El ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó en entrevista con Néstor Morales, en Mañanas BLU, que la decisión inicial de no solicitar rescatistas internacionales para atender la emergencia fue tomada por el entonces director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Javier Pava.Según Lara, Pava, quien permaneció en el cargo hasta la llegada del nuevo director, David Santiago Tamayo, fue quien certificó mediante una comunicación oficial que Colombia no requería apoyo internacional para las labores de búsqueda y rescate.“El doctor Pava, de Gustavo Petro, fue el que certificó en una carta que no necesitábamos ayuda de rescatistas internacionales. Y que lo agradecía”, afirmó el ministro.La llegada de Tamayo a la dirección de la UNGRD se produjo con el cambio de Gobierno. Blu Radio había informado previamente que el geólogo David Santiago Tamayo asumiría la dirección de la entidad como parte del gabinete del presidente Abelardo De La Espriella.Lara explica cómo se decide la llegada de rescatistas internacionalesEl ministro explicó que la solicitud de ayuda internacional para una emergencia no depende directamente de la Cancillería, sino de las necesidades que sean determinadas por el Puesto de Mando Unificado (PMU), coordinado por la UNGRD.“Para pedir rescatistas internacionales eso no lo hace el canciller motu proprio, no es iniciativa del canciller. El canciller es el vehículo para hacerlo”, explicó Lara.De acuerdo con su explicación, el PMU central reúne a diferentes entidades del Estado y está dirigido por la UNGRD. Desde allí se establece si son necesarios recursos adicionales para atender una emergencia.“El que determina básicamente es el PMU, el PMU dirigido por la UNGRD, el PMU central que es de la UNGRD”, señaló. Lara agregó que, si el director de la UNGRD determina que se requiere apoyo internacional, esa solicitud pasa a la Cancillería para que se gestione con otros países.“Si dice que se necesita, va a la Cancillería, el canciller con ese documento dice, miren, señores de afuera, señores de otros países, vengan y nos ayudan”, explicó. Por esa razón, el ministro sostuvo que, mientras Pava permaneció al frente de la entidad, la Cancillería no tenía una solicitud formal para gestionar la llegada de más equipos extranjeros.“Si el señor de la UNGRD, que era Pava, le dice al canciller que no, pues el canciller no puede ir a pedir por iniciativa propia ninguna ayuda internacional. Es decir, la iniciativa es del director de la UNGRD”, afirmó.Nuevo director de la UNGRD autorizó ayuda internacionalLara aseguró que, tras la llegada de Tamayo, la posición del Gobierno frente a la cooperación internacional cambió. “Tan pronto llegó el nuevo director de la UNGRD, el doctor Tamayo, lo primero que hizo por la mañana con el canciller fue certificar que se recibía ayuda internacional y llegaron rescatistas internacionales”, manifestó.El ministro sostuvo que Colombia solicitó apoyo a tres países y explicó que la decisión estuvo relacionada con las necesidades identificadas en las zonas afectadas. “Se pidieron rescatistas de 3 países pues porque no se necesitan más”, dijo.Lara también señaló que la llegada de equipos internacionales debe responder a las necesidades de las operaciones de búsqueda y rescate, debido a que un despliegue masivo podría generar dificultades logísticas. “Porque tampoco podemos recibir a 4000 rescatistas, porque ya recibirla, los 4000 rescatistas, se nos vuelve un problema adicional”, afirmó.Según el ministro, el Gobierno recibió a los equipos que consideró necesarios y aseguró que las puertas para la cooperación internacional quedaron abiertas. “Recibieron básicamente los que necesitaban de manera responsable, pero sí se abrieron las puertas a los rescatistas internacionales por parte de este gobierno”, señaló.Gobierno también cuenta con rescatistas colombianosDurante la entrevista, Lara indicó que Colombia dispone de personal especializado para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate. Como ejemplo, mencionó que alrededor de 160 rescatistas permanecieron disponibles en Quibdó después de que terminaran las labores que tenían asignadas en esa ciudad. “En Quibdó quedaron 160 rescatistas pues cesantes, de brazos cruzados, pues porque ya no había nada más que buscar ni rescatar”, explicó.Según Lara, ese personal podría ser trasladado a las zonas donde todavía se desarrollan operaciones de búsqueda y rescate, entre ellas Cali, Pereira y Dosquebradas.Sin embargo, el ministro aseguró que los mandatarios locales le han informado al Gobierno que cuentan con suficientes equipos de rescate para atender las operaciones: “Nos dicen tanto la gobernadora como el alcalde, los alcaldes de estas ciudades, que hay suficientes rescatistas”, afirmó.