Se presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU el informe trimestral sobre los avances que ha tenido la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc.
Allí, Álvaro Leyva aseguró que la JEP se está "descarrilando", pues, según el canciller, se limitó el acceso a la verdad al no recibir paramilitares en esta jurisdicción.
"La institución modelo para el mundo entero, aquella diseñada para hacer justicia tras décadas de horrible conflicto interno, más concretamente la Jurisdicción Especial para la Paz, se está descarrilando de lo plasmado con enorme esfuerzo, al estar dejando de lado normas que deben ser aplicadas con todo rigor a favor de las víctimas teniendo como eje central la verdad, la reparación y la no repetición”, explicó Leyva.
Este viernes, 20 de octubre, el presidente Gustavo Petro envió una carta al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, asegurando que el cumplimiento del acuerdo es una obligación del Estado colombiano y que el gobierno Petro tiene el deseo y la voluntad para implementarlo. Sin embargo, también se refirió a la JEP.
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"La Jurisdicción Especial para la Paz tendrá que tener en cuenta toda la Competencia Personal a ella asignada. Esta no podrá ser limitada ni condicionada. Deberá aplicar la JEP el mandato universal y garantista de la favorabilidad penal", dijo el presidente Petro en la carta.
Tras estos pronunciamientos el presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, emitió un comunicado asegurando que esta jurisdicción ha tomado decisiones con independencia de todos los poderes públicos y que por eso respetar la paz es también respetar las decisiones de la JEP.
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"El hecho de que la JEP haya sido creada en virtud del Acuerdo Final de Paz no les confiere tutoría alguna sobre su gestión a las partes firmantes del mismo. Por lo tanto, al Gobierno y a las extintas Farc-Ep no les está permitido emitir órdenes y orientaciones sobre el sentido de las decisiones de la JEP", explicó Vidal.
En el mismo sentido, explicó que los ciudadanos, las instituciones y los comparecientes ante la JEP, tienen el derecho de responder a cualquier decisión que tome esta jurisdicción y por esto ninguna persona debe hacer "tutorías" sobre las decisiones tomadas.
"Esas opciones siempre han estado abiertas. Esto es muy distinto a que una persona o institución ejerza tutoría sobre las decisiones y el funcionamiento de la Jurisdicción. Respetar el Acuerdo Final de Paz es también respetar la autonomía de la JEP", explicó Vidal.
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