la captura de 11 personas y la incautación de 3.000 dosis de sustancias ilícitas. En el sitio se materializaron tres órdenes judiciales por concierto para delinquir, receptación y falsedad marcaria, mientras que ocho personas más fueron judicializadas en flagrancia. Las autoridades precisaron que los detenidos presuntamente estarían vinculados al grupo delincuencial 'Los Carabanudos', alineado con la estructura 'La Terraza'.Entre los procesados en la capital antioqueña figura un hombre conocido como alias 'Cachetón', quien registra nueve anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por tráfico de estupefacientes. Asimismo, de acuerdo con el Coronel Richard Fajardo, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, se capturó a una mujer identificada como alias 'La Cucha', señalada por las investigaciones de administrar una vivienda que era utilizada como centro de acopio y expendio de sustancias alucinógenas y otras actividades delictivas en el sector."Entre los capturados se encuentran alias Cachetón, quien registra nueve anotaciones por tráfico de estupefacientes, y alias La Cucha, señalado de administrar un inmueble utilizado para la comercialización de sustancias ilícitas. Estas acciones hacen parte de una estrategia sostenida para contrarrestar las economías criminales y prevenir hechos de violencia", señaló. Durante la jornada en el centro de la ciudad, los uniformados decomisaron 97 armas cortopunzantes, recuperaron dos motocicletas reportadas como robadas y aplicaron el cierre temporal a tres establecimientos comerciales por incumplimiento normativo. Los 13 capturados en ambos municipios quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación para definir su situación jurídica.