¿Qué dice la carta de Javier Pava?El saliente director general encargado de la UNGRD, en una comunicación oficial del 11 de agosto, manifestó que, de acuerdo con la evaluación de la emergencia y las capacidades nacionales disponibles, “no es necesario solicitar ni activar el despliegue de equipos internacionales especializados de búsqueda y rescate (USAR)”. La comunicación fue dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores y está firmada por Pava en su calidad de director general (E).Lara cuestiona el uso político de la emergenciaEl ministro también fue consultado sobre las críticas al Gobierno por la gestión de la ayuda internacional y respondió cuestionando el uso político de la emergencia.“Viendo a ver cómo hacen política con esta tragedia, eso es política carroñera, francamente. Ya dejémosla”, manifestó. Lara añadió que fue citado al Congreso para explicar la actuación del Gobierno frente a la emergencia y aseguró que allí responderá por las decisiones tomadas.“El martes nos citaron al Congreso, hemos sido citados, fui citado al Congreso para que expliquemos esta situación”, dijo. El funcionario diferenció esa discusión de las labores que actualmente adelanta el Gobierno para atender la emergencia.“Allá con mucho gusto se atiende el frente político, pero pues aquí estamos atendiendo el frente humanitario”, afirmó.Como contexto sobre la gestión de Javier Pava en la UNGRD, Blu Radio también ha informado sobre decisiones adoptadas por la entidad durante el cierre del Gobierno anterior, entre ellas la declaratoria de situación de desastre nacional por riesgo asociado al fenómeno de El Niño. La gestión de Javier Pava en la UNGRDAdemás, la Procuraduría abrió en julio una investigación disciplinaria contra exdirectivos de la UNGRD por presuntas irregularidades relacionadas con un contrato para atender una emergencia asociada al fenómeno de La Niña de 2022. Investigación de la Procuraduría a exdirectivos de la UNGRD
El Ministerio de Hacienda designó a Javier Pava, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como gerente encargado del Fondo Adaptación, en reemplazo temporal de Angie Rodríguez, mediante el Decreto 1697 del 27 de julio de 2026.La decisión se produce luego de que el presidente saliente, Gustavo Petro, solicitara declarar insubsistente a Rodríguez tras las denuncias de presunta corrupción y tráfico de influencias que ella formuló contra exfuncionarios y funcionarios de su gobierno. Sin embargo, Rodríguez legalmente no fue retirada del cargo, ya que permanece en licencia por enfermedad.El decreto establece que el encargo rige "a partir de la fecha, mientras la doctora Angie Lizeth Rodríguez Fajardo se encuentra en licencia por enfermedad". La justificación se da en que la gerencia del Fondo Adaptación presenta una vacancia temporal entre el 17 y el 31 de julio de 2026 debido a la incapacidad médica de su titular.El documento también resalta que “el Fondo Adaptación es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y el nombramiento de su gerente general corresponde al presidente de la República, al tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción”. No obstante, en este caso se trata únicamente de un reemplazo temporal.Las denuncias de Angie RodríguezEl presidente electo Abelardo De La Espriella solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo; al procurador general, Gregorio Eljach, y al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, escuchar el testimonio de Angie Rodríguez por las denuncias de presunta corrupción y tráfico de influencias que ha presentado contra funcionarios del gobierno saliente.Rodríguez también anunció que interpondrá acciones legales contra el decreto con el que el presidente Petro ordenó trasladar un billón de pesos que estaban destinados a atender la emergencia en La Mojana y prevenir nuevas inundaciones, para destinarlos a acciones relacionadas con el fenómeno de El Niño.En sus declaraciones, la directora del Fondo Adaptación señaló directamente a Juliana Guerrero, a quien acusó de haber promovido su salida del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de ejercer influencia sobre entidades del Estado sin ocupar un cargo público."Ella pidió mi cabeza, igual que otras mujeres, porque eso es una red", afirmó Rodríguez, quien además aseguró que Guerrero "sin ser funcionaria pública ejercía presión en varias entidades para cobrar, pedir puestos, quitar y poner gente, como ama y señora", declaró a Noticias RCN.La funcionaria también aseguró que se opuso al nombramiento de Guerrero como viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad por considerar que enviaba "un mal mensaje para la juventud".Asimismo, dijo que pidió al presidente Petro removerla como delegada del Gobierno ante la Universidad Popular del Cesar, pero, según su versión, el mandatario no atendió esa solicitud.Este es el documento:
