La presencia de grupos armados ilegales en Colombia creció más de un 165 % en apenas seis años, al pasar de 195 municipios en 2019 a 518 en 2025. Por esta razón y otros datos que evidencian el deterioro del panorama de seguridad, la Contraloría General de la República lanzó una alerta sobre la necesidad urgente de aumentar la inversión en ciencia, tecnología e innovación para enfrentar amenazas cada vez más complejas.
La advertencia fue presentada durante la divulgación de un estudio sobre la implementación de la política de Ciencia, Tecnología e Innovación en el sector Defensa y Seguridad, en el que el organismo de control concluye que el país debe acelerar el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas para mejorar la protección del territorio y de los ciudadanos.
El informe señala que los grupos armados ilegales no solo ampliaron su presencia territorial, sino que también fortalecieron su estructura. De acuerdo con los hallazgos, estas organizaciones incorporaron cerca de 5.000 integrantes en un solo año, alcanzando aproximadamente 27.000 miembros, lo que refleja una creciente capacidad de adaptación y expansión.
Según los resultados, entre 2019 y 2025, los combates entre la Fuerza Pública y estas estructuras aumentaron un 111 por ciento, llegando a 228 confrontaciones durante el último año, la cifra más alta registrada en la última década.
Ante este panorama, la Contraloría destacó que el Gobieno ha comenzado a fortalecer algunas capacidades estratégicas. En 2024 se destinaron 136.200 millones de pesos para la adquisición de sistemas antidrones y para 2025 están programados cerca de 300.000 millones de pesos adicionales para reforzar esta tecnología, considerada clave frente a las nuevas amenazas.
Sin embargo, el organismo de control advirtió que persisten importantes rezagos en materia de investigación e innovación. Actualmente Colombia invierte apenas el 0,2 por ciento de su Producto Interno Bruto en actividades de ciencia, tecnología e innovación, una cifra muy inferior al promedio de los países de la OCDE, que alcanza el 2,5 por ciento.
Según el estudio, la evolución de los riesgos en seguridad exige respuestas sustentadas en inteligencia, desarrollo tecnológico e innovación permanente. La entidad considera que la capacidad de anticipar amenazas será determinante para fortalecer la soberanía tecnológica, reducir brechas y mejorar la capacidad operativa del Estado.
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Finalmente, la Contraloría hizo un llamado a consolidar una política de Estado de largo plazo que garantice recursos sostenidos para el desarrollo científico y tecnológico del sector Defensa y Seguridad.
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