Ordenan cobrarles a policías implicados en condenas millonarias contra la Nación

BLU Radio conoció en exclusiva un fallo del Consejo de Estado que le ordenó a la Policía Nacional iniciar las acciones para cobrarles a los agentes de la institución que tuvieron responsabilidades en condenas contra la Nación por cuenta de las fallas en el servicio.El alto tribunal encontró una serie de irregularidades en los procesos para el cumplimiento de las acciones de repetición que se han generado contra los integrantes de la Policía por condenas por más de 690 mil millones de pesos en los últimos 12 años.El fallo también le dio plazo de 3 meses al director de la Policía Nacional, para que haga uso de los instrumentos jurídicos y administrativos para individualizar estos cobros porque existe un detrimento patrimonial por cuenta de omisiones del Comité de Conciliaciones de la Policía Nacional.“Para la Sala es claro que la información entregada por la Policía Nacional está lejos de demostrar una actuación eficiente de la entidad en relación con el estudio de la procedencia o no de las acciones de repetición”, señala el documento.Vea también: "Hueco de $25 billones en presupuesto 2019 afectaría defensa, salud y educaciónLa decisión fue adoptada tras una Acción Popular en la que se relaciona que las acciones de la Policía han sido ineficaces para recuperar dineros del erario público por cuenta de las condenas que se han dado en contra de la institución y que en varios casos existen responsabilidades individuales de los uniformados.“Sí resulta relevante que de $690.921´680.111 pagados por la Policía Nacional entre los años 2000 y 2011, solo se haya dispuesto iniciar 20 acciones de repetición cuyas pretensiones ascienden a $2.987`258.428, esto es al 0,43% del total de las indemnizaciones pagadas”.En el documento de 46 páginas, el Consejo de Estado hace una serie de consideraciones que deja en evidencia los incumplimientos por parte de la Policía para iniciar los procesos contra quienes estuvieron involucrados.Se mencionan fallas en el servicio que debieron ser individualizadas como ejecuciones extrajudiciales de 11 jóvenes a manos de la Policía Nacional y la denominada toma guerrillera de la Base Militar de Miraflores en donde “murieron 42 policías y 73 más fueron secuestrados en los hechos”.El Consejo de Estado pidió vigilancia a esta sentencia a la Procuraduría y Contraloría General para que determine también acciones fiscales y disciplinarias contra funcionarios que pudieron ser responsables en estos hechos.