Durante casi cuatro horas en el Hotel Tequendama, centro de Bogotá, se dio una nueva sesión de la Comisión Nacional de Seguimiento a Procesos Electorales, convocada por el Gobierno nacional y en el que participan integrantes del gabinete, delegados de las Fuerzas Militares, la Policía, la Fiscalía, la Procuraduría, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, organizaciones civiles como la Misión de Observación Electoral, voceros de los partidos políticos, así como los Directores Ejecutivos de la Federación Colombiana de Departamentos, la Federación Colombiana de Municipios.La reunión tuvo como punto de discusión no solo la logística de las consultas internas de los partidos que se llevarán a cabo el próximo domingo, 4 de junio, las elecciones regionales que realizarán el 29 de octubre, sino también los riesgos en seguridad públicas como las amenazas proferidas por las disidencias de las Farc de que no permitirán el ingreso y eventual desarrollo de la campaña de candidatos pertenecientes a los partidos tradicionales.Ante estos hechos, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, explicó que desde el Gobierno están implementando todas las acciones para fortalecer la presencia militar y garantizar el orden público; entre ellas, adelantar reuniones de seguridad especial con el Ejército, Fuerza Militares, Policía y UNP, para preparar una estrategia especial”.Velasco señaló que a pesar de que hay amenazas que deben ser enfrentadas, las estadísticas no muestran un retroceso en seguridad y que la actuación será estratégica y con garantías para el normal desarrollo de la campaña: “Cuando uno recibe una amenaza como la que ha recibido, esto no es con cartitas ni con mensajitos, esto es con actuaciones que evidentemente está preparando la fuerza pública”.Por su parte, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, el pedido luego de escuchar a varios gobernadores y dirigentes regionales es que se organice la Fuerza Pública y todas las instituciones del Estado para garantizar el proceso electoral.“Nuestros 85 integrantes de vigilancia electoral están activos, nos mantienen al día dándonos información de las posibles afectaciones a la transparencia del proceso electoral. La información que estamos recibiendo es angustia y temor por el aspecto de seguridad, constreñimiento en el proceso electoral a candidatos y electores”, sostuvo Cabello.La jefa del Ministerio Público pidió, además, que se hiciera un análisis serio de los decretos de cese al fuego firmados desde el 31 de diciembre y que se vencen el 30 de junio próximo, para que estos no se prolonguen y se pueda reactivar toda la capacidad de las Fuerzas Militares.Por su parte, el registrador Alexander Vega solicitó, de manera urgente, al Gobierno nacional garantizar la seguridad de todos los actores del proceso electoral y afirmó que no se puede hablar de elecciones libres ni con garantías, si los alcaldes de Tibú (Norte de Santander), Cartagena del Chairá (Caquetá), San José del Palmar (Chocó) y Puerto Guzmán (Putumayo) están despachando por fuera de sus municipios. Así mismo. Vega dijo que por el momento no se tiene contemplado el traslado de puestos de votación, ya que eso implicaría un retroceso a procesos electorales con altos índices de inseguridad como el ocurrido en 2002.Le puede interesar: Las noticias más importantes esta semana en el FPC
A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinoza, celebró la designación del Alto Consejero para Las Regiones, Luis Fernando Velasco; como nuevo director (e) de la UNDGR y aplaudió la salida de Javier Pava, a quien catalogó como "negligente" y carente de respuesta operativa. En su trino, publicado días antes de conocerse la decisión del presidente Gustavo Petro, señaló: “Nos llena de alegría esta designación del Gobierno Nacional. Conozco a Luis Fernando Velasco por su trayectoria, sensibilidad social, capacidad y entendimiento de la gestión del riesgo. Nos da esperanza sobre la mejoría de la UNDGR en Colombia y, en especial, de La Mojana".La misma posición comparte Abel Regino, miembro del comité ‘Pacto Social por La Mojana’, quien aseguró que más que alegría, las comunidades se sentían “tranquilas”, pues el daño irremediable que les habría causado Pava se tradujo en vivir “una nueva tragedia” ante la negativa de cerrar el boquete de 'Caregato'."Para nosotros es un alivio, no es tanto la alegría, sino la conmoción que ha causado en La Mojana este señor y el daño tan grande que nos hecho. Contentos, de verdad, muy contentos porque este señor ya había sido persona no grata por La Mojana y tenemos la fe puesta en el nuevo director (e) Luis Fernando Velasco para recuperar nuestra despensa agrícola", acotó.Entre tanto, a partir de esta semana se retomarán los trabajos del cierre de ‘Caregato’, tras la asignación de recursos económicos otorgados por las gobernaciones de Sucre, Bolívar y Córdoba a través de un convenio interadministrativo firmado a inicios del mes de marzo.Arnulfo Betancourt, miembro del comité ‘Pacto por La Mojana’, explicó que la nueva contratación no se dará de manera cerrada, sino que se trabajará a través de la generación de órdenes para evitar nuevas suspensiones. "Gracias esa viabilidad jurídica se puede dar esta contratación de manera abierta mientras se van adicionando más recursos a esta bolsa económica a la que, esperamos, también se sume la gobernación de Antioquia". También, señaló que están a la espera de que surtan los últimos trámites administrativos para que se pongan en funcionamiento —de manera simultánea— dos dragas: una en ‘Caregato’ y otra en el Canal de La Esperanza.Le puede interesar:
