Este lunes es el día definitivo para la aprobación de la JEP en el Senado

Este lunes el Senado retomará la discusión de la Justicia Especial para la Paz, iniciativa que es considerada por varios políticos como la columna vertebral de los acuerdos entre el Gobierno y las Farc en La Habana. Cabe mencionar que el presidente Santos pidió a los congresistas que aprueben "lo más pronto posible" el sistema integral de justicia previsto en el pacto con las Farc, firmado en noviembre de 2016 tras cuatro años de negociaciones en Cuba. Santos ha considerado esta reforma como "la más importante" y la "columna vertebral" del acuerdo de paz, pues considera que brinda la "seguridad jurídica necesaria" para la terminación de la conflagración interna. Se trata de "un sistema de justicia especial inédito, con el que garantizamos que los responsables de los crímenes más graves sean investigados, juzgados y sancionados por un tribunal", explicó el mandatario. La plenaria del Senado está citada este lunes para continuar con el último debate de la reforma constitucional, que se discute desde enero y ya fue avalada por la Cámara de Representantes. En caso de ser aprobada, la norma pasará a sanción presidencial y a revisión de la Corte Constitucional.La reforma instaura el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que incluye la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ideada para juzgar a guerrilleros, agentes estatales y civiles que hayan cometido delitos "en el contexto y en razón" del conflicto armado. La estructura jurídica en esencia prioriza verdad y reparación a las víctimas sobre las penas de prisión a los victimarios. Según el pacto de paz, quienes confiesen crímenes atroces ante un tribunal especial podrán evitar la cárcel y recibir penas alternativas. Si no lo hacen, y son declarados culpables, serán condenados a penas de ocho a 20 años de prisión. Los guerrilleros señalados de delitos políticos o conexos serán amnistiados, desde que no estén acusados de delitos graves contra los derechos humanos, como secuestro, tortura, desplazamiento forzado, violencia sexual o reclutamiento de menores. Para los miembros de la fuerza pública se aplicará la renuncia de la persecución penal, en caso de que no estén acusados de delitos contra el DIH.