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El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, afirmó que resulta inquietante que del total del presupuesto asignado al sector de defensa y seguridad, solo el 4.6 % se haya destinado a inversión, lo cual, según dijo, restringe la capacidad del sector para modernizarse.
Uno de los hallazgos irregulares tiene que ver con el contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17 del Ejército, por el cual se podrían perder 13,5 millones de dólares debido al incumplimiento del acuerdo firmado en 2024.
“Este tipo de hallazgos nos permiten identificar eventuales pérdidas de recursos públicos que conducen a la afectación en la distribución del presupuesto indispensable de esta área”, señaló.
Otro de los hallazgos corresponde al Hospital de Rehabilitación Funcional BASAM, una obra que, tras ocho años de ejecución y una inversión superior a 34.000 millones de pesos, continúa sin ser concluida. El organismo determinó un daño patrimonial de más de 27.000 millones de pesos en este proyecto.
También hay bajos avances en la construcción de estaciones de Policía financiadas por el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia (Fonsecom). En Montelíbano, Córdoba, el avance es de 35 %; en Alto Baudó, Chocó, el avance es de 11 %; en Livornia, Antioquia, del 15 %, y Carmen de Viboral no tiene avance significativo.
Otro de los casos identificados por la Contraloría, la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL); entregó 14 predios valorados en más de 540.000 millones de pesos a cambio de un edificio en Bogotá que, cinco años después, aún no ha sido recibido. El proceso avanza en etapa de responsabilidad fiscal y bajo medidas de embargo.
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Además, la Contraloría alertó sobre el hallazgo de municiones y explosivos vencidos por mala administración, con inventarios que superan los 9.500 millones de pesos sin control adecuado, lo que “representa un riesgo directo para la seguridad del personal militar y para la capacidad operativa de la Fuerza.”
El contralor reiteró que el país necesita una renovación profunda en su política de defensa, basada en ciencia, tecnología e innovación: “Nuestro país necesita con urgencia una transformación profunda de la estrategia de defensa y seguridad que posicione sobre todo al componente de ciencia y tecnología y a la innovación, como herramientas fundamentales para garantizar la soberanía y la protección de la ciudadanía que promueva un desarrollo económico sostenible”.
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