Después de siete meses en el cargo, el ingeniero Javier Pava saldrá de la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, UNGRD, en la cual estaba encargado de liderar la atención de los damnificados por las lluvias de final de 2022 y la reubicación de las familias que habían perdido sus hogares como ocurrió en Rosas, Cauca.Precisamente, el pasado 13 de marzo, en su visita a esa región, el presidente Gustavo Petro hizo un duro llamado de atención a la entidad por las demoras en la adquisición de predios para reubicar a las 220 familias que resultaron afectadas por el invierno."Creo que no se está aplicando la ley de emergencias, hay un temor a aplicar la ley de emergencias. Aplicamos los mecanismos ordinarios, pero no aplicamos los mecanismos extraordinarios por los cuales se decreta la emergencia y para eso se hizo una ley en el año 2012", reclamó el mandatario.Y advirtió, además que: "Llevamos 11 años, eso tiene unas razones que algún día analizaremos, hay intereses que lo impiden dentro y fuera del Gobierno. Yo voy a coger este tema personalmente porque la verdad: me aburrí, me da pena andar de sitio en sitio con personas muy sacrificadas y volver y nada y volver y nada. Tenemos que reubicar y la gente tiene que vivir mejor que como estaba antes, entonces este es un tema que está pendiente, aquí no podemos dar una victoria”.La dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo será asumida, en calidad de encargado, por el actual alto consejero para las Regiones, Luis Fernando Velasco, quien tendrá una doble responsabilidad.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava, reveló este viernes que mediante la resolución 265 del 16 de marzo de 2023, se declararon áreas de utilidad pública e interés social en los municipios de Rosas, Timbío, Sotará, Patía, Mercaderes y Sucre del departamento del Cauca.El propósito es reubicar a las 222 familias que resultaron damnificadas en el municipio Rosas, Cauca, tras el deslizamiento del 9 de enero de este año, mediante la disposición de cuatro predios que suman en total 1.430 hectáreas.El funcionario destacó que esta es la primera vez que en el país se da aplicación a los artículos 74, 75 y 76 de la Ley 1523 de 2012, por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a los que se ha referido el presidente Gustavo Petro.En diálogo con Blu Radio, Pava explicó el alcance de la resolución y es que se iniciará un proceso de negociación exprés para tener los predios, pero si no se logra un acuerdo, en un período de 15 días serían expropiados.“Estamos aplicando la Ley 1523, artículos que no se habían utilizado anteriormente que permiten disponer de predios en 15 días, bien sea por negociación directa o por expropiación. Una vez que inicia este proceso, tanto el propietario como la entidad estamos obligados a resolver el tema de los predios para darle una solución a las familias damnificadas en Rosas que lo perdieron todo”, señala Pava.Señaló, agregó que, los procesos de reasentamiento que se han realizado en el país demoran hasta seis años y aseguró que eso “no es aceptable para familias que pierden todo en una tragedia y que tengan que esperar esa situación. Esta medida es para resolverles en el menor tiempo posible, el presidente ha sido enfático en varias ocasiones que demos aplicación a la ley”.Pava advirtió que se intentaron hacer las negociaciones directas, pero que no se han logrado los resultados.“Existían varios procesos que hemos adelantado buscando tierras y buscando negociación directa, pero viendo que no encontramos esos caminos expeditos, entonces el camino más claro es este procedimiento”, indicó.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
Dos frentes de trabajo se pondrán en marcha en La Mojana para acabar con las filtraciones del río Cauca, en especial en el sector de 'Caregato'. Después de la polémica que enfrentó al director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Javier Pava, con los gobernadores de Sucre, Bolívar y Córdoba, este jueves, 9 de marzo, salió ‘humo blanco’ de la sesión descentralizada que convocó el Congreso y entre todos acordaron qué obras se van a realizar y quiénes las van a asumir.El director Pava insiste en que su tarea es “generar soluciones definitivas y no una provisional” a los problemas de inundación en La Mojana, así que el Gobierno nacional seguirá trabajando, ahora con máquinas más grandes, en la ampliación del Canal de la Esperanza para que las corrientes más fuertes del río Cauca circulen por allí y no arremetan por 'Caregato'.Mientras, la comunidad con sus propios recursos y la ayuda de las gobernaciones de Bolívar, Córdoba y Sucre se encargará de cerrar de una vez por todas el boquete de 'Caregato'."En ningún momento estoy en la terquedad de no cerrar 'Caregato'. Nosotros sí queremos que se cierre 