La JEP decidió consultar los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto DAS, que tienen relación con el caso de la toma y retoma del Palacio de Justicia, hechos que se registraron entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Lo anterior, después de evaluar una solicitud de los familiares de los desaparecidos en la cual se pedía que las víctimas pudieran tener acceso a dichos archivos.
En esta decisión, también se tuvo en cuenta una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se determinó que el Estado colombiano era responsable por la violación de las garantías judiciales y la protección judicial en algunos casos de desapariciones.
"En lo que atañe al caso concreto, la sala observa que el 14 de noviembre de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Corte IDH) dictó sentencia dentro del caso 'Rodríguez Vera y otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia', declarando al Estado colombiano como responsable por graves violaciones a los derechos humanos que fueron cometidas durante la toma y la retoma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985", señaló la JEP en ese momento.
Sin embargo, por diferentes medios, las víctimas y algunas organizaciones han manifestado su preocupación, pues aseguran que hay restricciones y limitaciones para acceder a la información, es por esto que la JEP señala que se podrían estar vulnerando los derechos de las víctimas y por eso ordena que se garantice el acceso a los documentos.
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"Ordenar a la Dirección Nacional de Inteligencia y al Archivo General de la Nación que procedan a dar trámite favorable a la actual solicitud y a las solicitudes futuras de consulta y acceso a los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, relacionadas con la Sentencia del 14 de noviembre de 2014 en el caso ‘Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs. Colombia’, para lo cual se deberá dar cumplimiento estricto a los protocolos de seguridad necesarios para las actividades de acceso y consulta de la información vigentes", explicó la JEP.
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