Una nueva controversia entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se desató a raíz de una interpretación errónea del fallo del Consejo de Estado sobre el proyecto de resolución que fija los lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá.
El presidente publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que la medida cautelar impuesta por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra dicho proyecto había sido “revocada”. Minutos después, el alcalde Galán aclaró públicamente que la decisión del Consejo de Estado no tumbó la medida cautelar, sino que la modificó, obligando al Ministerio de Ambiente a cumplir con un paso previo de articulación interinstitucional.
¿Qué resolvió realmente el Consejo de Estado?
La Sección Primera del Consejo de Estado modificó la medida cautelar decretada en marzo por el Tribunal, que había suspendido el trámite del proyecto normativo del Ministerio de Ambiente. Aunque no revocó completamente la medida, sí la ajustó: en lugar de suspender el proyecto, ordena que se discuta previamente en el seno del Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá (CECH), tal como lo exige la sentencia de 2014 sobre la descontaminación del río Bogotá.
El Ministerio, en su rol de Secretaría Técnica del CECH, deberá convocar formalmente a una reunión para socializar y debatir los impactos del proyecto antes de que este pueda continuar su trámite.
¿Por qué es importante?
El Consejo de Estado estableció que el proyecto del Ministerio sí afecta directamente la cuenca del río Bogotá, por lo que no puede avanzar de forma unilateral ni ignorando las instancias creadas por fallo judicial. La no convocatoria al CECH representa una omisión grave, que amenaza los derechos colectivos protegidos desde 2014, como el derecho a un ambiente sano y la salubridad pública.
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