'Caregato', la pregunta era cómo hacerlo. Nosotros vamos a hacerlo por el Canal de la Esperanza y el gobernador tiene una propuesta con unos recursos propios y es bienvenida", dijo el director Pava."Mientras nosotros avanzamos en el canal, él (gobernador de Sucre) le mete al cierre de 'Caregato' y es perfecto, sumamos todos", agregó.A su turno, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, insistió en que se escuche a la comunidad para cada obra que se ejecute."La experiencia que me ha dejado este tema de La Mojana es que la comunidad siempre termina teniendo la razón, entonces hagámosle caso a la gente, contratemos las máquinas que ellos dicen que sirve para eso y con el método que dicen que funciona, porque son ellos los que padecen, los que están debajo de la gotera", expresó el mandatario.Sobre la reubicación de las comunidades, Pava aclaró que no va a sacar a toda la gente de La Mojana, sino que después de los trabajos se revisará cuáles familias siguen en riesgo de inundaciones para asentarlas en otras zonas seguras.Le puede interesar: 'Noticias del día'
Con una citación directa a funcionarios del alto gobierno, campesinos, agricultores y los gobernadores de Sucre, Córdoba y Bolívar, desde las 10:00 de la mañana se viene desarrollando una sesión descentralizada por la Comisión de Ordenamiento Territorial del Congreso de La República para revisar los presuntos incumplimientos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, UNDGR, respecto a la atención de la emergencia en La Mojana.Arnulfo Betancourt, miembro del colectivo ‘Pacto por La Mojana’, señaló que se mantendrán firmes en su exigencia de cerrar el boquete de Caregato, además de pedir trabajos de adecuación en el canal de La Esperanza y la habilitación de créditos blandos a través de un ‘Plan Especial para La Mojana’ que lidere el Banco Agrario, cuya iniciativa se propondrá a la ministra de Agricultura, Cecilia López. Aseguró, además, que no están dispuestos a aceptar "migajas", pues no son limosneros, son damnificados que viven una tragedia humanitaria. "No estamos dispuestos a seguir recibiendo limosnas, queremos soluciones de fondo para mitigar el impacto que las lluvias tienen sobre nuestra región sumergida en el agua desde agosto del año 2021. No queremos pañitos de agua tibia, queremos que cierren los 2 kilómetros de boquete que abrió el río Cauca", alegó Betancourt. Asimismo, también sostuvo lo siguiente:"Es importante que nuestros campesinos cuenten con nuevos créditos para volver a trabajar sus tierras, ya que las inundaciones acabaron la productividad de nuestra región, desplazó el ganado y no contamos con sustentos económicos para comprar los insumos y volver a producir. Es por ello que pedimos la habilitación de estos créditos con tasas de interés muy bajas y a largo plazo". Otra de las solicitudes tiene que ver directamente con las ollas comunitarias para seguir brindando alimentación a los damnificados en municipios como Majagual, Sucre, donde habitan más de 20 comunidades que aún siguen bajo agua, según indicó Pedro Ramos."En Majagual, Sucre, tenemos de 16 a 20 comunidades que aún están esperando las ollas comunitarias que prometió el Gobierno Nacional. Queremos que nos cumplan porque la gente también se está muriendo de hambre, solo contamos con nueve ollas desde que el presidente Gustavo Petro, hace más de cuatro meses, se comprometió a realizarlas", contó."Hemos convertido a la COT en una Comisión más de territorio que de Capitolio y venimos recorriendo el país haciendo control político a los temas que afectan a las regiones y una de esas situaciones que nos preocupa es el drama social y económico que padecen los más de 500.000 damnificados que han dejado estos dos años de inundaciones en La Mojana", sostuvo Marcos Daniel Pineda García, presidente de la Comisión del Ordenamiento Territorial del Senado de la República.Le puede interesar este contenido:
El Gobierno nacional en compañía de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) expidió, a finales de enero, la resolución que definió el proyecto de ‘Canasta Popular’, con la cual se espera entregar alimentos y productos a las personas damnificadas por el fenómeno La Niña y los campesinos con problemas con sus cultivos en la zona de Rosas, Cauca.De acuerdo con la Resolución 0100 del 27 d enero de 2023, la iniciativa del Gobierno nacional nació después del gigantesco derrumbe que se presentó en Rosa, Cauca, en especial en la Vía Panamericana, que dejó incomunicado el suroccidente del país el pasado 9 de enero. Las compras comenzaron debido a las 8.000 toneladas de alimentos que varios productores tenían represadas y se estaban perdiendo."Dentro de lo que correspondió a la compra de cosechas que estaba prevista para comprar 1.100 toneladas, en este momento, anunciamos que hemos llegado al 89 % de la compra de las cosechas represadas", informó, Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo.¿Cuáles son los tipos de compra que está realizando el Gobierno nacional?La directa a los productores afectados.La conformación integral de un mercado mensual de alimentos que se entregan directamente a los hogares damnificados.La entrega de alimentos a través de un bono canjeable, el cual podrá hacerse efectivo en un mercado campesino.“La ‘Canasta Popular’ que se está implementando en Nariño incluye la compra de los cinco productos que están en sobreproducción o represados en esta región. Estos alimentos se los entregamos a las familias afectadas y vamos a establecer otras formas de ayuda como los mercados campesinos y la entrega de bonos”, puntualizó Pava Sánchez.Le puede interesar: 'El Camerino'
