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La violencia armada persiste en Colombia a pesar de avances en la implementación del acuerdo de paz sellado hace cinco años, advirtió el miércoles un informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA), llamando a la guerrilla del ELN a dar señales de paz.
El último reporte de la Misión de la OEA en Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA) identifica "graves impactos" sobre la población civil en muchas zonas del país, varias fronterizas con Venezuela y Ecuador.
El informe reporta homicidios de activistas y líderes comunitarios, desplazamientos forzados, confinamientos, extorsiones, contaminación con minas antipersonales y reclutamiento de menores, especialmente indígenas y migrantes.
Aunque el Estado colombiano acordó en 2016 el fin del conflicto con las ahora disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), grupos armados ilegales como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidentes de las Farc y bandas narcotraficantes siguen disputándose el control territorial.
El ELN y los grupos residuales de las Farc "son los de mayor actividad bélica", indica la MAPP/OEA.
Más allá de que su objetivo parece ser maximizar sus ganancias de economías legales e ilegales, en gran parte "intentan sostener una plataforma político-ideológica con la que buscan legitimar su existencia y accionar", agrega el reporte.
También señala la "alta actividad armada" de bandas narcotraficantes, como el Clan del Golfo, aunque destaca la detención de su máximo jefe, Dairo Antonio Úsuga alias "Otoniel", extraditado a Estados Unidos en mayo.
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El informe, que repasa el segundo semestre de 2021, subraya "preocupación" por lo considera una "justicia de facto" ejercida por estos grupos armados ilegales, que "entorpecen" la labor de la justicia formal.
Aunque aplaude la puesta en marcha por parte del gobierno de Iván Duque del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, la MAPP/OEA nota dificultades en la implementación, con "casos de estafas" y "débil gestión" de entes territoriales.
Aparte, resalta que la población migrante "sigue siendo víctima de agresiones físicas, homicidios, desapariciones y expulsiones" por parte los grupos armados ilegales.
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"Paz completa"
A cuatro días de las elecciones de segunda vuelta presidenciales en, las que en el que se medirán Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, la MAPP/OEA convoca a seguir avanzando hacia la "paz completa" tras seis décadas de conflicto armado.
"Es necesario que la guerrilla del ELN dé señales claras y concretas de sus intenciones de paz", enfatiza el informe, pidiendo la liberación de todos los secuestrados, y el cese de los raptos, las afectaciones a la población civil y los atentados contra la infraestructura que producen "enormes" impactos ambientales.
Además, el reporte llama a mantener abiertas las vías de diálogo que permitan eventualmente "retomar las conversaciones de paz" con esa guerrilla, alzada en armas desde 1964.
"El pueblo colombiano se merece una paz completa", dijo Roberto Menéndez, jefe de la MAPP/OEA, al presentar el informe ante el Consejo Permanente de la OEA.
Duque, que dejará la Presidencia en agosto tras cuatro años en el poder, rompió los diálogos con el ELN en 2019, luego de un atentado en una academia policial que dejó 22 cadetes muertos, además del agresor.
Las conversaciones habían sido iniciadas por el antecesor de Duque, el Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, quien el 24 de noviembre de 2016 firmó la paz con las Farc, principal guerrilla del país.
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La MAPP/OEA apreció por otra parte lo que describió como "logros institucionales" en la implementación de programas de desarrollo territorial y sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), desminado humanitario y prevención del reclutamiento.
También reconoció hechos de "gran relevancia en términos democráticos", como la reactivación del proceso de elección de 16 curules de paz para el Congreso nacional.
Además, valoró el trabajo de la Comisión de la Verdad para el acceso de las víctimas del conflicto armado a justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
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El mandato de la MAPP/OEA, creada en 2004 para monitorear y acompañar la implementación de la paz en Colombia, fue renovado en octubre pasado por Duque hasta 2025.
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