De nuevo el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, lanzó “un grito por La Mojana” para que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) “deje las evasivas respecto a la problemática” de inundaciones que afecta a esta subregión.El mandatario criticó que del Gobierno solo se escuchan “promesas de traslados de familia, de mercados o de ollas comunitarias que no se cumplen, y de maquinaria que va a llegar y no llega”. No obstante, añadió, lo peor es la decisión de no cerrar el boquete por donde se sigue filtrando el agua en 'Caregato'."Las máquinas que se dispusieron son insuficientes y de remate hoy el señor de Gestión del Riesgo (Javier Pava) anuncia que no va a cerrar 'Caregato'. Eso es inaceptable para nosotros", dijo Espinosa."Eso es porque el señor de Gestión del Riesgo no vive allá dentro del agua como está la gente nuestra en La Mojana, porque no ha perdido sus cultivos. Rechazamos esa declaración. Él tiene que cumplirle a la región", agregó.El mandatario sucreño afirmó que ha convocado a sus colegas de Córdoba y Bolívar para que juntos busquen una solución."Si no lo va a resolver la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es la que tiene la competencia, nos va tocar entrar a los gobiernos locales a resolverlo, pero hay que cerrar 'Caregato', porque la gente nuestra no puede vivir toda la vida debajo del agua", dijo.Por su parte, el director Pava espera que en un mes aproximadamente, con los trabajos que se están ejecutando actualmente La Mojana, se alcance a redireccionar un 80% del cauce original del río Cauca por el Canal de la Esperanza.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El Juzgado 804 Transitorio de Familia de Bogotá concedió una acción de tutela y ordenó al presidente Abelardo De La Espriella abstenerse, en ejercicio de sus funciones, de participar en actos religiosos que impliquen adhesión o identificación del Estado con una confesión determinada.La decisión fue adoptada al resolver una tutela presentada por el ciudadano Julio Jair Mizger Díaz, quien alegó la vulneración de sus derechos a la libertad de conciencia, la libertad de cultos y el principio de laicidad del Estado.El caso se originó por los hechos ocurridos el 29 de agosto en la Plaza de Bolívar, durante la denominada “Gran velatón por las víctimas del terremoto”, convocada por el Gobierno Nacional para recaudar ayudas tras el sismo del 10 de agosto. Según el accionante, durante el evento se realizaron actos propios de la religión católica que excluyeron a otras confesiones y a personas no creyentes.En la tutela se afirmó que el presidente participó en la “coronación de una estatua de la Virgen de Fátima” y que, además, habría entregado la Nación a Cristo. El ciudadano sostuvo que el evento fue convocado y difundido a través de canales oficiales del Estado, lo que le otorgó un carácter institucional.El juez estudió ambos aspectos por separado. Tras revisar el material audiovisual, concluyó que la participación del mandatario en la imposición de una corona a la imagen religiosa excedió los límites de neutralidad que exige la Constitución a las autoridades públicas.En el fallo se señala que “el principio de neutralidad religiosa exige que las autoridades públicas se abstengan de identificarse o realizar actos oficiales de adhesión, incluso simbólicos, a una determinada religión o confesión”. El juez agregó que, aunque el evento tenía una finalidad pública relacionada con la solidaridad hacia las víctimas del terremoto, “la actuación específica del señor Presidente desbordó dicha finalidad”.La decisión también precisa que el mandatario no actuó en una esfera estrictamente personal, sino en su calidad de jefe de Estado y durante un evento oficial. Por ello, el juzgado consideró que la participación presidencial proyectó una adhesión simbólica del Estado a una confesión religiosa determinada.En contraste, el despacho concluyó que no se acreditó que el presidente hubiera pronunciado la frase sobre la entrega de la Nación a Cristo. Al revisar el video, determinó que esa expresión fue realizada por otra persona y no podía ser atribuida al mandatario.El juez negó otras solicitudes del accionante, entre ellas una reparación simbólica mediante una declaración pública y el envío de copias a la Procuraduría para una eventual investigación disciplinaria.La providencia es de primera instancia y puede ser impugnada.
Un joven sobrevivió a una fuerte descarga eléctrica cuando, presuntamente, intentaba hurtar cables en el sector del retorno de Viveros, en la vía hacia el retén, en Barrancabermeja. El hombre quedó atrapado entre una maraña de cables, con quemaduras visibles en diferentes partes del cuerpo y una posible fractura en una de sus piernas.De acuerdo con versiones conocidas en el lugar, dos personas habrían subido a un poste para intentar apoderarse de varios cables. Sin embargo, tras producirse la primera descarga eléctrica, una de ellas habría logrado escapar, mientras que su compañero quedó atrapado entre los conductores.El joven permaneció durante varios minutos en el lugar, expuesto a las consecuencias de la descarga y con lesiones de consideración. La gravedad de las posibles afectaciones internas deberá ser determinada por los profesionales de la salud.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja acudieron al sitio y, mediante el uso de una escalera, lograron llegar hasta el hombre, liberarlo de los cables y descenderlo en una camilla.Posteriormente, fue trasladado al Hospital Regional del Magdalena Medio, donde quedó bajo atención médica para establecer la gravedad de las quemaduras y determinar si presenta lesiones internas como consecuencia de la descarga eléctrica.Por ahora, se presume que el incidente involucró una línea de media tensión. Sin embargo, las autoridades y la Electrificadora de Santander responsable del servicio deberán establecer la magnitud exacta de la energía involucrada y las circunstancias en las que se produjo el accidente.El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos de manipular redes eléctricas sin las condiciones de seguridad necesarias, especialmente cuando se trata de infraestructura de media tensión en Santander.
Más de 100 kilos de material explosivo fueron encontrados en las últimas horas en zona rural de Charta, Santander, en medio de las operaciones que adelantan las autoridades contra estructuras armadas ilegales en el departamento.El hallazgo fue informado por el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, quien explicó que tropas de la Quinta Brigada del Ejército localizaron el material y adelantan el procedimiento de incautación, además de las investigaciones para establecer su procedencia y posible uso.De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, los explosivos pertenecerían, al parecer, a una estructura del ELN que tiene presencia en la región.“Ante la ofensiva contra las estructuras criminales ubicaron unos explosivos que están en proceso de incautación en este momento y haciendo ese respectivo proceso de investigación”, explicó Hernández.El funcionario señaló que en el procedimiento participan diferentes componentes de las autoridades y que se realizará el respectivo acompañamiento institucional mientras avanzan las investigaciones.Este nuevo operativo ocurre pocas semanas después de otro importante hallazgo registrado en Charta. El pasado 3 de septiembre, tropas de la Quinta Brigada, en coordinación con la Policía y con apoyo del FBI, localizaron un depósito ilegal en la vereda Ovejera, donde fueron encontrados 250 kilos de explosivo R1.Según las autoridades, ese material pertenecía al Frente de Guerra Nororiental del ELN y estaba oculto cerca de una institución educativa. Por el riesgo que representaba para la comunidad, los explosivos fueron destruidos de manera controlada.En ese momento, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, señaló que con la operación se evitó que el material pudiera ser utilizado contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura estratégica. También indicó que los explosivos podrían haber sido destinados a actividades relacionadas con minería ilegal.Con el nuevo hallazgo, las autoridades mantienen las operaciones en esta zona del departamento.
En una camilla, con el rostro desencajado, Maricarmen se despide de su hogar. Esta madrileña de 87 años desahuciada el miércoles se ha convertido en símbolo de la crisis del encarecimiento de la vivienda en España.Después de varios años de lucha judicial, esta jubilada perdió la batalla frente a la agencia inmobiliaria que compró el piso que ella ocupaba desde hacía 70 años en el acomodado barrio del Retiro y le subió el alquiler un 275%, hasta los 2.650 euros mensuales.Maricarmen, que se desplaza en silla de ruedas por problemas de movilidad, se vio obligada a abandonar su vivienda, lo que provocó una ola de indignación a nivel nacional."¡Maricarmen, no estás sola!", coreaban decenas de manifestantes congregados frente a su domicilio mientras la octogenaria era llevada a una ambulancia.Explosión de los preciosSu caso ilustra la crisis de la vivienda en España, donde los precios se han disparado y la oferta se ha reducido, en parte por los alquileres turísticos de corta duración, como Airbnb, y los fondos "buitre".En diez años, el precio medio del metro cuadrado en alquiler en el país casi se ha duplicado, alcanzando los 15,1 euros/m² en agosto, según el portal inmobiliario Idealista. Para la compra el precio ronda los 2.355 euros, es decir un 50% más en una década, según cifras oficiales.Madrid encabezó en 2025 y 2026 la clasificación mundial de la red Barnes sobre las ciudades más cotizadas para el sector inmobiliario de lujo. El número de viviendas sociales es tan reducido que algunas se adjudican por sorteo."En Madrid y Barcelona ya casi no quedan pisos por menos de 700 €/mes. El mercado de alquiler empieza en cerca de 1.000 €/mes, lo que precisa de unos ingresos de al menos 2.000 €/mes netos y un importante ahorro para afrontar varios meses de fianza", denuncia la organización de consumidores OCU en un estudio publicado este miércoles."Es muy indignante, ¿no?" Los españoles, sobre todo los jóvenes, están sobrepasados y acusan al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y a las autoridades de la Comunidad de Madrid, gobernada por la derecha (Partido Popular, PP).En España, un país muy descentralizado, las autoridades regionales tienen competencia en materia de política de vivienda a nivel local, lo que alimenta las críticas a la oposición conservadora."Creo que es muy indignante, ¿no?", afirmó Pedro Sánchez en rueda de prensa en Nueva York antes de su discurso en la Asamblea General de la ONU."Ver a responsables políticos que (...) con dinero público se permiten el lujo de comprarse áticos con 200 metros de terraza y sin embargo no son capaces de mover un dedo por personas que necesitan de la ayuda de lo público", añadió, apuntando a la presidenta conservadora de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.La izquierda acusa a Ayuso desde hace meses de haber comprado, con fondos públicos, un lujoso ático en el centro de la capital para su uso personal. Ella lo niega.El miércoles por la noche miles de personas se manifestaron simbólicamente bajo las ventanas de la vivienda de Maricarmen, pero también en Barcelona y Oviedo.El jueves, Díaz Ayuso contraatacó recalcando que el desahucio fue "por orden judicial" y acusó al gobierno central de no haber cambiado la ley en los ocho años que lleva en el poder.Gobierno y oposición en ascuas"En un contexto de inflación, de pérdida de poder adquisitivo (...) esta situación no ayuda a ninguno de los partidos", estima Guillermo Fernández Vázquez, profesor en la universidad Carlos III de Madrid."Al PP le viene muy mal (...) que se siga hablando del ático de Ayuso y, además, que se siga hablando con indignación" y al gobierno también "va a pasarle factura" porque "revelan una impotencia enorme", añade.A pocos meses de las elecciones legislativas, Pedro Sánchez prometió presentar de urgencia un nuevo texto en el Parlamento.Pero sin mayoría y debilitado por múltiples casos judiciales, el jefe del gobierno sigue bajo la presión de la oposición y de sus aliados, como el partido de izquierda radical Sumar, que llama a congelar los alquileres.
La policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), halló el cadáver de un hombre de 75 años en su casa, donde una mujer y su hija, familiares del fallecido, habían convivido con el cuerpo durante años.Fuentes de los 'Mossos' informaron este jueves a EFE que ayer fueron avisados por los vecinos de la urbanización Can Formiga de Cabrera, en el municipio barcelonés de Cabrera d'Anoia, en la que se encuentra ubicada la casa, de que hacía tiempo que no veían a las personas que vivían en ella, de las que no tenían noticias hacía años, y de que en torno a la vivienda se había acumulado suciedad.Agentes de la policía catalana se personaron en la casa, en la que encontraron a una madre y a la hija, mayor de edad, que no habían salido de la vivienda, como mínimo, desde la pandemia de covid, así como el cadáver de un hombre, propietario del inmueble y familiar de ambas.Las citadas fuentes indicaron que, en la inspección del cuerpo y del lugar no se observaron indicios de que el hombre hubiese muerto de forma violenta, por lo que apuntan a un fallecimiento por causas naturales.Las mismas fuentes precisaron que ayer miércoles se procedió al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al instituto de medicina legal en Barcelona.La autopsia del cuerpo, explicaron estas fuentes, permitirá conocer la fecha aproximada del fallecimiento del hombre, que se produjo hace años dado el estado en el que se encontraba el cadáver, así como la causa de la muerte.A partir de este dato, además, se podrá determinar el número mínimo de años en los que madre e hija han convivido en la misma casa con el cadáver.Las dos mujeres, que no están detenidas, están siendo atendidas por los servicios sociales y sanitarios.